Francisca Palma Schiller

Fue a fines del año pasado cuando los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana de Valparaíso dieron a conocer una serie de problemáticas por la que estaban atravesando producto de incumplimientos por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

El acuerdo sostenidocon EPV el año 2013 establecía que los pescadores se trasladaran a la caleta El Manzano de Quintero, mientras se construía el ambicioso Terminal 2. Sib embargo, a 8 años de aquel compromiso, los trabajadores no tienen una caleta definitiva para poder trabajar y tampoco se construyó el nuevo sitio de atraque.

Es por esta razón, que luego de manifestarse intensamente en octubre del 2021, hoy las acciones regresan, pero esta vez, en el ámbito judicial.

Así, según informó el equipo de abogados que representa a los pescadores, el próximo 28 de abril EPV deberá concurrir hasta el 5º Juzgado Civil de Valparaíso para presentar los antecedentes que se les ordenó exhibir en el contexto de la acción judicial que a inicios de marzo de este año interpuso el Sindicato de Trabajadores; como medida preparatoria de la acción indemnizatoria que se persigue en contra de la estatal en razón del incumplimiento del acuerdo que selló su salida del puerto.

En esta audiencia, la mencionada empresa deberá exhibir balances comerciales, contratos de concesiones respecto del Terminal 2 que justificaron la remoción de los pescadores en el año 2013, actas de acuerdos de directorio que motivaron esta decisión y las medidas que se propusieron ejecutar para reparar los perjuicios, entre otros antecedentes.

Un avance

De esta manera, los pescadores y abogados representantes calificaron el proceso como un verdadero avance para los intereses de los afectados.

"Nosotros postulamos que EPV incumplió el convenio con el que se negoció la salida de mis representados y en consecuencia, les corresponde reparar el daño que han provocado, pues para que quede claro, esto es lo mismo que usted hubiese vendido su casa y tras 8 años, aún no se le hubiera pagado la totalidad del precio. Es decir, hay algo que se debe y debe ser pagado", explicó al respecto el abogado Felipe Olea.

Por su parte, David Ojeda, representante del Sindicato que agrupa a los pescadores artesanales de la ex Caleta, indicó que, "nos sentimos defraudados por EPV y en consecuencia, del Estado. No es verdad que se quiera proteger a la pesca artesanal, es una burla en las condiciones que nos tienen supuestamente trabajando. Nos quitaron nuestra caleta, y por ende, nos cortaron las manos. EPV tiene que responder por todo el daño que nos ha hecho".

En consulta del proceso a la empresa portuaria, declinaron dar declaraciones sobre el tema.

Dispares percepciones entre los ediles generó la exposición del presidente del directorio y el gerente, de la Corporación Cultural Viña del Mar, Luis Bork y Jorge Salomó,respectivamente, durante la sesión extraordinaria en que ambos ejecutivos dieron cuenta, parcial para algunos, de los recursos asignados y el destino de los dineros otorgados vía subvención municipal.

Para el concejal DC, René Lues, la entidad privada con más de 60 años de antigüedad en la comuna, hizo esta presentación para poder solicitar los recursos correspondientes a la subvención municipal del año 2022.

"Esta presentación generó varias inquietudes de concejales y concejalas, en relación a rendiciones de años anteriores, por lo cual se fijó una nueva reunión de comisión para abordar esos temas. Lamentablemente, no se hicieron llegar a la Corporación con antelación los asuntos que se les pedía responder, por lo que, a mi parecer, la reunión se transformó en una interpelación sobre aspectos que, a raíz del tiempo transcurrido y el detalle de las consultas, eran muy difíciles de contestar, por lo que tuvo que fijarse otra reunión", planteó el edil.

Lues añadió que "en lo que a mí respecta, los asuntos que alcanzaron a plantearse tuvieron una respuesta adecuada y quedé muy conforme con lo señalado por la Corporación, por lo que ratifiqué mi decisión de apoyar la subvención solicitada, considerando además que resulta inaceptable que 17 trabajadores no puedan recibir sus sueldos desde el mes de enero de este año".

Distinta fue la evaluación del concejal del PC, Pablo González quien reiteró sus cuestionamientos al rol gerencial de Salomó precisando que la justa molestia de los trabajadores afectados por el no pago de sus remuneraciones debe orientarse a este ejecutivo y no hacia el Concejo.

"Sabemos que hay una molestia por parte de los funcionariosde la corporación cultural pero también deben entender que tampoco es una responsabilidad del municipio sino de la administración y gestión del gerente", acotó el edil.

A su juicio, "no se avanzó mucho en el espacio porque el gerente de la corporación y el presidente del directorio no recordaban mucho lo que habían rendido en los tiempos anteriores por tanto se llegó a un acuerdo de generar una nueva sesión extraordinaria", planteó González.

4 meses sin imposiciones ni el pago de remuneraciones llevan los trabajadores de la Corporación.