Francisca Palma Schiller

A 48 horas de que el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobara la posibilidad de tramitar el leaseback para dar solución al conflicto de la atención primaria de la salud, concejales de la Ciudad Jardín desmenuzaron el amplio debate previo a la aprobación mayoritaria de este martes.

En palabras de los ediles consultados, los tres inmuebles que podrían convertirse en la herramienta para ofrecer a la banca "serían poco atractivos". Además, aseguran que la clave está en barajar distintas propuestas, es decir, iniciar conversaciones para plantear un "plan B": una de alternativa sería modificar el presupuesto 2023.

"Se tienen considerados tres inmuebles donde hoy funcionan dependencias municipales, lo que no los hace muy atractivos para la banca, ya que en caso de no pago son muy difíciles de rematar o embargar. La administración anterior ya había ofrecido alguno de estos terrenos para hacer un leaseback, el de 5 oriente, pero ningún banco se interesó. Lo que me preocupa es que estemos meses ilusionándonos con que estos dineros puedan llegar y después de un largo proceso no existan interesados; hoy los bancos están muy estrictos con los créditos", indicó el concejal independiente ProPS, Sandro Puebla.

Para su colega de la UDI, Antonia Scarella, una de las abstenciones en la votación del martes, el leaseback "no es una decisión responsable".

"No es algo que solucione el problema hoy día a los trabajadores. Podríamos tener noticias recién en un año y no son seguras, porque estamos en un escenario complejo, de crisis económica. Esto, además, llevaría a que la deuda crezca", añadió.

¿habrá INTERESADOS?

Quien fue más tajante y entregó en detalle cifras necesarias para entender el panorama fue el concejal DC, René Lues.

"Debido a la situación de recesión que está comenzando a vivir Chile y a las condiciones económicas que se aprobaron para el leaseback, estimo que será muy difícil que haya entidades financieras interesadas en concretarlo. En efecto, se solicitan $17.517 millones con la venta de dos inmuebles municipales que suman como tasación comercial la cantidad de $19.464 millones, esto es una venta al 90% de su valor comercial, a 10 años plazo y con un 5.5% de interés anual, muy bajo considerando las altas tasas de interés que tiene hoy el mercado", detalló.

"Lo más probable entonces es que, aun cuando se consiga la aprobación de la Dirección de Presupuesto para llevar adelante este proceso y autorizar el endeudamiento del municipio, no haya interesados y ahí tendremos una situación muchísimo más grave y dramática que la que tenemos hoy, pues ni el municipio ni la Corporación tienen un plan B si aquello ocurre. Es decir, estamos sometiendo a nuestros funcionarios y funcionarias a resolverles sus urgentes y legítimas exigencias de pago de sus imposiciones y descuentos voluntarios, a través de un instrumento financiero de muy incierta aprobación y más encima sin un plan B para continuar después", agregó.

Plan b

Sobre un posible plan B, Lues explica que, junto con Scarella y Martínez, han presentado una propuesta de redistribución del presupuesto 2023, opción que se encontraría en estudio.

El objetivo de esta modificación es "rebajar varias partidas por un total de $10.000 millones para transferir esos recursos a la Corporación, y así abordar la deuda al mes de diciembre de los funcionarios y funcionarias, en relación a sus cotizaciones previsionales por $8.734 millones y a la de descuentos voluntarios por $1.627 millones. Es la deuda urgente para nuestros funcionarios y la deuda cara para la Corporación, pues es la que genera, según han señalado sus autoridades, $1.800 millones en gastos de multas e intereses al año".

Para el concejal UDI, Jorge Martínez, quien también se abstuvo en la votación, "la ciudad no resiste endeudarse más", detallando que las partidas que se pretende rebajar dicen relación con gastos en personal, en servicios de consumo, tales como aseo y mantención de jardines y obras, las cuales permitirían liberar "10 mil millones de pesos".

"El leaseback tiene cuatro desventajas: nos traería cerca de 5 mil millones en intereses, nos obliga a vender bienes municipales, a esperar meses para pagarle a los trabajadores y es una herramienta que nadie la asegura", reaccionó.

1.800 millones de pesos genera anualmente la deuda a la Corporación en gastos de multas e intereses.

Rompieron sus lentes, lo golpearon y lo amenazaron para intimidarlo. Fue la cobarde agresión de que fue objeto el periodista Juan Pablo Rojas, del diario "El Observador" y la Radio "Quillota" de esta comuna, ataque que ocurrió en dependencias del mismo diario y mientras entrevistaba a un hombre y una mujer que se identificaron como integrantes de la toma "vip" de Colmo.

Tras la violenta agresión, la pareja huyó del lugar abordo de un vehículo que los esperaba. De manera inmediata , sus compañeros de labores llamaron a Carabineros y el profesional fue atendido y llevado a constatar lesiones.

La delegada presidencial regional, Sofía González, informada del hecho tomó contacto con el general de la V Zona de Carabineros para acelerar las pesquisas de los agresores. El alcalde de Quillota, Oscar Calderón, condenó el hecho como un grave atentado a la libertad de expresión y reiteró el compromiso del municipio por proceder al desalojo y demolición de la toma de Colmo. La Empresa Periodística ya encargó una demanda contra los que resulten responsables de las amenazas, injurias y agresiones al interior de las oficinas del medio.