Erika Rojas Salazar

El llamado de la propietaria y el trabajo conjunto de Carabineros de diferentes unidades de la Prefectura Viña del Mar permitieron frustrar la toma de un terreno ubicado en el sector de Lajarillas a un costado del camino internacional.

Personal de la tenencia de Carabineros de Reñaca Alto recibió el llamado antes del mediodía del sábado por parte de la propietaria de un terreno quien indicó que un grupo de personas estaban al interior de éste con la intención de tomárselo.

"Se envió personal territorial de la tenencia de Reñaca Alto, corroborando la situación, verificando que unas 15 personas se encontraban haciendo posesión violentamente del terreno privado haciendo uso de palas, chuzos, picotas y panderetas", sostuvo el capitán Marcial Barrera.

"Al ver la presencia y la cantidad de personas que estaban en el lugar organizamos un equipo de trabajo con la finalidad de generar un diálogo con las personas procediendo de forma cooperativa con la detención de 8 personas por infracción de usurpación violenta de propiedad privada", relató el funcionario policial.

Ingreso junto a dueña

De acuerdo a lo informado por el capitán Barrera, "el artículo 457 del Código Penal establece la usurpación violenta de terrenos privados cuando personas están haciendo uso de fuerza, ya sea instalando barreras, cercando etc... y nosotros con la autorización de la dueña del predio y que estaba en el lugar, ingresamos al terreno, iniciamos un diálogo y positivamente generamos la detención de estas 8 personas adultas entre mujeres y hombres".

Quedaron en libertad

De acuerdo al detalle de los hechos, los detenidos y personas que estaban en la ocupación ilegal eran de nacionalidad chilena y otros extranjeros, quienes indicaron que no poseían domicilio ni casa.

"Las 8 personas fueron trasladadas a la subcomisaría de Gómez Carreño, se siguió el procedimiento de rigor, tomando contacto con el Ministerio Público a través del fiscal de turno, quien dispuso que la totalidad de los infractores quedaran en libertad conforme al artículo 26", informó el capitán de carabineros de la 5ta Comisaría de Viña del Mar.

Posterior a la detención de las personas, la dueña tomó posesión de la propiedad dejando personal de seguridad privado en el lugar.

Antes del estallido social y la pandemia las tomas ilegales de terreno eran noticia, pero desde fines del 2019 se multiplicaron y expandieron y si bien hay que diferenciar entre quienes buscan una opción hbitacional y las mafias que revenden los sitios;todos tienen claro que si no son pillados "in fraganti" durante la ocupación, es prácticamente imposible sacarlos del terreno, sea fiscal o privado. En este caso las 12 primeras horas de una toma ilegal de terrenos es trascendental, ya que transcurrido ese lapso de tiempo el desalojo es casi improcedente y tanto abogados, como fiscales y autoridades reconocen que la "flagrancia" es una de las problemáticas que finalmente llega a judicializar los casos sin resultados exitosos.

La noche del viernes un numeroso grupo de personas llegó hasta un terreno ubicado en calle Ramón Ángel Jara, en la comuna de Quilpué, con el propósito de tomarse el lugar para instalar sus viviendas. El sitio pertenece a la empresa inmobiliaria Pacal y el intento fue frustrado.

De acuerdo a lo informado por la alcaldesa de la comuna, Valeria Melipillán, al enterarse de esta situación, "inmediatamente nos comunicamos con la delegada presidencial provincial, la inmobiliaria y el delegado regional para evitar la toma del terreno". Tras eso, funcionarios de Carabineros llegaron al lugar y dialogaron con las personas, por lo que no se registraron detenidos.

Lo anterior permitió que, finalmente, durante la mañana del sábado desistieran de tomarse el lugar y se retiraran de forma pacífica. "Como durante esa mañana (sábado) se sumaron más personas, los funcionarios municipales que desde temprano se instalaron en el lugar, pudieron catastrar a 51 familias. Dichos datos fueron entregados a carabineros", indicó Melipillán.

En total, las personas que llegaron al terreno para intentar tomárselo fueron alrededor de 120, incluyendo también menores de edad. Se trató de ciudadanos extranjeros y chilenos.

En tanto, la empresa dueña del terreno se comprometió a generar los cierres y poner vigilancia.