Diego Gotelli C.

A menos de 24 horas de que el Gobierno confirmara una "falla de seguridad" que afectó a los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), con lo cual miles de comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas se filtraron, ayer se conoció la renuncia del jefe de dicho organismo, el general de división Guillermo Paiva Hernández, lo que fue confirmado anoche por el Ministerio de Defensa.

El nombre de Paiva resonó durante la jornada luego que publicaciones de radio Bío-Bío y el diario La Segunda coincidieran en que el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército estaba en conocimiento desde mayo de los riesgos cibernéticos que presentaba el EMCO, sin haber registro de que lo notificara formalmente al Ejecutivo.

"En democracia las responsabilidades deben cumplirse", señaló el diputado Tomás De Rementería (ind-PS), quien fue el primero en revelar la renuncia del general.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó la apertura de un sumario administrativo para dar con responsabilidades; la entrega de antecedentes a la justicia militar; y que ofició al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación de la cartera en las investigaciones que correspondan.

El hecho obligó al retorno anticipado de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien estaba en EE.UU. junto al Presidente Gabriel Boric. La autoridad arribó a las 6.00 de la mañana y a primera hora se reunió con su subsecretario Gabriel Gaspar y el comité de crisis que monitoreaba el tema. Luego se reunió con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

En el comunicado, Fernández dijo que instruyó "investigar acuciosamente las circunstancias de estos hechos y establecer las responsabilidades de quienes corresponda.

El Consejo para la Transparencia dijo que oficiará al EMCO para conocer qué tipo de información fue filtrada en el hackeo que el domingo liberó unos 400 mil correos de los últimos cinco años.

Con la misma intención, parlamentarios de las comisiones de Defensa de la Cámara y el Senado citaron a la ministra. "Esperamos que se investigue a fondo para saber qué hay en estos correos", dijo el diputado Miguel Becker (RN). "Esto puede estar significando una tremenda falencia en los mecanismos de seguridad que deben tener las FF.AA.", dijo su par humanista, Tomás Hirsch.

Según miembros de las comisiones, el ataque lo realizó la agrupación Guacamaya, que se ha adjudicado otras filtraciones militares en el continente. En el caso de Chile trascendió que entre los mensajes habrían diagnósticos de posibles escenarios tras el estallido social, análisis de la implementación de los estados de excepción, materias logísticas y presupuestarias.

Un nuevo régimen de vacunación contra el covid-19 se encuentra preparando el Ministerio de Salud, cartera que anunció que desde el próximo mes comenzará a inmunizar con un fármaco inédito en el continente a la población de riesgo del país.

Se trata de la llamada "vacuna bivalente", cuyas dosis además del virus original previenen contra la variante Ómicron y que están en uso en Norteamérica junto a a algunos pocos países de Europa y de Asia, sin aún ser aplicada en Latinoamérica.

"La vacuna está llegando al país", anunció ayer la ministra Ximena Aguilera, quien señaló que se aplicará bajo un sistema anual destinado a la población de riesgo, emulando la estrategia con que se inmuniza por la influenza.

El calendario se espera que se publique antes de fin de mes para iniciar las inoculaciones en octubre, las que abarcarán a la población mayor de 60 años, el personal sanitario y las personas con enfermedades crónicas.

Aguilera señaló que el resto de la población podrá seguir optando a las vacunas tradicionales para sus refuerzos, pero inicialmente no están consideradas para la bivalente ante la baja disponibilidad mundial que hay del fármaco. Pese a ello, no descarta en un futuro que se puedan disponer dosis para grupos no vulnerables en caso de detectarse caídas en la respuesta inmune. Precisó que no se considera que la vacuna se venda en tiendas, como se hace con el de la influenza.

Sin mascarilla

También para octubre se contempla que entre en vigencia el ajuste de normas sanitarias que incluye que desaparezcan los aforos y se deje de exigir el Pase de Movilidad y la mascarilla en todo momento. Esto última solo será obligatoria en recintos de salud.

Debido al cambio, la Junta de Aeronáutica Civil informó ayer que desde el 1 de octubre las aerolíneas dejarán de exigir el uso de barbijo en vuelos nacionales e internacionales, aunque algunas que van a al extranjero podrían seguir solicitándolo si el país de destino lo exige.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, añadió que en los aeropuertos se mantendrá la exigencia de que los turistas estén vacunados o presenten PCR negativo al ingresar a Chile, y a los chilenos se les seguirá testeando aleatoriamente.

En el transporte público, en tanto, seguirán las sanitizaciones, pero ya no se exigirá el uso de barbijo, aunque la autoridad sugirió mantenerlo en buses y trenes llenos.

Durante esta jornada se espera que los partidos con representación parlamentaria retomen el diálogo sobre continuar el proceso constituyente, en un encuentro al que a no asistirá el Gobierno.

Según informó La Tercera, la ministra Segpres Ana Lya Uriarte decidió ausentarse para descomprimir el ambiente que se tensionó la semana pasada, cuando Chile Vamos acusó al Gobierno de intentar "pautear" el debate por declaraciones de ministras sobre materias no acordadas.

La ausencia fue confirmada por el timonel del Senado, Álvaro Elizalde, quien abogó porque La Moneda se pueda reincorporar en próximas reuniones. "Nadie puede ser excluido", remarcó.

Para hoy se espera que las colectividades lleguen con sus propuestas, algunas de las cuales apuntan a incluir expertos en un nuevo proceso, algo que ayer respaldó el Presidente Gabriel Boric.

En Estados Unidos, el Mandatario remarcó que el futuro constitucional será decidido por el Congreso, aunque entregó aspectos que espera tenga el proceso, como una Convención con "bordes más claros" que acuerden los parlamentarios; con plazos "más acotados"; y con un "comité de expertos" que "contribuya a hacer la discusión más fácil y dirigible para todos".