Priscilla Barrera Llanos

Por unanimidad, la Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso resolvió rechazar la solicitud de libertad condicional del interno Luis Carrasco Tapia, condenado por el homicidio y violación de la estudiante de 17 años, Viviana Montenegro ocurrido en 1998.

En su décimo intento por dejar la cárcel, Carrasco Tapia no resultó favorecido, al igual que otros 510 internos a los que también se rechazó otorgarles el beneficio.

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió 14 de las 525 solicitudes de internos de las distintas unidades penales de la jurisdicción que postularon a este beneficio durante el primer semestre de este año, lo que equivale al 2,7% de las postulaciones.

En la ocasión se revisaron las solicitudes y los respectivos informes técnicos elaborados por Gendarmería en cuanto a concurrencia de requisitos exigibles, tras lo cual se otorgó la libertad condicional a 7 internos del Complejo Penitenciario Valparaíso; 3 del Centro de Detención Preventiva Limache; 2 del Centro de Detención Preventiva Quillota; 1 del Centro de Cumplimiento Penitenciario San Antonio y 1 del Centro de Cumplimiento Penitenciario San Felipe.

Tras el análisis caso a caso se rechazaron 510 solicitudes, lo que equivale al 97.3% del total de ingresos, no otorgándose el beneficio a privados de libertad por no cumplir con las exigencias.

Asimismo, se omitió pronunciamiento respecto a una solicitud, determinación que responde a que el postulado había cumplido la pena antes de la revisión de los antecedentes.

La comisión -que sesionó en modalidad híbrida desde el 5 al 14 de abril- fue presidida por el ministro (s) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Germán Núñez e integrada por los magistrados Danko Koscina, Aída Torres; Angélica Jiménez y Nora Bahamondes; además de la secretaria del tribunal de alzada, Verónica Barrera; el relator coordinador José Vizcarra y las funcionarias Geraldine Negroni y Ximena Vallejos.

Fundación

Para el abogado Héctor Arancibia, de la Fundación Amparo y Justicia que representa a las familias de niños, niñas y adolescentes víctimas de violación y homicidio, la resolución, en particular respecto del caso de Carrasco Tapia los deja conforme y reitera el alto estándar exigible a quienes opten a este beneficio.

"Nosotros hemos insistido en las altas exigencias que debe haber especialmente cuando se trata de delitos de gravedad, como aquellos que nosotros representamos que son delitos de violación con homicidio", precisó el abogado.

Arancibia reiteró que como fundación no están en contra de la reinserción social que es a lo que apunta el otorgamiento de este beneficio, pero "no por eso vamos a bajar el estándar alto que tiene que existir para cuando se decide respecto de sujetos que cometieron delitos de esta gravedad".

El abogado sostuvo que así lo hicieron valer, en el caso particular que representan y que presentaron ante la comisión. "En el sentido de decir que los antecedentes que existen respecto de este interno son antecedentes que no cumplen con aquellos que el decreto ley 321de libertad condicional se tienen que cumplir para que este sujeto pueda recuperar su libertad temprana porque su libertad es un evidente riesgo no solamente de reincidencia y peligro, no solo para nuestra representada y su familia, sino que para la sociedad toda", acotó.

El abogado Héctor Arancibia repara en un aspecto que dice relación con la afectación de la víctimas y que ha dido abordado en el proyecto de ley sobre libertad condicional. "En el sentido que se aumente el período de evaluación de buena conducta al interior del recinto penitenciario y que eso va de la mano con el poder limitar el tiempo luego de un rechazo en que los internos pueden volver a postular al beneficio, porque la ley hoydía lo que dice es que son los 4 últimos bimestres los que se califican como buena conducta. Este proyecto de ley en el que se nos preguntó nuestra opinión, busca aumentar este período a los 6 bimestres - 1 año - y esto va de la mano con una indicación que tiene el propio proyecto que impide a aquellos internos a quienes rechacen el beneficio impide volver a postular dentro del plazo de un año a diferencia de lo que ocurre hoy día que se hace dos veces por año (...)Esto es una revictimización respecto de los familiares víctimas indirectas que no existe manera de medir", acotó Arancibia. Si este proyecto ya fuera ley, Carrasco Tapia sólo habría podido optar a este beneficio la mitad de las veces en que lo ha hecho.

El Concejo Municipal aprobó la exención del pago de derechos de distintos Barrios Comerciales de Valparaíso. La medida favorecerá a 177 locatarios pertenecientes a agrupaciones comerciales ubicadas en las calles Victoria, Pedro Montt, Independencia, Cumming, Bellavista, Barrio Cívico, cerro Alegre y Concepción que han sido beneficiadas con fondos estatales de programas Sercotec.

Esto se traduce en la gratuidad de los permisos municipales que sean solicitados por las agrupaciones beneficiadas para la ejecución y/o cumplimiento de un programa específico, lo que permitirá impulsar la reactivación económica, y el fortalecimiento y recuperación de los barrios de Valparaíso.

La directora de Desarrollo Económico del municipio porteño, Adriana Saavedra, explicó que "con la medida se busca aplicar estas exenciones de forma justa y equitativa a todas las agrupaciones comerciales beneficiarias con fondos estatales, con el objetivo de apoyar las necesidades de las comunidades productoras locales y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la ciudad,", destacó la autoridad municipal.