Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar aprobó aumentar en 90 días la investigación por estafa en perjuicio del Estado que el Ministerio Público lleva en contra de los imputados Claudio Benavides Paredes y Mauricio Rojas Orellana, dueños del hotel Queen Royal, que operaba como residencia sanitaria y que en septiembre del año pasado fueron formalizados.

Junto con ello, el fiscal de la causa, Claudio Rebeco, solicitó al tribunal que autorice la entrada y registro de ambos hoteles ubicados en calle 5 Norte de Viña del Mar para la incautación de una serie de documentos contables que se presume podrían dar luces del ilícito en el que habrían incurrido Benavides y Rojas al intentar obtener un millonario pago de forma fraudulenta en el marco del contrato realizado entre la Sociedad Gran Pacífico Spa y el Estado para que el lugar en cuestión albergue a personas en cuarentena por COVID-19.

En ese sentido, para contextualizar su petición, el fiscal Rebeco expuso que "en resumen el Ministerio Público imputa a Claudio Benavides y Mauricio Rojas, socios de la Sociedad Gran Pacífico Spa, el despliegue de maniobras dolosas encaminadas a obtener el pago de un cheque por $76.077.890.- emitido por Tesorería General de la República (TGR), siendo este pago improcedente por haberse anulado la factura que lo sustentaba mediante una nota de crédito y porque los servicios ya habían sido cancelados mediante otro documento (cheque manual) por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ). A pesar de haberse cursado un pago indebido y habérseles requerido la restitución de esos fondos, los imputados se han negado a ello".

Se negaron

El fiscal Rebeco añadió como antecedente que con fecha 10 de enero instruyó a la PDI para que acuda a las oficinas de la sociedad y requiera de forma voluntaria los registros contables de esa empresa, "en particular libro de venta, facturas y notas de crédito, proveedores, banco, correspondiente al período abril- diciembre de 2020".

Agrega que según el informe policial de la Brigada de Delitos Económicos del 8 de febrero pasado, la policía ejecutó la orden contactando a Benavides "quien se negó a entregar la documentación requerida, firmando el acta respectiva en la que consta la oposición a la entrega".

"La diligencia resulta pertinente y necesaria, pues los hechos materia de la investigación discurren sobre conductas vinculadas a la emisión de facturas y notas de crédito y en particular sobre el comportamiento comercial de la sociedad manejada por los imputados, que como ya se ha dicho se han negado a colaborar con el esclarecimiento de los hechos", precisa.

"Por otro lado los libros contables pudieran dar cuenta de una eventual situación de insolvencia o falta de liquidez, que pudiera explicar el contexto del ilícito cometido", expuso el persecutor en su solicitud respecto de la cual no figura información pública sobre su aprobación o rechazo.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del pascuense David Mauricio Paté Lillo. El recurso buscaba anular la sentencia de presidio perpetuo en contra de Paté, en calidad de autor del delito consumado de secuestro con violación de su exconviviente, más 4 años y un día y 61 días de reclusión, por lesiones graves agravadas y amenazas simples reiteradas en contexto violencia intrafamiliar, respectivamente.

Los graves delitos ocurrieron en enero de 2021, en terrotorio Rapa Nui. En la oportunidad, el condenado incluso habría intentado arrojar a su víctima a interior de un volcán.

Resolución

En fallo unánime (causa rol 54-2022), la Tercera Sala del tribunal de alzada porteño (integrada por los ministros Patricio Martínez Sandoval, Álvaro Carrasco Labra y la fiscal judicial Mónica González Alcaide) desestimó el recurso deducido en contra de la sentencia dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, en el cual la defensa solicitaba que se dictara sentencia de reemplazo, aplicando el artículo 14 de la Ley Nº 16.641, conocida como Ley Pascua, que dispone que hasta dos tercios de la condena puedan cumplirse en libertad, en el caso de ciudadanos que pertenezcan a dicha cultura.

La resolución señala que "los jueces del fondo, en uso de sus facultades privativas y luego de efectuar un control de convencionalidad de la norma cuya aplicación solicita la defensa, control que no admite reparos, determinan que correspondiendo al Estado, garantizar y resguardar los derechos de las mujeres, no es procedente en atención al bienestar de la víctima, hacer uso de la facultad de conceder dicho beneficio de cumplimiento, de parte de la pena corporal impuesta en la aludida sentencia, fuera del recinto carcelario, al sentenciado".

3 integrantes de la Tercera Sala el tribunal de alzada emitieron el fallo unánime.