Arranca juicio de carabineros acusados de disparar a una multitud en 2019
Hecho ocurrió en Viña del Mar durante el estallido social. Fiscalía dice que dos policías hicieron uso excesivo de la fuerza hiriendo a 8 personas. Defensas apuntan al agobio policial y que "era estrictamente necesario".
Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso
En Viña del Mar comenzó el juicio contra un sargento y un capitán de Carabineros acusados de apremios ilegítimos con resultado de homicidio frustrado, disparos injustificados y -solo respecto del oficial- falsificación de instrumento público.
Los hechos acusados por Fiscalía ocurrieron el 22 de octubre de 2019 en la Plaza Sucre, en el marco del estallido social, cuando en medio de disturbios los carabineros acusados, presuntamente, dispararon en contra de los manifestantes hiriendo a ocho de ellos -siete atribuidos al sargento y uno al capitán-, causándoles lesiones graves y/o fracturas en sus extremidades.
Falsificación de parte
En cuanto al delito de falsificación de instrumento público, la Unidad de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional dice que el entonces capitán M.G. lo cometió al declarar que tras los disparos corroboró que no había personas lesionadas, versión que quedó estampada en un parte policial que la Fiscalía maneja como parte de la prueba que llevará a juicio.
De esta manera, para el capitán el Ministerio Público pide penas que suman 16 años de presidio, mientras que para su subalterno se solicita la pena de presidio perpetuo simple, es decir, al menos 20 años de cárcel efectiva antes de poder postular a beneficios.
En sus alegatos de apertura el fiscal Juan Sebastián de la Fuente abordó la regulación del uso de la fuerza que no se habría cumplido en cuanto a su gradualidad y proporcionalidad, pues "se utilizó un arma que eventualmente podría quitarle la vida a una persona".
"abusaron del cargo"
"Incluso una persona no militar sabe que disparar a una multitud de personas puede ocasionar la muerte. Apremios porque son funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones abusaron de su cargo", dijo el persecutor.
"No existía motivo ni razón, ni como dice la circular (del uso de la fuerza) una amenaza potencialmente letal, tanto para los funcionarios de Carabineros como para terceros", acotó el fiscal.
Como acusadores también se encuentran en el juicio el Consejo de Defensa del Estado, que indicó que hubo "un uso excesivo de la fuerza", y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde donde precisaron que la "vasta experiencia" de los acusados los hacía saber que sus armas "eran letales", por lo que su uso fue "excesivo e ilegítimo".
De igual forma se hizo presente la querellante Johana Montivero como representante de una víctima que al momento de los hechos era menor de edad. Ella aseguró que su representado no portaba elementos amenazantes y que incluso habría sido lesionado por la espalda.
El agobio policial
El abogado defensor del oficial, Juan Carlos Manríquez, apuntó a los magistrados y les dijo que "van a tener la posibilidad de sentir los ruidos, las piedras, el humo, los gases, pero no van a sentir el agobio desde las 7 de la mañana", dijo el defensor remitiéndose al contexto de los hechos que hoy son materia de juicio y que habían partido en días previos con una serie de incidentes violentos.
"Los llamados, las urgencias, las coberturas, las peticiones de cooperación, la solicitud de material de trabajo que no llegó. ¿Es esa la violencia institucional que tenemos que juzgar? Démosles a cada cual lo suyo", dijo el defensor emplazando al Consejo de Defensa del Estado sobre la acusación hecha sobre funcionarios estatales.
Por su parte, el defensor Daniel Muñoz, representante del sargento, agregó que en el lugar de los hechos "se reunieron cerca de 3 mil personas".
"El uso de las armas fue estrictamente necesario, carabineros acosados, acorralados, tenían que defenderse, tenían que impedir que la multitud avanzara. (…) Después que se usaron los revólveres llegó el refuerzo de los elementos lacrimógenos y por eso con posterioridad las personas se sentaron en el suelo y levantaron las manos", agregó el abogado.
24 de febrero es la fecha aproximada en la que debería culminar este juicio donde se persiguen penas de cárcel.