L. R. C.

La Asociación de Isapres congeló su participación en una mesa con el Gobierno para enfrentar la crisis del sector, profundizada por un fallo que modificó la tabla de factores autorizada para reajustar planes, al tiempo que le exigió que aclare si "dejará caer" el sistema privado.

"A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema, y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el ministerio de Salud, constatamos con alerta y preocupación que el Gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las isapres", dijo el gremio.

"Restan 120 días, conforme al plazo que entregó la Corte Suprema, para definir un mecanismo que evite el colapso de las isapres, afectando a la red de salud completa. Pero la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa", añadió la entidad, que agregó que con eso no evitaría la quiebra de las isapres, sino que traspasaría a los afiliados a Fonasa cuando colapse el sector. "Tampoco previene el término de las coberturas de más de 3 millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente. Por ello, se debe aclarar si la intención del Gobierno es dejar caer el sistema privado de salud, lo cual creemos que es un profundo error del que no queremos ser parte, pues pone en riesgo la vida de personas y genera un daño inestimable a la red", agregó.

Antes del comunicado, la ministra Ximena Aguilera había valorado unas aclaraciones entregadas por la Corte Suprema, como que no era posible ajustar los precios base para compensar la rebaja por la tabla de factores; y materias relativas al factor de hijo menor de dos años y a la devolución de los dineros.

Durante la tarde, la autoridad lamentó la decisión, pues a su parecer dicha "actitud solo conlleva a propiciar incertidumbre no fundada en la población".

En un comunicado Aguilera sostuvo que la asociación no les comunicó formalmente su determinación ni les fue esbozada.

El Presidente Gabriel Boric instruyó a los ministerios, servicios públicos e instituciones como las Fuerzas Armadas y Carabineros que realicen una evaluación de sus terrenos disponibles que sean susceptibles de ser destinados para la construcción de viviendas sociales, a fin de ayudar a resolver los problemas habitacionales que aquejan al país.

La firma de la circular fue comunicada durante la reunión de gabinete sostenida ayer en La Moneda. En ella el ministro de Vivienda, Carlos Montes, hizo una exposición sobre la materia, en que indicó que la ausencia de suelo para construir era uno de los factores que ha tenido frenada la actividad.

"Estimamos que hay alrededor de 1.000 hectáreas de las Fuerzas Armadas que pueden ser posibles de utilizar para programas habitacionales, se han iniciado conversaciones. En algunos tienen disposición más flexible y en otras menos, pero esperamos que tengan conciencia de que es una emergencia nacional", dijo en radio Cooperativa.

Montes añadió que otra institución con abundancia de suelo "en todo Chile" es la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que si bien indicó que se "protege mucho", ya hay conversaciones.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en colaboración con la Policía de Investigación (PDI), detuvo en Antofagasta a un delincuente colombiano buscado a nivel internacional como sospechoso de cometer una serie de graves delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.

El sujeto detenido tiene 26 años y se le achacan varios presuntos delitos como homicidio, tráfico de armas y tráfico de drogas, entre otros. El detenido ingresó al país por algún paso no habilitado y sin que las autoridades nacionales lo registraran.

Según el jefe nacional subrogante de Cooperación Internacional, Christian Serón Leal, el éxito de la operación se debe a la cooperación con las autoridades colombianas, quienes aportaron información sobre el sospechoso.

La investigación comenzó con un requerimiento a las autoridades colombianas sobre los antecedentes judiciales del sujeto y el aporte de información por parte de la Interpol. De esa forma, las autoridades chilenas se percataron que sobre el sospechoso pesaba una orden internacional de detención y se procedió a su captura en Antofagasta. Quedó ayer en prisión preventiva por falsificación de patentes y otros delitos.