La Conferencia Episcopal de Chile, ante las osamentas descubiertas en Pisagua, emitió una declaración en junio de 1990 que, en parte, dice: "El hallazgo de entierros clandestinos en el norte ha conmovido profundamente la conciencia de Chile. Todos los sectores han reaccionado y comprendido que llegó la hora de dar una curación definitiva a esta llaga expuesta ante el país y el mundo. Solo la verdad, asumida con humildad y valor puede ayudar a la justicia, a la reparación y a la reconciliación. Muchas veces llamamos la atención, con responsabilidad, sobre los hechos dolorosos que vivíamos. Hoy, cuando la dura realidad se nos impone, es sano para todos asumir la verdad. Comprendemos que para muchos era y sigue siendo difícil reconocer y aceptar esos hechos. El país necesita conocer lo que ha pasado, en sus rasgos más esenciales. Es necesario que los muertos sean devueltos a sus familiares o que ellos al menos sepan donde han sido enterrados". A raíz de la denuncia presentada por la Vicaría de la Solidaridad, el 2 junio de 1990 se produce el hallazgo en Pisagua de los restos de las 19 personas asesinadas en 1973 y 1974, cuyos cuerpos fueron arrojados en una fosa común.

Derico Cofré Catril

Hace siete años, la Cámara de Diputados en pleno le pidió al ministerio de Salud modificar el decreto 79/2010 que regula los preparados magistrales, a fin de adecuarlo a los estándares internacionales, ni más ni menos. Estos cambios buscaban eliminar una serie de barreras sanitarias que hacen prácticamente inviable la labor de las farmacias con Recetarios Magistrales, quedando la provisión de medicamentos monopolizada por los laboratorios y lo que ellos quieran traer a Chile y a los precios que ellos quieran cobrar.

El Recetario Magistral jamás competirá con los productos terminados que comercializan los laboratorios extranjeros (hay laboratorios nacionales, pero de propiedad mayoritaria de compañías extranjeras). Lo que sí hace y ahí esta su gran pecado, es dejar al descubierto los elevados precios que pagamos los chilenos y al parecer, eso es inaceptable para la industria farmacéutica.

Durante estos siete años, un grupo de técnicos y burócratas se han encargado de mantener en el congelador esta normativa que mantiene los privilegios de la Big Pharma, sin importar las necesidades del país. Estos "monos porfiados" que no conocen de ideologías, durante tres gobiernos de ideas muy distintas, han mantenido a salvo las ganancias de la industria a costa del bolsillo de los chilenos que atraviesan problemas de salud ya sea temporal o de manera crónica.

Es de esperar que algún día, el gobierno de turno, las autoridades de salud y los legisladores, comiencen a pensar más en los enfermos, que en cuidar los intereses de las grandes compañías farmacéuticas.

Daniel Zapata Z.