Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

Luego de la sentencia dictada en el caso de sicariato del que fue víctima el empresario Alejandro Correa el 18 de mayo del 2020 en Concón, el autor intelectual del crimen por encargo, Renato López, condenado a 20 años; junto al chofer del sicario, Claudio Riveros, a quien le dieron 16 años, y la cómplice del autor material, Melissa Palma, condenada a 6 años, recurrieron de nulidad de juicio, tal como lo permite la ley.

En ese sentido, la defensa del autor material del crimen, el colombiano Víctor Gutiérrez Londoño, sentenciado a 28 años de cárcel, fue el único en no presentar dicho recurso que permite -eventualmente- una rebaja de pena. Asimismo, su defensa había sida la única en no presentar pruebas para el juicio oral.

Inexplicable

En cuanto a López, su defesor, el exfiscal Claudio Uribe, argumentó en su recurso que su representado vio vulneradas sus garantías constitucionales durante el proceso investigativo y como causa principal expone que la Fiscalía abrió dos causas paralelas para investigarlo: una conocida por todos y la segunda "llevada a cabo bajo el más estricto secreto" "con la evidente motivación de que las defensas no se enteraran de las diligencias que se estaban realizando", dice Uribe, quien califica el hecho como "inexplicable desde el punto de vista lógico".

De esta manera, Uribe sostiene que no se respetó el inciso que habla de que todos los intervinientes pueden acceder a la investigación, salvo en situaciones normadas donde la reserva de la investigación tiene ciertas condiciones. "La motivación no es otra que saltarse los controles legales", aseguró la defensa en relación al Ministerio Público.

Reclamo tardío

En ese orden de cosas, Uribe pidió que la Corte Suprema revise el recurso de nulidad y que declare nulo el juicio y la sentencia del financista del crimen de Alejandro Correa.

Presentados los recursos, el fiscal nacional Jorge Abott se dirigió al máximo tribunal solicitando que se declare inadmisible la causal principal presentada por Renato López, pues "se comunicó la agrupación de estas indagatorias en la audiencia de control de la detención de López Fuentes sin que se formulara reclamo alguno en esa instancia, que tampoco se reclamó el asunto durante la investigación, que no se formuló objeción en la audiencia de preparación de juicio oral y por último, lo que hace especial a este caso, tampoco se reclamó del supuesto vicio en la audiencia de juicio oral. En efecto, se trata de una objeción que surge recién ahora, muy tardíamente".

Cómplice y no autor

En cuanto a la defensa de Claudio Riveros, el defensor penal público Cristian Sandoval, argumentó que hubo una mala aplicación del derecho en su representado al ser condenado como autor y no como cómplice del crimen, siendo esta última la participación que Fiscalía le había atribuido y por la que había acusado.

Sin embargo, al momeno del veredicto el Tribunal de Viña del Mar consideró que la participación de Riveros -que trasladó a Gutiérrez el día antes y el del crimen- había sido fundamental para la comisión del delito, considerando el contexto de cuarentena de ese entonces en donde escaseaba la locomoción.

De igual manera el defensor de Riveros reclama que no se le consideró la eximente de responsabilidad de entregar voluntariamente un arma de fuego y en consecuencia pide que se anule solo la sentencia y que sea la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que emita una de reemplazo sindicándolo como cómplice con la eximente de haber entregado el arma.

En cuanto a los argumentos de Riveros, Abbott no se pronunció pidiendo inadmisibilidad y por otro lado solicitó que los tres recursos de nulidad -López, Riveros y Palma- sean remitidos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para su revisión.

20 años de presidio dio el Tribunal de Viña del Mar al financista del crimen por encargo, Renato López.

En 25% han aumentado los casos de secuestros durante este año en la Región de Valparaíso, según cifras de la Fiscalía Regional, desde donde además precisaron que el 33% de los casos se registra en Viña del Mar, el 23% en Valparaíso y el 20% en San Antonio.

En lo que va del año, la Fiscalía ha abierto 30 causas por dicho delito y en dos casos las víctimas aún están desaparecidas: el colectivero Juan González en Viña del Mar y Jordan Bravo en San Antonio.

"No hay una sola circunstancia que se haya advertido, que sea una constante en todas estas denuncias de secuestro. Por lo mismo no puede atribuirse que haya una organización o más de una organización que se dedique a este tipo de delitos, lo que sí hay es que en ocasiones las personas que están involucradas en esta conductas criminales a su vez registran antecedentes por otro tipo de condenas", explicó la fiscal regional, Claudia Perivancich.

En cuanto a las motivaciones, la persecutora explicó que alrededor de un 40% de las denuncias de secuestro dice relación con vinculaciones "con el tráfico de droga o el uso de armas de fuego y el acometimiento violento respecto de la víctima", mientras que un 33% se relaciona con "un contexto de violencia intrafamiliar o directamente con una conducta de violación o abuso respecto de la persona que se encuentra secuestrada".