Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, insistió en que los terrenos tomados de la familia Correa -cuyo padre fue víctima de sicariato- en Quilpué no son aptos para viviendas "salvo que cambien algunos supuestos".

"La alcaldesa de Quilpué dijo que iban a producir una alternativa y estamos a la espera de ver qué alternativa. Si surge una más potente, vamos a evaluarla", dijo el secretario de Estado.

En paralelo, Valentina, hija del malogrado exdueño de los terrenos, Alejandro Correa, recordó la orden de demolición que el 18 de junio del 2021 emitió la entonces seremi de Vivienda, Evelyn Mansilla, disponiendo que se paralicen las obras en inmuebles y que se demuela "toda edificación", "actuación que deberá ser realizada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo con cargo al presupuesto anual", pero que a casi dos años de su emisión aún no es ejecutada.

Orden de demolición

Al respecto, la actual seremi del ramo, Belén Paredes, indicó que no pueden proceder sin un previo desalojo de quienes viven en el lugar.

"Tenemos facultades como Seremi de Vivienda y Urbanismo y se restringen a los procesos urbanísticos, es decir, a la demolición, pero no al retiro de las personas porque para eso se deben hacer acciones legales por parte de los mismos propietarios y en eso nos encontramos", dijo Paredes, quien señaló además que la Dirección de Obras Municipales de Quilpué tiene facultades similares a las de Minvu en materia de desalojo y órdenes de demolición.

Sobre el punto, el ministro Montes sostuvo que "tenemos que discutir la responsabilidad que va a asumir la municipalidad y el apoyo que podríamos darle".

En ese sentido, cabe recordar que la jueza de garantía de Quilpué, Paula Millon, negó al menos en dos ocasiones el desalojo del terreno tras las solicitudes hechas por los abogados de la familia Correa, argumentando dentro de otras cosas que no se sabía quiénes -con nombre y apellido- vivían en el sector conocido como toma Camino Calichero.

Sobre el punto, la abogada especialista en urbanismo, Jeannette Bruna, comentó que "existe una resolución administrativa que ordenó la demolición a través de Serviu. Es el Estado el que debe tomar las medidas para ejecutar sus propias resoluciones para dar cumplimiento a la obligación legal establecida en el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo citado por la propia Seremi Minvu".

En ese contexto, Valentina Correa indicó que "hoy en día nos encontramos con que en el terreno la gran mayoría de las construcciones están abandonadas o a semi construir. Entonces, si el tope es que no se puede desalojar, demolamos aquellas construcciones que no están habitadas".

"Si acá hay un interés o una voluntad de marcar un precedente y cuidar los planes reguladores, se podría partir con esta vía. Si el paso intermedio es hacer un catastro para luego hacer una demolición, perfecto. No me quiero meter en los procesos de los ministerios o servicios, pero ahí hay una herramienta que hay que utilizar, que es esta resolución del 2021", dijo Valentina Correa.

Cambio de uso de suelo

Agregó que "a pedido de la municipalidad, dado que tiene un interés en desarrollar el proyecto que estamos proponiendo, ingresamos una solicitud de cambio de uso de suelo para la porción del terreno que se quiere destinar a viviendas sociales, entonces se va a despejar esa traba que hoy existe invitamos al Ministerio a mirar esto con ojos a mediano plazo", cerró Correa.

18 de junio de 2021 la seremi Minvu del gobierno anterior, Evelyn Mansilla, dictó la orden de demolición.

El Presidente Gabriel Boric nominó ayer al senador socialista Álvaro Elizalde como nuevo secretario general de la Presidencia, luego que Ana Lya Uriarte presentara su renuncia al cargo del que estuvo alejada durante más de un mes a causa de complicaciones derivadas del COVID-19.

Una vez que La Moneda informó la decisión, el expresidente del Senado afirmó que pretendía "contribuir a generar un clima de diálogo que lleve a superar el clima de crispación" política.

El exvocero del gobierno de Michelle Bachelet agregó que trabajará para terminar con las "descalificaciones inmediatas" que surgen en "muchos sectores" cuando el Ejecutivo presenta un proyecto. Lo ejemplificó en el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), que, según él, "muchos que ni siquiera las habían leído y las estaban descalificando".

Desde la oposición valoraron que el Gobierno tomara la decisión, tras varias semanas de incertidumbre por la situación de salud de Uriarte y destacaron que el elegido fuera Elizalde.

"A él le pido de entrada dos cosas. La primera es que ojalá colabore activamente para destrabar la agenda de seguridad. Eso creo que el ministro Elizalde le va a poner una cuota de sensatez a la conversación. Y lo segundo es que ojalá logre lo que otros ministros no han logrado, que es que la coalición de Gobierno actúe de manera más unitaria", dijo el jefe de la bancada de diputados RN, Diego Schalper.

Boric en su época parlamentaria criticaba que los gobiernos de turno sacaran congresales para llevar al gabinete. El senador PS José Miguel Insulza dijo que ahora lo hizo ante "una emergencia que requería a alguien no solo con conocimiento, sino que también a alguien con buenas relaciones en el Congreso".

La salida de Uriarte deja por primera vez un gabinete de Boric con mayoría de hombres.