La Asamblea General de Naciones Unidas, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante con el objetivo de difundir información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos.
En nuestro país, las olas migratorias con epicentro en el norte de Chile se han convertido en una constante. Y pese a tratarse de una materia de especial relevancia, lamentable e injustamente suele ser invisibilizada.
El proceso migratorio supone un conjunto de realidades diversas. Al tener necesidades distintas a las de los adultos, niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y refugiados requieren de una protección especial, considerando también la protección especial de sus familias para que puedan propiciarles un cuidado apropiado. Esta protección especial no puede estar supeditada a su nacionalidad, ni a su estatus migratorio o al de sus padres o cuidadores. En otras palabras: el Estado tiene el deber de diseñar políticas y leyes que proporcionen una protección integral a los niños y a sus familias en el contexto migratorio, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas.
Ante la envergadura de esta crisis humanitaria, y en el marco de esta fecha efeméride, resulta fundamental entregar propuestas oportunas al contexto para personas migrantes y refugiadas, con esfuerzos centrados en brindar ayuda inmediata y permitir la inclusión socioeconómica, especialmente para los más vulnerables.
Sólo así lograremos una real democracia, un real desarrollo, una real sociedad inclusiva que supere su relación de violencia contra la niñez.
Harry Grayde Klenner
Director ejecutivo de World Vision Chile
