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Cordero confirma que solicitud de indulto ingresó al ministerio en enero

El ministro aseguró que "actualmente está en procedimiento" y que "tendrá que ser objeto de evaluación".
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Matías Gatica Lindsay

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó ayer que el 13 de enero de este año ingresó una nueva solicitud de indulto a su cartera. Esta corresponde a una persona condenada en el contexto del estallido social que vivió Chile en el 2019.

Este jueves el Tribunal Constitucional llevó a cabo una audiencia de alegatos por el requerimiento ingresado en enero de este año por senadores de Chile Vamos y el partido en formación Demócratas para impugnar siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

En dicha instancia, al ser consultado por el tribunal, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, admitió que hay una nueva petición de indulto en el Ministerio de Justicia, pero que aún no ha sido resuelta.

La mañana de ayer, luego de salir de una reunión con los delegados presidenciales, el Presidente Boric fue consultado acerca de los dichos de Letelier, a lo que no quiso pronunciarse en detalle y sólo respondió que "todo está en el TC".

Más tarde, el ministro Cordero ofreció un punto de prensa para hablar sobre el tema. "El tribunal lo que pide es informar si tras esa fecha existen solicitudes que hubiesen ingresado al Ministerio de Justicia. Hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos, en la sección indultos de la División de Reinserción Social y en algún momento llegará a mi escritorio (...) Y tendrá que ser objeto de evaluación", dijo el secretario de Estado.

Luego de conocerse esta nueva solicitud, el secretario general de RN, Diego Schalper, aseguró que "no vamos a aceptar un nuevo indultado. Por lo tanto, cuando hemos conocido que se están tramitando nuevos expedientes, le digo desde ya, que en la oposición vamos a ser tenaces opositores en una política como esa que siga enviando señales de impunidad, cuando lo que el país necesita son señales de tranquilidad, seguridad y estabilidad".

En la misma línea el senador DC Ivan Flores indicó que "indultar hoy día no es una prioridad nacional. La prioridad es que el Gobierno comience a preparar una agenda integral e integrada y no proyectos que picotean el código, las atribuciones, la institucionalidad".

En el oficialismo, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibañez, dijo que "desconozco los antecedentes, de todas maneras es una facultad que le corresponde al propio Presidente".

Gendarmería y tc

Según publicó ayer el medio Ex-Ante, el Gobierno pidió al TC no revelar los expedientes de los indultados, debido a que los informes de Gendarmería fueron desfavorables, pues aseguran que los documentos señalaban que ellos tenían riesgos de reincidencia "altos" y "muy altos".

Por su parte el TC pidió el jueves más antecedentes al Gobierno sobre las solicitudes de indultos pedidas antes del 29 de diciembre del año pasado por condenados en el contexto del estallido social.

Gobierno reconoce que busca terminar con AFPs

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La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se reunió ayer con la nueva presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Paulina Yazigi. Luego de la cita, la secretaria de Estado reconoció que desde el Gobierno buscan el fin de las AFP.

"Como Gobierno, hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de AFP se termine", afirmó Jara, quien agregó que esto es necesario para "dar paso a un sistema en el cual haya un servicio público en las actividades de soporte y diversos inversores, tanto públicos como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir".

"Esperamos que la reforma (previsional) continúe su curso y que el foco esté puesto, más que en una determinada industria, en los jubilados y en los cotizantes, con el objetivo de aumentar el monto de las pensiones", aseguró Jara.

Por su parte, Yazigi afirmó que un "cambio radical le entrega al Estado el poder total de la recaudación, atención y administración de las cotizaciones actuales y futuras. Plantea riesgos que hoy no están considerando (...) El Gobierno sabe, porque así lo han señalado expertos, que su proyecto no es sostenible, ni mantiene los principios que más valoran las personas".