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Viña: autoridades ya enfrentan el fenómeno de las carpas en las playas

Operativo conjunto permitió el desalojo de personas en situación de calle desde Caleta Abarca. El desafío es mantener el orden público sin descuidar el derecho a la dignidad de personas extranjeras que no tienen donde vivir.
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Matías Valenzuela - La Estrella de Valparaíso

La situación que se vive en las comunas del norte del país, donde numerosas personas en situación de calle, especialmente migrantes, acampan en las playas, es lo que se quiere evitar en la Región de Valparaíso, donde ya se ha visto una proliferación de carpas en distintos puntos, especialmente en Viña del Mar.

De hecho, el pasado 7 de febrero en el borde costero se realizó un operativo conjunto de la Armada, Carabineros y el municipio de Viña para fiscalizar el orden público y dentro de esta jornada se contempló el respeto al Decreto N° 184 de la municipalidad de Viña del Mar, que prohibe la instalación carpas o similares en bienes nacionales de uso público.

En Caleta Abarca se encontraron a varias personas de origen extranjero, sin vivienda, que pernoctaban en carpas en el sector de la playa.

"Se efectuó esta fiscalización en el borde costero, principalmente en el sector de Caleta Abarca, que ha sido un lugar muy regular para la instalación de estos implementos (carpas). Se empadronó a las personas que se encontraban viviendo en estas carpas, como también se efectuaron las citaciones correspondientes al juzgado de policía local", dijo el capitán de puerto, Ricardo Barrios.

En el operativo se identificó a 30 personas que viven en estas carpas, gran parte de ellas de nacionalidad extranjera.

"Hacemos un llamado a la comunidad a respetar la reglamentación vigente, dentro de ella las ordenanzas municipales, y hay que recordar que tanto en la municipalidad de Valparaíso, Viña del Mar y Casablanca, que abarca el sector de Quintay, está prohibido instalar carpas, casas rodantes, sectores de camping en el borde costero", señaló el capitán Barrios.

Protocolo

Lo cierto es que en otros puntos de la Ciudad Jardín, que no están en el borde costero, se pueden ver grupos de carpas que se van acopiando. Desde el municipio viñamarino señalan que "el tema de las carpas en Viña del Mar, si bien no es considerado un delito propiamente tal, es una incivilidad muy importante, principalmente porque se ocupa un bien nacional de uso público, como plazas, borde costero y otros espacios públicos, que están destinados para la comunidad en general. Hemos visto personas pernoctando en espacios que no tienen esos fines y en Viña del Mar existe una ordenanza que hace alusión a la prohibición de acampar y estacionar casas rodantes, porque son lugares que no están habilitados para pernoctar".

Desde la Dirección de Seguridad Pública del municipio sostienen que tienen un protocolo para establecer cómo trabajar con estas personas, considerando el factor social y humanitario.

"El tema es de interés municipal y para abordarlo tenemos un Protocolo de Personas en Situación de calle (PSC), que es fruto de un trabajo mancomunado entre Seguridad Pública, Dideco, Operaciones y Servicios y Coordinación Cívica, en que se aborda cada caso desde distintas perspectivas, porque no es lo mismo personas en situación de calle que tiene algún tipo de necesidades o vulnerabilidad, representada por infraestructura como 'rucos' o carpas; o el perfil de personas que están asociados a turistas, para evitar pagar alojamiento", indicaron.

Asimismo, señalan que "difiere de la situación de migrantes en un contexto de crisis humanitaria. Cada caso requiere modelos de intervención diferentes. Nosotras tenemos identificados los lugares que son de mayor incidencia para la instalación de carpas y están georeferenciados. Para cada nueva denuncia o detección de esta situación por patrulleros de Seguridad Pública, de inmediato se activa el protocolo, derivándolo a Dideco, quienes hacen una visita para recolectar antecedentes, para verificar si la persona necesita ayuda social, alguna orientación o notificar, directamente, que se debe retirar del lugar. Con mucha frecuencia se hacen fiscalizaciones, si procede, y se hacen desalojos junto a Carabineros y Operaciones y Servicios. El protocolo nos ha dado buenos resultados. Se seguirán realizando, así como también operativos con la Armada en las playas, en que no sólo se ven casos de carpas, sino que de consumo de alcohol y drogas y otro tipo de incivilidades".

Reformalizan a autor de fatal atropello en Viña y fijan millonario pago para sustituir la prisión

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Por homicidio fue reformalizado el imputado Luis Parra Guzmán, sindicado como el presunto autor del fatal atropello que el 17 de diciembre le quitó la vida a un ciudadano peruano en Viña del Mar, en medio de una carrera clandestina registrada en el Camino Internacional, donde la víctima fue impactada luego de atravesar el bandejón central de dicho sector.

En primera instancia, Parra había sido imputado por el Ministerio Público por cuasidelito de homicidio. Sin embargo, la calificación jurídica varió luego de "antecedentes policiales de las pericias que se hicieron en relación con la velocidad", dijo en su resolución la magistrada Aída Cecilia Torres.

Tras los nuevos cargos, la Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, quien se mantenía bajo arresto domiciliario total, la que fue concedida. Sin embargo, la jueza desestimó que hubiese un peligro para la seguridad de la sociedad por parte del imputado debido a que este no mantiene antecedentes ni procesos penales pendientes. Por otra parte, sí consideró que existe peligro de fuga "atendida su particular situación penal y sin que ello constituya una condena anticipada, podría cumplir una eventual pena efectiva, lo que podría constituir un claro incentivo a que eluda el actuar de la justicia para no verse perjudicado en tal sentido", resolvió Torres.

Sin perjuicio de lo anterior, la magistrada no dio inmediata orden de ingreso a la cárcel para el imputado y, por el contrario, acogió la solicitud de la defensa de Parra -cuya teoría apunta a que la víctima se disponía a la comisión de un delito cuando fue atropellada- y fijó una caución de diez millones de pesos que el imputado deberá pagar antes del 17 de febrero para sustituir la medida cautelar privativa de libertad.