Al menos molestia nos debe causar que los incendios forestales, en las magnitudes que vivimos este año, se repitan año tras año, ya que no sólo afecta a quienes directamente pierden a sus seres queridos, a sus animales, sus campos, sino que además genera miedo en el resto de la población colindante a estos siniestros y coloca en riesgo la seguridad agroalimentaria de toda la nación. El temor, el miedo y la angustia afectan a muchos de los que sienten de cerca el fuego, pero todavía más, afecta más a los niños, adultos mayores o enfermos. Proyectos de vida, familiares y laborales son los que se destruyeron. La afectación va mucho más allá de lo meramente material. Los discursos de autoridades públicas sobre seguridad de nuestros poblados, de nuestros campos, de la flora y fauna no tienen ningún sentido si no se previenen los incendios de manera efectiva y se persigue y sanciona a quienes cometen este tipo de delitos. Sólo recordar que ante la gravedad de los hechos que vivimos, los funcionarios de la Conaf se plegaron en noviembre del año pasado a la movilización de los Guardaparques por problemas laborales y de seguridad, reclamando legítimas mejoras que no tuvieron una refrendación adecuada en la ley de presupuesto de 2023 por quienes hoy son autoridades de Gobierno. Los que cometen estos delitos generan un daño material e inmaterial, colocan en riesgo la seguridad agroalimentaria y generan miedo en la población general y es por eso, que vale la pena preguntarse hasta cuándo las autoridades del Gobierno Central serán permisivas y actuarán con la fuerza que se requiere en la persecución de este tipo delitos durante todo el año y condenarán siempre la intencionalidad en este tipo de hechos.

Jaime González Kazazian

Las clases ya comenzaron, en momentos en que en nuestro país, precisamente, los uniformes escolares lideraron el IPC de comienzo de año con un 17%, y el costo de la vida se ha elevado muchísimo.

También en esta época vuelve a aparecer la temida lista de útiles escolares. Pero ¿Qué tan obligatoria es? Es importante tener claro que ningún establecimiento educacional puede solicitar que los útiles sean adquiridos en un lugar determinado, o que sean de una marca específica, excepto por razones pedagógicas o sanitarias, que deben ser acreditadas por el colegio. Otro aspecto a tener en cuenta en las listas es que en ningún caso pueden incluir materiales de oficina o aseo, ya que estos deben ser proporcionados por la misma institución.

En cuanto al uniforme, cada colegio puede señalar como obligatorio su uso, pero debe estar especificado en el Reglamento de Convivencia Escolar y la obligatoriedad debe ser comunicada a más tardar en marzo. Su uso es exigible solo 120 días después de dicha notificación. Tal como los útiles, los colegios tampoco pueden exigir la adquisición del uniforme en una tienda o proveedor específicos, ni marcas.

Y lo más importante de todo: ningún establecimiento puede prohibir el ingreso o la permanencia de un estudiante que no cumpla con las normas del uniforme escolar. Tampoco puede ser privado de actividades escolares, ni poner una nota o calificación por el uso de este.

Pamela Docmac

Socia Fundadora de Sostiene