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Un prófugo y un indulto que cambiaron la agenda política

Dos de los detenidos por el crimen de la ahora suboficial mayor Rita Olivares eran un reo fugado de la cárcel y un indultado por COVID. Diputado Lagomarsino propuso que se declare estado de excepción en la zona.
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Francisca Palma Schiller

El asesinato de la sargento Rita Olivares no solo ha causado conmoción en los compatriotas, sino que también ha abierto el debate sobre qué medidas serán claves, de ahora en adelante, para detener los hechos delictivos que sacuden al país.

El clamor popular en las calles es uno solo: la seguridad es la prioridad número uno, sin embargo, aquella necesidad parece sobreponerse a lo que realmente sucede a nivel nacional. Este brutal caso así lo confirma: entre los detenidos hay un prófugo de la justicia y un indultado por el Ejecutivo, cuestión que hace cuestionarse qué está sucediendo con las penas efectivas de los antisociales ylos informes que se elaboran para quienes optan a estos beneficios.

Con el objetivo de responder esta interrogante, parlamentarios de la zona dieron su parecer.

"Esto demuestra una vez más las falencias de nuestro sistema penitenciario y posteriormente con los procesos de reinserción social, donde lamentablemente cuando salen de la cárcel vuelven a delinquir y tampoco se da abasto para hacer un correcto seguimiento de quienes salen en libertad", señaló la diputada RN, Camila Flores.

Indultos

Particularmente sobre los indultos, la parlamentaria es tajante: deben terminarse.

"Recordemos el lamentable caso de Ámbar Cornejo. Los procesos para otorgar beneficios carcelarios, en los cuales a veces no se consideran los informes entregados de parte de Gendarmería y se le termina dando la libertad a personas sumamente peligrosas. Esto, sin perjuicio de que se debe quitar la facultad suprema que hoy tienen los Presidentes para conceder indultos, lo que debería quedar establecido constitucionalmente", analizó. Y agrega: "los indultos deben ser entregados en casos muy particulares, por razones humanitarias y debidamente justificados".

Quien también compartió el término de este beneficio fue el diputado PR, Tomás Lagomarsino. "El indulto es un resabio monárquico, el cual el rey perdonaba a quienes habían cometido algún delito. Deberían desaparecer de nuestro ordenamiento constitucional y no deben ser ocupados por ningún gobierno", declaró.

Sumándose a estas palabras, su colega de RN, Andrés Celis, precisó que, "los indultos deberían tener dos requisitos. Primero, que el informe de Gendarmería sea obligatorio y vinculante en cuanto a que este sea favorable. Segundo, que sea por razones humanitarias".

Con o sin este beneficio

Por otro lado, el diputado RN, Andrés Longton hizo la diferenciación entre los indultos otorgados por el Presidente de la República versus los generales.

"Son contextos totalmente distintos -lo del detenido Luis Martínez- a los indultos ejecutados por el Presidente Boric que fueron por razones políticas. Los indultos generales son por temas humanitarios o de salud. En ese momento fue por salud a una persona que había cumplido dos tercios de la pena y fue ratificado de manera transversal en este Congreso por penas menores, habiendo cumplido gran parte de la pena privado de libertad. La situación hoy no habría cambiado mucho; esa persona habría estado también en libertad si no hubiese existido un indulto", explicó.

Este último punto lo subrayó durante la jornada de ayer el exministro de Justicia, Hernán Larraín, quien, luego de ser consultado por el indulto de Martínez, respondió diciendo que, "es importante saber que con o sin indulto, con o sin rebaja de pena, en marzo del 2021 este señor habría estado en libertad. De manera que no tiene una relación causal con lo que ha ocurrido ahora".

Registro de prófugos

En medio del debate y la necesidad de poner sobre la mesa iniciativas que vayan en beneficio de prevenir, controlar y evitar el delito, es que los parlamentarios también están presentando proyectos.

En ese sentido, hoy se está incentivando la creación de un Registro Nacional de Prófugos, idea presentada por el diputado de EP, Jorge Guzmán, con el respaldo y participación del diputado Longton y Henríquez Leal.

"Es relevante que los chilenos sepan si tiene un vecino o vecina que es prófugo de la justicia; esa información es vital para poder saber con seguridad si están viviendo en un barrio seguro y tranquilo y que sus hijos pueden jugar por la calle o que pueden llegar tranquilos de los establecimientos educacionales, eso es lo mínimo", aseveró Andrés Longton.

"También queremos que este proyecto vaya de la mano con el proyecto que presentamos hace algún tiempo, que sanciona penalmente a quien se fuga de la cárcel: hoy día fugarse de la cárcel sale gratis. La persona que está inculpada por el homicidio de la sargento Rita Olivares no va a tener ninguna pena por haberse escapado de la cárcel, la sanción es administrativa, es decir, hay aislamiento o incomunicación por unos pocos meses, por lo tanto hoy día existe un incentivo a escaparse si no está acompañado de una sanción penal", añadió la autoridad.

estado de excepción

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A raíz de la escalada del crimen organizado en estas últimas semanas en la Región de Valparaíso, el diputado Lagomarsino envió un oficio al Ejecutivo para que se declare Estado de Excepción en la zona. "Hace pocos días fue acribillado un narcotraficante en las afueras del colegio Las Acacias, posteriormente cerca de 15 establecimientos educacionales fueron cerrados a propósito de un funeral narco, han habido múltiples tiroteos en sectores de Viña del Mar y finalmente el peak lo realiza justamente el vil asesinato de la sargento segunda Rita Olivares", contextualizó la autoridad. "Esta seguidilla de hechos son más que suficientes para que el Ejecutivo analice seriamente decretar en el Gran Valparaíso un estado de excepción constitucional", añadió.