Francisca Palma Schiller

Fue en mayo cuando la exministra de Salud, María Begoña Yarza, denunció eventuales maltratos y terapias de electroshock sin anestesia al interior del Hospital psiquiátrico del Salvador, en Valparaíso. Ante la gravedad de las acusaciones, la denuncia llegó directamente a Fiscalía.

El caso generó un quiebre con la ministra. Los trabajadores y el Colegio Médico de la región, mostraron su molestia e incluso instaron a la secretaria de Estado a retractarse luego de utilizar palabras como "tortura" y "violación a los derechos humanos", algo, que según los funcionarios, estaba lejos de la verdad.

"Se ha dañado de manera irremediable la confianza de la comunidad en su centro de salud mental", reaccionaba en la oportunidad el doctor Ignacio de La Torre, presidente del Colmed Valparaíso.

Así, tal como había solicitado la ministra, Fiscalía comenzó su propio proceso de investigación, el que tenía como objetivo despejar las dudas acerca de las graves acusaciones.

En paralelo, el abogado Esteban Elórtegui de la Corporación La Matriz, presentó un recurso de protección con el objetivo de proteger a los pacientes del mencionado hospital.

Sobreseimiento

Tras meses de investigación, la causa podría llegar a su fin. Esto porque el fiscal del caso, Javier Carrasco solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, ya que realizada las indagatorias pertinentes se pudo comprobar que si bien no se utiliza un anestesiólogo por carecer de este servicio, sí se realizan sedaciones con técnicas alternativas con el objetivo de impedir que el paciente sienta dolor.

En ese sentido, según los antecedentes, no habría ningún elemento que permita presumir la existencia de torturas o lesiones en algún paciente.

Desde la Fiscalía precisaron que la solicitud emanada significa que se realizó la investigación correspondiente y se determinó que no se configuró delito alguno, por lo que se solicitó audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo de la causa, la cual aún no tiene una fecha fijada.

Al respecto, el abogado Esteban Elórtegui, quien ha seguido de cerca el caso, explicó que "la denuncia realizada por la ministra generó una investigación penal por parte del Ministerio Público. Hoy, el fiscal solicita al tribunal el sobreseimiento de la causa, ya que considera que dentro de la investigación, no se comprobaron delitos", explicó.

"Lo que me llama la atención es que si bien se asegura que las terapias no se habían desarrollado con anestesia, sí se utilizaron terapias alternativas. Aquel punto no se había escuchado anteriormente, nadie dio cuenta de esas terapias y eso llama la atención", agrega.

En cuanto al recurso de protección interpuesto por su persona, el profesional asegura que aquel proceso aún está en curso.

"Es posible que la próxima semana tenga lugar la vista a la causa y después de aquello vendría el fallo. Esperamos que se acoja el recurso y que con ello se cumplan ciertas medidas que hemos solicitado, como por ejemplo, mejores condiciones para los pacientes", detalló Elórtegui.

El doctor Ignacio de La Torre manifestó compartir la decisión de la Fiscalía, "en especial por cuanto de manera explícita señala que se ha comprobado que lo realizado por los médicos del hospital, al contrario de lo que sostuvo la exministra, evitó los malos tratos o sufrimiento a los pacientes. Lamentamos que un manifiesto problema de falta de recursos históricamente postergados por el propio Ministerio de Salud fuera judicializado ocupando injustificadamente el término de tortura, lo cual ocasionó un daño a mi juicio irreparable de la imagen y prestigio del hospital", declaró. Sus palabras fueron compartidas por el diputado de la zona, Andrés Celis, quien indicó que "esperamos que los asesores de la ministra de Salud, quienes hicieron estas acusaciones sin pruebas, se atengan a las consecuencias de tan garrafal error".

Sorpresa causó el remate por cobranza laboral del conocido restaurante de Valparaíso, "La Joya". Ante su éxito innegable, muchos porteños quedaron conmovidos con la noticia, sin embargo, la historia dice relación con una millonaria deuda laboral con la excontadora del local, cifra que asciende a los 26 millones de pesos.

Según explica el abogado de la afectada, Gabriel Cáceres, los hechos comenzaron en el año 2019, fecha en la que presentaron una demanda por "despido indebido, nulidad del despido, cobro de cotizaciones, horas extras, feriado proporcional, daño moral y demás prestaciones adeudadas", tal como explica el documento.

"Ella comenzó a trabajar el año 2018 en 'La Joya', entró como secretaria administrativa. En un principio se supone que le iban a hacer un contrato indefinido, bajo la modalidad del artículo 22 del Código del Trabajo, sin embargo la empresa le indicó que tenía que emitir boletas de honorarios y luego se regularizaría el contrato, lo que no ocurrió hasta febrero del 2019. Es decir, estuvo meses bajo una informalidad", contextualiza el abogado, quien detalla que las labores de su representada "eran de contabilidad".

"La señora Elizabeth Pusic, una de las representantes del restaurante, en ese tiempo, fue creando un ambiente hostil contra mi representada y en algún punto, la trabajadora fue finalmente despedida porque ya la relación laboral era insostenible", añade Cáceres.

Una vez despedida, la trabajadora comenzó a realizar gestiones para demandar al reconocido local. "No le pagó el finiquito, que era lo que correspondía. Eso es lo primero. Tuvimos que demandar el no pago de las cotizaciones y el despido injustificado", asegura el abogado.

Deuda y remate

Bajo este contexto, el abogado explica que cuando no existe el pago de las cotizaciones y el despido es declarado injustificado, lo que ocurre es que "el despido es nulo para todos los efectos y se deben seguir pagando las remuneraciones, esto se conoce como Ley Bustos; esta deuda sigue su curso, sigue aumentando, hasta el día de hoy. Alcanza los 26 millones 751 mil pesos".

Hoy, el panorama llegó hasta el remate de las dependencias, que hasta la fecha, no ha tenido oferentes, sin embargo, señala Cáceres, "lo que estamos buscando es que en un segundo remate, nos podamos adjudicar las patentes y ver la posibilidad de una sanción administrativa por parte de la municipalidad para buscar la clausura del lugar. Es una de las herramientas a perseguir a futuro".

Consultados los dueños del local, estos declinaron referirse al tema ya que aún está radicada en los tribunales de justicia.