Los dirigentes políticos están muy preocupados por hacer alianzas para las elecciones de consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo. Pero ninguno ha dicho que aumentarán drásticamente los paupérrimos requisitos que hoy se exigen para ser consejero (ayer constituyente). Porque, ojo, mucho ojo, pasará lo mismo que en el Congreso, cuando son elegidos senadores y diputados cumpliendo con muy básicos requisitos y que luego deben ser apuntalados por batallones de asesores, surgiendo la duda... ¿Quién legisla, representa y fiscaliza en el Congreso, el senador o el diputado que elige la señora Juanita o el batallón de asesores que lo debe apuntalar para que haga su pega de parlamentario?

En este caso, ¿quiénes serán los que definitivamente redactarán la nueva Constitución, los consejeros que elegirá la señora Juanita el 7 de mayo o será redactada por el grupo de expertos constitucionalistas que propone el Congreso?

¿O la presencia de consejeros constitucionales hoy, ayer constituyentes, es para decir después que el proceso fue democrático y participativo, porque los eligió la señora Juanita, aunque sus respectivos aportes, en la cuenta final sea mínimo (igual que en el Congreso, por la presencia

de asesores)?

Luis Enrique Soler Millar

Como ya suele ser una constante en nuestro país, todas las discusiones públicas terminan en un enfrentamiento ideológico, pero no toman en cuenta a las personas. Sucede hoy con el tema de las isapres, donde las ideologías en torno a cómo debe ser el sistema de salud se superponen a la realidad de tres millones de chilenos que son afiliados a estas instituciones de salud. Todos se concentran en disparar en contra de las isapres, el negocio de la salud y las millonarias utilidades que han generado en los últimos años. Todo eso es verdad, nadie lo niega, pero lamentablemente nadie habla de qué pasará con las personas y familias que están en este sistema si es que el gobierno no interviene para llegar a una solución al menos temporal. No estamos hablando de gente rica, en su mayoría son familias de clase media a quienes les ha resultado más beneficioso este sistema que el de Fonasa, por diversas e históricas razones. ¿Por qué ellos deben pagar los platos rotos por esta discusión ideológica? No hay que salvar a las isapres, hay que proteger a sus usuarios. Así es como debe enfrentarse esta discusión. Está claro que el sistema sanitario en Chile debe cambiar hacia uno donde la salud sea un derecho social garantizado y donde no impere el lucro, pero aquello debe hacerse a través de una reforma bien pensada y no dejando en la incertidumbre a millones de chilenos. Muchos estamos a favor de cotizar en un sistema único de salud, que mejorará sin duda las finanzas del Fonasa, pero todavía hay que corregir muchas cosas, partiendo porque Fonasa se transforme en un mejor pagador y permita que el sistema sanitario privado pueda continuar operando. Si Fonasa no paga a tiempos a sus prestadores, muchos de ellos no quieren trabajar con Fonasa, como ya ocurre en la práctica. Y Chile no puede darse el lujo de prescindir de los prestadores privados de salud, ya sea médicos, especialistas, clínicas, exámenes, los que permiten atender parte de la oferta que el sistema público hoy en día no puede cubrir. Quedó más que claro en la pandemia. Si queremos eliminar las isapres, partamos arreglando las cosas desde

el Estado y haciendo una buena reforma que permita fortalecer el sistema e incluir a los prestadores privados regulando o sacando

el lucro de la mesa (como ya

se hizo con los colegios

subvencionados en la educación). Pero no podemos dejar caer

el sistema por cuestiones

puramente ideológicas.

Iván Espinoza