L. R. C.

Con una ceremonia en La Moneda el Presidente Sebastián Piñera promulgó ayer la Pensión Garantizada Universal (PGU), aprobada por el Congreso el miércoles y que promete beneficiar a 2,5 millones de personas de más de 65 años de edad que sean parte del 90% más vulnerable, sin importar si reciben una pensión o siguen trabajando.

El Mandatario informó que los hasta 185 mil pesos adicionales autorizados por la nueva ley comenzarán a pagarse el 18 de febrero a aquellas personas que ya reciben aportes a través del pilar solidario, que se termina.

De acuerdo a los cálculos oficiales, de esta forma lo recibirán entre 1,4 y 1,8 millones de personas.

La ley, sin embargo, ampliará la cobertura también a personas que actualmente no reciben aportes fiscales y que hoy cuentan con pensiones de entre 630 mil y un millón de pesos. Estos obtendrán montos decrecientes de los $185 mil anunciados, y que irán, por ejemplo, desde los $150 mil para quienes hoy perciban $700 mil y que se reducirá progresivamente llegando a 50 mil a los que ganen $900 mil.

Piñera informó que esas 600 mil personas que no serán beneficiados automáticamente con la PGU deberán inscribirse en un registro que dispondrá desde el martes el Instituto de Previsión Social (IPS), que será el que administrará el instrumento.

"De esas 600 mil personas que se incorporan, la inmensa mayoría son mujeres y son de clase media", explicó el mandatario.

Para evaluar que las personas no sean parte del 10% más rico se creará un filtro que no considerará el avalúo de la vivienda principal del beneficiado y sólo incorporará el ingreso individual, no el familiar. Para este grupo la PGU comenzará a pagarse en agosto.

En su discurso Piñera agradeció a los parlamentarios por la celeridad que tuvieron en discutir esta iniciativa propuesta tras la primera vuelta presidencia, y por las mejoras introducidas respecto a la propuesta inicial.

"Esta ley le permitirá a los adultos mayores enfrentar el presente y el futuro con mayor esperanza (...) Les dará mayor tranquilidad", dijo.

El Ministerio de Justicia anunció ayer que a contar del 1 de marzo el precio del pasaporte en Chile bajará de $89.740 a $69.740, una reducción que se determina en medio de un proceso de renovación del proveedor y que no ha estado exenta de polémica por la decisión del Gobierno de no adjudicarle el contrato a una empresa china-alemana que había ganado el concurso, aduciendo razones de seguridad.

"Esta medida es fruto de una negociación con la empresa actual que realiza los pasaportes, a quienes les pedimos una rebaja inmediata en los precios, mientras dure el periodo de implementación de la nueva licitación. De esta manera, logramos una disminución inmediata en el valor de un 22%, que irá en directo beneficio de los miles de chilenos y chilenas que necesitan sacar este documento todos los meses", dijo el ministro Hernán Larraín.

El nuevo precio regirá hasta inicios del 2023, cuando se espera la adjudicación de la nueva compañía.

Durante este año vencen unos 311 mil pasaportes, que se suman a los más de 400 mil de 2021. A este grupo se deberían sumar quienes deban sacarlo para realizar próximos viajes.

El director nacional del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, comentó que la rebaja se suma a lo logrado en 2020, cuando se aumentó la duración del pasaporte de 5 a 10 años.

Por tercer día consecutivo en lo que va de esta semana, ayer nuestro país rompió nuevamente su récord de contagios COVID, esta vez cifrando los nuevos casos en 26.727, el número más alto en toda la pandemia. Con esto, solo en dos días se acumularon más de 50 mil casos. Por otro lado, se lamentó el fallecimiento de 26 personas en las últimas 24 horas.

Puntualmente en la región de Valparaíso se reportaron 2.452 casos nuevos, lo que significa que en la zona hay más de ocho mil casos activos, otra cifra récord.

La provincia de Valparaíso sumó 666 contagios, Marga Marga 323, San Antonio 233, Quillota 153, San Felipe 97, Los Andes 135, Petorca 93 e Isla de Pascua 0.

En cuanto a las camas UCI, a nivel regional se mantienen 33 personas en cuidados intensivos.

Por último, se informó que en la residencia sanitaria de la zona (Hotel O'Higgins) hay 125 camas disponibles de las 277 totales.

Ante el alza sostenida y alarmante de casos COVID-19, el área de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso envió un oficio al Seremi de Salud esta semana solicitando flexibilizar en el protocolo de implementación de test de antígenos y así permitir la colaboración de la atención primaria municipal porteña en la búsqueda de casos activos, todo esto ante la alta demanda por solicitudes de testeos en la comuna.

"Esperamos que esta propuesta tenga una favorable acogida y podamos implementarla a la brevedad posible. Esto no puede esperar. Las largas filas, los extensos tiempos de espera y la molestia y angustia que esto genera, tanto en los porteños como en nuestros funcionarios, se hacen insostenible", explicó Alejandro Escobar, director del área de Salud.

De esta manera se buscará agilizar un proceso que se manifiesta en largas filas y extensos tiempos de espera para los usuarios que necesitan un testeo, y de paso aliviar la sobre exigencia que arrastran los trabajadores de los distintos centros de salud de la ciudad, que en algunas ocasiones han sido blanco de agresiones de personas disgustadas por las esperas.