Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

"Es satisfactorio saber que se hizo justicia". Son las primeras palabras del hijo de Eduardo Lara, Luis, al referirse al pago que el Fisco le deberá hacer a él, a sus hermanos, y a su madre luego del fallo de la Corte Suprema que acogió la demanda civil presentada contra el Estado tras la muerte de don Eduardo el 21 de mayo de 2016 en Valparaíso.

Aquel día, en medio de la marcha paralela a la cuenta pública presidencial, una turba incendió una farmacia de Pedro Montt con Las Heras, escalando el fuego hasta las oficinas del Concejo Municipal, donde se encontraba Eduardo Lara ejerciendo labores de seguridad.

Error en la justicia

Como consecuencia, Eduardo Lara murió y el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a 6 sujetos por el delito de incendio con resultado de muerte, uno de los ilícitos más graves de la legislación. Sin embargo, cinco de los sentenciados se encuentran prófugos sin haber puesto un pie en la cárcel, pues afrontaron el proceso en libertad, lo que Luis Lara califica como "un error de los administradores de justicia".

En lo civil, el máximo tribunal acogió la demanda rechazada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y estableció una "falta de servicio" por parte de la entonces Gobernación Provincial de Valparaíso, que autorizó la marcha "en circunstancias que las deficiencias en materia de seguridad eran evidentes", lo que fue advertido en un informe de Carabineros.

"La Corte Suprema estableció que la cosa era como nosotros decíamos, que faltó conocimiento y trabajo más esforzado de las autoridades de la época en cuanto a las normas de seguridad para el desarrollo de las marchas", señaló Luis Lara.

"El que fue intendente de la época (Gabriel Aldoney) dijo que el documento de Carabineros no era vinculante y si el documento emitido por el ente que se relaciona expresamente con el orden público no es vinculante, no sé qué documento es vinculante bajo la percepción de este caballero".

Decisión errada

Agregó que el entonces gobernador Jorge Dip "me dijo 'yo no voy a dejar de autorizar marchas' y eso me da a entender que los informes de posibles riesgos para las personas o para la infraestuctura les daba lo mismo. Entiendo y comparto el derecho a manifestarse, pero el derecho más importante es el derecho a la vida". "Ese tipo de documentos no se hace por cumplir, tiene una finalidad y es importante que (en la sentencia) queda claro que la decisión fue errada".

¿Debería esta sentencia marcar un precedente para las actuales autoridades al momento de autorizar marchas? Luis Lara dice que sí: "sería importante que la tuvieran presente, que al menos la vean".

Lo anterior porque "la Corte Suprema les está diciendo en qué fallaron, entonces sería interesante que ante cualquier desplazamiento de movimientos sociales en el plan de la ciudad, las autoridades lo tengan presente y adopten las medidas necesarias para atacar cualquier situación de emergencia".

Violencia desatada

En ese sentido, Lara reflexiona y sostiene que "la violencia se ha desatado" y que "cada vez que se llama a una marcha, termina en forma violenta, entonces perdir permiso es pedir permiso para destruir".

Asimismo, Lara indica que a nivel de Estado y dejando de lado los colores políticos "no sé qué pasa que no se toman las medidas para resguardar a las personas que realmente necesitamos seguridad. Aplicamos la Ley de Seguridad del Estado, pero para algunos no más".

Finalmente, junto con comentar que "nunca más" tuvo relación con el municipio porteño tras el acuerdo extrajudicial al que llegaron, también señaló que "hemos tenido conversaciones con Carabineros para que nos ayuden en la captura de los sujetos que faltan, siempre dentro de lo que puedan aportar porque lamentablemente el trabajo de la Fiscalía termina con la sentencia", dijo Lara.

Fueron casi 40 días los que permaneció desaparecida Jennifer Nicol Miños Córdova, mujer de 30 años y madre de tres hijos que había sido vista por última vez por sus familiares, en el cerro Jiménez de Valparaíso.

La angustia de sus familiares, y en particular de su madre, Paola Córdova, llegaron a su fin cuando detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso lograron ubicarla en la ciudad de Viña del Mar.

Así lo confirmó el comisario de esta unidad especializada de la PDI, Carlos Galvez Madrid.

"El día de ayer (lunes), en horas de la tarde, detectives de esta brigada especializada lograron dar con el paradero de la presunta desgracia de Jennifer Miños Córdova, la cual se encontraba desaparecida desde el día 22 de octubre del presente año (...) Se logró constatar que la mujer se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud y que durante el tiempo de desaparición se mantuvo en el sector céntrico de Viña del Mar en situación de calle", precisó el oficial.