Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

Acasi cuatro años del crimen a sangre fría de la joven oriunda de Punta Arenas, Amanda Rojas, en Valparaíso, el Tribunal Oral de esa ciudad condenó a tres penas que suman 18 años de cárcel a Claudio Martínez Rojas.

Lo anterior pese a que el Ministerio Público pedía más de 20 años para el sujeto, para quien la abogada querellante, representante de la familia, Susana Gatica, solicitaba la pena máxima: presidio perpetuo calificado, es decir, al menos 40 años de presidio efectivo antes de poder pedir beneficios a Gendarmería.

Recalificación

La diferencia entre las penas solicitadas y las otorgadas, explica la abogada Gatica, se da fundamentalmente porque el tribunal recalificó los hechos, pues los persecutores habían acusado por robo con homicidio y uso fraudulento de tarjetas bancarias. Sin embargo, el tribunal condenó por homicidio simple y hurto, manteniendo el uso fraudulento de tarjetas, lo que incidió en penas inferiores a las pedidas.

Pese a ello, Gatica valoró que los jueces otorgaran la pena más alta que permite la legislación respecto de los delitos por los que se condenó: 15 años por el homicidio y 541 días por cada uno de los otros delitos.

"Quedamos conformes, hablé con la familia y están conformes. Por supuesto no es lo que habíamos pedido porque el tribunal calificó de manera distinta los hechos. (...) Es un tecnicismo jurídico, pero que le fue favorable a la defensa, pero la pena es la más alta que podían imponerles y en ese sentido estamos contentos", dijo Gatica.

Diciembre 2018

La lamentable historia del crimen se remonta a diciembre de 2018, cuando Amanda -que recién se había titulado de relacionadora pública- fue hallada sin vida y ferozmente apuñalada en su departamento del cerro Placeres.

Primero se habló de suicidio, pero la investigación de la PDI concluyó que Claudio Martínez, quien era un amigo con el que Amanda mantenía una relación informal y que fue detenido recién casi tres años después, le había asestado una serie de mortales puñaladas mientras compartían en el inmueble, donde luego el sujeto robó especies y las tarjetas con las que compró ropa y comida en Viña del Mar.

Aquella conducta, dijo el fiscal Pablo Avendaño en el juicio, en base a los análisis de peritos, se trató de un comportamiento carente de empatía y con "absoluto desprecio e indiferencia", respecto de la víctima.

Lo anterior, estimó Avendaño en los alegatos de clausura, encajan con "rasgos narcisistas" y "una tendencia sicopática" del agresor de Amanda, con quien mantenían una relación que a ojos de la abogada Gatica era de abuso en desmedro de Amanda, quien sufría -dijo la querellante- violencia emocional y económica por parte del sujeto, quien le robaba dinero aprovechándose de la autoestima disminuida de la víctima, se reveló en audiencia.

La querellante Gatica concluye que diversos factores -dentro de ellos la pandemía- contribuyeron a que el caso se prolongara por años. Sin embargo, señala que "tenemos que quedarnos con lo positivo: que a pesar de los retrasos, se demostró que eso no fue así (un suicidio). Pese al tiempo transcurrido se logró demostrar que más allá de toda duda razonable acá hubo un homicidio por estrangulamiento y luego heridas cortopuzantes".

Convicción de jueces

"Eso formó convicción en el tribunal y por unanimidad los jueces quedaron convencidos de que esto fue un homicidio. La labor del fiscal y del abogado querellante que me precedió fue brillante, hubo un trabajo minucioso", destacó la jurista, quien comentó que ahora queda revisar la sentencia para ver si el tribunal consideró o no una de sus peticiones: juzgar con perspectiva de género un caso que hoy habría sido un femicidio.

Desde ayer la defensa tiene un plazo de 10 días para -si lo estima- recurrir de nulidad de juicio ante tribunales superiores.

Un complejo inicio de semana vivieron los funcionarios del Poder Judicial, varios de los cuales comenzaron ayer su jornada sin poder acceder a sus computadores luego que la institución fuera afectada por un ciberataque que dejó inutilizados cerca de 150 PCs.

La intrusión ocurrió la noche del domingo, detectándose primero en algunos equipos de la Corte de Apelaciones de Santiago y propagándose luego hasta alcanzar el 1% de los casi 15 mil computadores de la institución en el país.

A las 9.00 horas de ayer medios constataron que los computadores de la 3° y 4° sala de la Corte Suprema aún no lograban ser encendidos y los jueces estaban usando sus celulares para conectarse a las audiencias telemáticas. Pese a ello, la Fiscalía informó que algunas sesiones se suspendieron o retrasaron.

El Poder Judicial afirmó en un comunicado que el ataque se debió al ingreso de un virus que afectó equipos con Windows 7 y antivirus McAfee. En la institución existen 3.500 PC con esas condiciones, pero unos 150 fueron los infectados antes que fuera contenida su propagación.

Los equipos contaminados fueron "aislados" de la red interna y se trabajaba en su reemplazo. El subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Zvonimir Koporcic, señaló que el virus no atacó sistemas informáticos como los de tramitación o la Oficina Judicial Virtual, y aseguró que pese a lo ocurrido la Corte Suprema sesionó de manera habitual.

El virus es un cryptolocker, un tipo de ransomware.