Se impresiona cuando escucha cifras que normalmente suele decir ella, como que en Valparaíso existen 225 campamentos donde viven casi 24 mil familias. Y que la región es precisamente la que cuenta con el triste récord de ser la zona que concentra la mayor cantidad de población en asentamientos irregulares.

Socióloga de profesión, Claudia Cárdenas es la directora regional de TECHO Chile. Desde el conocimiento profundo que tiene de esta situación y de cómo ha empeorado en los últimos años, confiesa lo crudo que le resultan esos números: "Qué fuerte y qué impotencia también", reconoce.

A su juicio, aquello se agudizó "debido a la pandemia y la crisis económica, evidenciando niveles de precariedad que no se veían desde hace más de 25 años", tal como lo mostró un estudio dado a conocer por esta organización para -entre otras cosas- impactar en "quienes no ven esta realidad día a día".

Pese a que explica que entre las razones de este crecimiento explosivo de las personas viviendo en campamentos se debió, entre otros temas, al aumento en el costo de las viviendas, el incremento de la cesantía y la falta de ingresos en muchas familias luego de la crisis sanitaria, critica la actitud de muchos que no entienden estas razones y que emiten "frases comunes", como aquella que plantea que "la gente de asentamientos precarios llega ahí porque quiere todo gratis. Es muy fácil criticar desde la comodidad de una casa que no se llueve", sentencia.

Un derecho sin retroceso

El Presidente Gabriel Boric anunció en julio recién pasado el Plan de Emergencia Habitacional, que busca completar la construcción de 260 mil viviendas de calidad antes de 2026. Al respecto, Claudia Cárdenas reconoce el impacto positivo de la propuesta, pero enfatiza en que se requiere de cambios estructurales profundos: "Este problema no se ha solucionado en años. No podemos pretender que se solucione ni en este gobierno ni yo creo que en un gran tiempo", afirma y agrega que, tal como se planteaba en la rechazada propuesta constitucional, esto "se debe abordar como un derecho, en eso no podemos retroceder".

Pero la socióloga enfatiza en la necesidad de entender y palpar desde el territorio la realidad, de manera de comprender, por ejemplo, que una casa de calidad y digna no puede ser un concepto estándar, sino adaptado a la situación particular de las personas y sus requerimientos habitacionales. "Una vivienda adecuada tiene que ver con el contexto. No podemos especificar solo metrajes para una familia de cinco personas o una de 10. No es lo mismo, tampoco, hacer viviendas para pueblos indígenas, por ejemplo. La vivienda digna y adecuada va en son de las necesidades culturales".

Por eso, explica que "TECHO siempre está en la urgencia, pero también entendemos que tenemos que hacer el acompañamiento a nuestros campamentos históricos", en los que trabajan "codo a codo con quienes se quieren radicar, que tienen proyectos de regularización y urbanización". Y lo grafica con el entusiasmo que ha visto en el campamento Manuel Bustos, que hoy "está en un proceso de transformación al Barrio Manuel Bustos. Qué potente suena, imagínate la emoción de las dirigentas", retrata también conmovida.

Doble discriminación

Según las investigaciones de la organización, hasta 2021, sólo un 8% de las personas que habitan en situación irregular son migrantes. Cárdenas prevé que "ahora, con el catastro que estamos haciendo, ese porcentaje va a aumentar".

Desde TECHO y su trabajo en los territorios, afirman que existe una convivencia plena entre chilenos y extranjeros: "Nosotros vemos día a día que sí están incluidos en la participación comunitaria en muchos de nuestros campamentos", asegura.

Pero no pasa lo mismo con las infancias, de la nacionalidad que sean. Cárdenas cuenta que "muchas veces los menores son invisibilizados en todo ámbito, no solamente aquellos en términos de asentamientos precarios" y critica la poca consideración que suelen tenerles, pues "siempre hay una mirada muy adultocentrista, y en ningún tipo de planificación se le pide la opinión del niño".

La socióloga explica las múltiples transgresiones que sufren los más pequeños en circunstancias así: "Partamos con que no tienen vivienda. Muchos de ellos no pueden bajar a sus colegios, sobre todo con las lluvias. No poder acceder a una educación por condiciones territoriales es una vulneración de derechos", asevera.

En esa línea, la directora de TECHO afirma que la fundación también cuenta con un área educativa, cuyo fin es incentivar a los más jóvenes e integrarlos en la participación comunitaria. "Tratamos a través de este programa, a pesar de que sus derechos ya están muy vulnerados, hacer que ellos entiendan que sí son sujetos de derecho", concluye.