Francisca Palma Schiller

El 21 de agosto de 2018, cientos de vecinos de la zona de Quintero y Puchuncaví fueron víctimas de un episodio de intoxicación masiva que generó malestares, mareos, desmayos, vómitos y cefaleas agudas en la población.

Caos en las calles, evacuaciones masivas, niños saliendo de sus escuelas y otros paralizando sus trabajos porque era insostenible mantenerse en pie, fueron parte de esa jornada, que generó un grave colapso en los centros asistenciales de la zona.

Días después se confirmó que este un episodio de intoxicación masiva se debió a las emanaciones tóxicas ocurridas durante el trasvasije de un petróleo altamente tóxico, conocido como "crudo iraní", que generó primero un episodio contaminante en Talcahuano y luego un a segunda nube tóxica en Quintero-Puchuncaví.

Producto de aquello, el Ministerio Público inició una investigación y los afectados se querellaron contra la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), por su responsabilidad en un presunto delito ambiental durante el almacenamiento y traslado del petróleo importado desde Irán.

Y hoy buscarán justicia: a las 09.00 horas, se realizará por primera vez en la historia judicial chilena una audiencia preparatoria de juicio oral por delitos ambientales, en contra de seis ejecutivos de la mencionada empresa, por su presunta responsabilidad en los graves casos de intoxicación masiva.

Desde el sur a quintero

Remberto Valdés, abogado que representa a las víctimas de aquel episodio, contextualiza lo sucedido ad portas de este histórico proceso.

"Lo primero que no deja de ser absolutamente cierto, y aquí no hay ninguna duda, es que es la primera vez que Chile importa un petróleo de Irán, un petróleo de la peor calidad del mercado. Esto comienza cuando este producto, que viene en un barco grande, llega hasta Concepción; se saca la mitad de ese embarque en la zona y sigue un barco más pequeño con este trasvasije de petróleo a Quintero. Acá en Concepción se produce un hecho delictual: el capitán del barco, viendo que su barco pudiese colapsar como una verdadera bomba, hace una maniobra a través de la chimenea y lanza al aire una descarga de ácido sulfhídrico con la finalidad de que estos tanques no revienten. En el aire, se produce un gran mal olor en la zona de Concepción y Talcahuano, lo que produce un colapso y una evacuación de 60 mil personas aproximadamente", contextualiza el abogado.

"El segundo barco", continúa, "que va con un cargamento a la mitad, sigue hasta Quintero de forma silenciosa. Llega, lo descargan y lo dejan en unos estanques 'especiales' y le echan una sustancia espumosa que pretende bajarle el nivel de toxicidad a una que permita trabajarlo y refinarlo; eso no funciona, por lo que este gas, que está emanando de este estanque, se esparce por la zona. Colapsan todos los centros hospitalarios. Mientras, Enap está en silencio, omite y oculta información", añade el querellante.

Investigación

Con estos antecedentes bajo el brazo, comenzó un exhaustivo proceso de investigación, proceso que se concretará hoy con la audiencia preparatoria del juicio oral.

Valdés, quien representa a 1.434 víctimas, a nombre de las que interpuso una demanda civil por $28.640 millones de pesos, solicitó penas de 5 años de cárcel para Edmundo Piraino, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana, así como penas de cuatro años de cárcel para Álvaro Hillerns, Patricia Cabalá y Jorge Farías, todos ejecutivos de Enap.

La Fiscalía Regional del Biobío concluyó que los acusados realizaron labores de gestión y manejo de crudo iraní (Iranian Heavy) y su secuestrante (agente químico) con infracciones a los estándares reglamentarios, permitiendo la emisión de sustancias químicas altamente peligrosas para la salud e intoxicando a miles.

"Desde el punto de vista histórico judicial, es primera vez que se comienza a preparar un juicio oral penal por delitos ambientales, donde tampoco lo ha habido en contra de una empresa del Estado; es un hecho histórico: una empresa de todos los chilenos está en la polémica", señala.

-¿Qué se espera para la jornada?

-Queremos tener un testimonio de verdad respecto a la situación de contaminación y envenenamiento sistemático de 50 mil almas que viven en la zona. Segundo, queremos decirle al país que es más doloroso aún cuando una empresa nacional del Estado es la que produce esta clase de situación y no tiene el más mínimo de humildad para bajar desde la altura y atender las necesidades de quienes deberían ser las personas a las que deberían atender. Por último, ya que fue inevitable lo sucedido, que haya una condena ejemplificadora, sin beneficios carcelarios, de aquellos que llevaron la batuta de forma dolosa, negligente.

Comunidad

Olga Garri, dirigenta social de Quintero, indicó que "somos miles de víctimas esperando por el pago de nuestros perjuicios que han sido demasiados, inconmensurables la verdad; ni con todo el dinero del mundo Enap puede devolvernos la tranquilidad que perdimos desde 2018".

Berta Gravertt, también intoxicada por las emisiones en 2018, relató que "la contaminación se llevó a mi mamá por un cáncer gástrico, se llevó a mi papá por una fibrosis pulmonar y casi me lleva a mí por un cáncer de mama".

Las afectadas también marcharon hasta La Moneda hace unas semanas para entregar una carta en la que solicitaron la intervención del Presidente Gabriel Boric en el caso. Hasta la fecha no han tenido respuesta.

"Queremos una condena ejemplificadora, sin beneficios carcelarios, de aquellos que llevaron la batuta de forma dolosa".

Remberto Valdés, abogado.

90 veces fuera de norma se encontraba el límite de concentración de ácido sulfhídrico en la carga de Iranian Heavy.