Gian Franco Giovines - La Estrella de Valparaíso

Mientras ayer la mayoría de los establecimientos educacionales abrían con normalidad el año escolar, la realidad en la Escuela Eleuterio Ramìrez -del cerro Rocuant de Valparaíso- distaba drásticamente de aquello.

Sin agua, sin gas y con un pabellón sin servicio de electricidad amaneció este lunes la escuela de enseñanza básica porteña, impidiendo que sus cerca de 100 alumnos comenzaran su año escolar normalmente.

La situación indignó a los apoderados, quienes decidieron ocupar pacíficamente las instalaciones del recinto educacional. "No por estar en la punta del cerro debemos estar abandonados" señalaban en uno de los carteles instalados en el frontis de la escuela.

"Estamos instalados acá porque no hemos recibido respuesta de SLEP a nuestro petitorio. En la escuela no hay gas ni agua, porque si damos el agua inundamos la casa del vecino. Electricidad hay, pero tenemos todo un pabellón sin luz", acusa Leticia Urrutia, presidenta del centro de padres.

Asimismo, los apoderados advierten más carencias, como falta de personal de aseo e incumplimiento en la entrega de las raciones de comida de Junaeb.

"Nosotros somos una escuela de cerro. Estos problema no se genera en una escuela o liceo del centro. A ellos les solucionan los problemas, nosotros quedamos en el olvido", asegura.

Sobre el suministro hídrico, la directora territorial del SLEP, Carmen Rivas, detalló que "hubo una fuga de agua, donde se hizo una reparación parche por parte del establecimiento. El día de hoy iba la empresa a asegurarse de que esta reparación quedase bien hecha".

Sobre el problema del gas, desde SLEP indican que "existe un retraso en el certificado TC6 de la bombona para poder abastetecer de gas al recinto". Ante esta situación, señalan que están gestionando con Junaeb la entrega de raciones de comida frías y otras preparadas durante las próximas semanas en la escuela.

Por lo que consideran falta de seguridad, deficiente infraestructura e incumplimiento a las normas de almacenamiento de fármacos, los trabajadores de la droguería de la Corporación Municipal de Viña del Mar decidieron iniciar ayer un paro de funciones, en demanda de soluciones.

Desde la dirección de Salud de la CMVM informaron que "los funcionarios han levantado algunas demandas que llevan mucho tiempo sin resolverse, como el aumento del espacio, situación que se volvió más crítica debido a que en la administración anterior la Corporación no mantenía convenio con la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), por lo que debían mucho dinero a proveedores que eran privados, con una alta falta de insumos y medicamentos para la atención de las y los pacientes".

"A partir del segundo semestre del año pasado - agrega la declaración oficial -, el Área Salud de la Corporación ha trabajado intensamente en un convenio con Cenabast y actualmente tenemos un alto stock de medicamentos e insumos para atender a la población, lo cual ha generado la necesidad de contar con mayor espacio para ser almacenados. Es por esto que se está trabajando en la instalación de un container de bodegaje que esté instalado durante la próxima semana, como solución provisoria, y en paralelo se generó un proyecto de mediano plazo con la Secpla para poder ampliar las bodegas con estándares suficientes para los trabajadores.

El diputado Andrés Celis recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar que el ente contralor revise todo el procedimiento administrativo llevado a cabo en la licitación pública por el arriendo de cámaras de televigilancia en Viña del Mar.

La petición vuelve a surgir tras la visita del parlamentario a la Central de Comunicaciones de Carabineros en la comuna, donde pudo verificar que sólo 4 aparatos se encuentran operativos para resguardar la seguridad de la Ciudad Jardín.

Celis aseguró que, "hasta la fecha y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sólo hay 4 cámaras funcionando en toda la comuna de Viña del Mar y deben haber responsables administrativos por esto. Más allá de los evidentes problemas de seguridad que causa esta lentitud en la licitación y ejecución; también existen dudas fundadas sobre vulneraciones a los principios de probidad e igualdad de los oferentes, lo que merece ser analizado y estudiado por la Contraloría".

"La última licitación - agregó el parlamentario -, que aún no trae frutos para la comuna, podría ser incluso invalidada por la no ejecución en los tiempos establecidos y las falencias en probidad. No es aceptable que funcionarios municipales sostengan conversaciones directas y privadas con una empresa, cuando en paralelo existe un proceso licitatorio".