Diego Gotelli C.

Un día de definiciones se vivió ayer al interior de la Convención Constitucional, que sometió por última vez a votación del pleno normas de derechos fundamentales, terminando de definir, entre otros puntos, los alcances que tendrán en su borrador los derechos laborales, de vivienda, educación, de seguridad social y salud.

Sobre esta última, fue aprobado que el Sistema Nacional de Salud propuesto por la instancia pueda estar integrado tanto por prestadores públicos como privados.

En su anterior paso por el pleno, la propuesta apuntaba a dejar fuera del sistema a los privados con fines de lucro, algo que se rechazó y luego se reformuló en comisión, aliviando preocupaciones de la asociación de Clínicas de Chile que solicitó su inclusión en la carta magna dado que, afirman, ofrecen el 40% de las atenciones de salud.

La redacción que finalmente será plebiscitada estipula que una ley determinará los requisitos y procedimientos para que los privados se integren al Sistema Nacional de Salud, el que anteriormente fue definido por el pleno como de carácter "universal, público e integrado".

Por contraparte, se desestimó un artículo que garantizaba la existencia de "seguros privados voluntarios" que complementen la cobertura asegurada del sistema.

En seguridad social el pleno rechazó dos indicaciones que buscaban instaurar la propiedad individual de los ahorros previsionales actuales y futuros, además de otros alcances como su inexpropiablidad y dejar explicitada la opción de que se pueda elegir un gestor privado de sus fondos aún existiendo una administradora estatal.

Desde Vamos por Chile afirmaron que ésta fue la última oportunidad para "proteger los ahorros", aunque convencionales han señalado que se podría abordar en las normas transitorias, cuya comisión ayer eligió directiva.

Entre las normas que sí pasaron al borrador destaca un artículo que garantiza la "libertad de enseñanza", incluyendo la libertad de padres, madres y apoderados a "elegir el tipo de educación de las personas a su cargo".

Asimismo, se definió que el Estado deba promover la "corresponsabilidad social y de género" con mecanismos para la "redistribución del trabajo doméstico"; y en vivienda se aprobó la existencia de un "Sistema Integrado de Suelos Públicos" que priorice el uso de terrenos fiscales para "fines de interés social".

Al cierre de esta edición el pleno seguía votando.

Tras meses de silencio, Karina Oliva reapareció públicamente este martes para abordar la indagatoria en su contra por presunto fraude electoral, en una entrevista que agitó las aguas en el oficialismo.

En diálogo con Mega la excandidata a senadora defendió su inocencia en las acusaciones de irregularidades en la rendición de cuentas de su campaña a gobernadora, negando entre ello sueldos abultados a colaboradores y el gasto de $50 millones en un desayuno feminista, el cual dice fue una cotización para varios actos que no se concretó.

En sus descargos apuntó a su exjefa de campaña, Carolina García, a quien acusó de contratar servicios -sin consultarle- a una empresa de un imputado del caso SQM, además de apuntarla como quien coordinó con el equipo del entonces precandidato Gabriel Boric publicidades conjuntas y el destino de esas boletas.

La aludida, quien es vicepresidenta de Comunes, partido del Frente Amplio que expulsó a Oliva tras las denuncias, negó haber participado en esos acuerdos con proveedores ni en la rendición, que dijo fue responsabilidad de la propia candidata y su administrador electoral. Y advirtió con estudiar acciones legales si ella sigue difundiendo "acusaciones falsas e injuriosas".

Por su parte, el otrora generalísimo de Boric, Giorgio Jackson, aseguró que todo el gasto de campaña del hoy Presidente fue "totalmente íntegro", estando aprobado o en último trámite en el Servel. "Estamos tranquilos", señaló el ahora ministro.

Por 141 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó y dejó lista para ser promulgada una ley que busca mitigar el aumento de precios que registra la parafina.

La iniciativa contempla inyectar US$40 millones al Fondo de Estabilización del Precios del Petróleo (FEPP), con lo que se espera reducir en cerca de 100 pesos por litro el valor del kerosene, regresándolo a un valor que en la capital bordearía los 1.000 pesos.

Según datos del Ministerio de Energía, el recurso lleva un 70% de alza acumulada este año, y por los efectos de la invasión rusa a Ucrania se ve poco probable que revierta su tendencia en el corto plazo.

El subsecretario Julio Maturana afirmó que la medida beneficaría a cerca de un millón de hogares en el país, "especialmente en los meses de invierno, donde se utiliza este combustible para calefacción". Señaló que durante dicha temporada esta inyección de recursos lograría mantener el precio estable.

El diputado Jaime Naranjo estimó que la baja de precio se podría a ver a fin de mes.

En el debate, parlamentarios instaron al Gobierno a frenar otras alzas de precios de insumos básicos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comprometió el ingreso la próxima semana de un proyecto de estabilización del valor de cuentas de electricidad, y la subsiguiente otro sobre el mercado del gas licuado.