Inminente detención de proyecto habitacional
Sin recursos para continuar con la construcción "San Cristóbal II", en Quilpué quedó la empresa Icafal. Iniciativa es para 220 familias.
Con la esperanza de tener prontamente su anhelada casa propia después del tropiezo inicial que significó la quiebra de la empresa que construía sus viviendas, los beneficiarios del proyecto habitacional "San Cristóbal II", en Quilpué, vieron cómo las obras se retomaron en octubre pasado. No obstante, siete meses después, nuevamente otro traspié podría paralizar la iniciativa y, con eso, su sueño de tener un techo propio.
Y es que por estos días, ante la imperiosa necesidad de contar con recursos a la brevedad para continuar con las obras, la empresa Icafal -que tomó el proyecto tras el término de contrato con la empresa anterior, Beltec- envió una carta destinada al director regional de Serviu para exponer la problemática.
En la misiva, son claros y entregan incluso un últimatum: si a finales de junio aún no están aprobados los recursos pendientes (por asignación directa) , se procederá a desvincular todo el personal (propio y subcontratado) y detener todas las actividades.
Antes de ese plazo impuesto, hay otras fechas que corren también, ya que desde el reciente 12 de mayo, la obra ya entró en un proceso de ajuste de gastos y de ralentización, lo que implica -entre otras cosas- el inicio del proceso de desvinculación del 30% del personal contratado. Esto conlleva además que los trabajos de urbanización bajarán su ritmo de ejecución en un 50% y los de terminaciones en un 30 %.
En tanto, si al 16 de junio tampoco están aquellos recursos, adelantan que deberán hacer un nuevo ajuste en el personal contratado y se detendrá completamente la urbanización para solo quedar labores de terminaciones y fachada.
Consultados al respecto, desde Icafal indicaron a través de una declaración a este medio que "el problema actual es que se acabaron los recursos y la asignación directa aún no se ha tramitado, debido a que técnicamente no ha sido aprobada por la DITEC y/o la DPH ya que se han formulado reiteradas observaciones a las solicitudes del Serviu Regional".
En relación a esta problemática que podría implicar la paralización de obras que beneficiarían a 220 familias de conductores de la locomoción colectiva del Gran Valparaíso, el director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, aseguró que "ya solicitamos los recursos adicionales para que la obra continúe su ejecución (...) lo que esperamos se concrete dentro de las próximas semanas". Además, indicó que se realizaron las gestiones con el municipio de Quilpué para que un grupo de familias que mantienen tomado un paño del terreno donde se emplazará el proyecto desocupen el lugar. Esto, independiente de las acciones judiciales que siguen su curso normal.