Redacción - La Estrella de Valparaíso

"En esto no hay puntos medios: o se respeta la ley o se es cómplice de esta cámara de gases. De las autoridades depende no volver a hacer noticia internacional por un nuevo desastre que afecte a la población más vulnerable de nuestro país, niños y niñas".

Con estas duras palabras, Matías Asún, director nacional Greenpeace, criticó los recientes y reiterados episodios de contaminación en la zona de Quintero-Puchuncaví, que han provocado decenas de casos de intoxicación y que llevaron al gobierno a decretar alerta sanitaria para estas comunas y Concón.

"En lo que va del año, desde enero a la fecha, hay registros en prensa de más de 500 personas que han debido solicitar atención médica de salud especializada por contaminación atmosférica, producto del polo industrial. La gran mayoría son niños. Solo en estos dos días ya hay más de 100 personas afectadas", señaló Asún.

Tal como han reparado autoridades, profesionales y activistas de la zona, el líder de la organización ambientalista cuestionó la falta de información precisa acerca de los contaminantes que provocan las intoxicaciones.

"A la fecha no tenemos un registro preciso de los contaminantes que afectan al medio ambiente en la zona. En los últimos dos meses de otoño-invierno ha habido 49 episodios críticos de contaminación que han obligado a las empresas a iniciar la gestión crítica. En mayo hemos tenido episodios críticos literalmente todos los días, a excepción del 15, en donde las condiciones atmosféricas fueron excepcionalmente favorables. En simple, todos los días hay contaminación que afecta a las personas para realizar sus actividades cotidianas. ¿De qué sirve este plan si todos los días las personas están sometidas a estas condiciones? ¿Qué significa realmente el compromiso de terminar con las zonas de sacrificio si la situación no solo no cambia, empeora? Sigue siendo un Chernobyl a vista y paciencia de todas las autoridades", añadió Asún.

Alerta sanitaria

Este sábado se publicó en el Diario Oficial el decreto de la Subsecretaría de Salud Pública del ministerio de Salud que establece una alerta sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, tal como solicitó la Seremi local, a raíz de los reiterados episodios de intoxicación registrados en mayo.

La medida busca "dotar a la institución de mayores facultades para dar respuesta a la emergencia que afecta a la zona, donde se ha registrado un aumento de atenciones de salud asociadas al incremento de emisiones atmosféricas", señaló la Seremi de Salud a través de un comunicado.

La alerta regirá hasta el 30 de septiembre y proporciona a la Seremi facultades extraordinarias para realizar acciones de salud pública, tales como contar con mayores recursos para la contratación de personal o bienes y servicios, así como suspender total o parcialmente el funcionamiento fuentes que estén generando emisiones contaminantes, cuando las condiciones sanitarias o de ventilación así lo ameriten.

Tanto la parte querellante como la defensa de los ejecutivos de Enap condenados recientemente por el caso "Crudo iraní", tras las masivas intoxicaciones ocurridas en 2018 en Quintero-Puchucnaví y el Biobío, elevaron recursos de nulidad ante la Corte Suprema para anular el juicio e impugnar la sentencia.

Según informó Biobio.cl, los querellantes buscan que los ejecutivos de Enap sean condenados por los delitos de contaminación ambiental -de los que fueron absueltos en el juicio-, mientras que petrolera estatal busca la absolución total de sus funcionarios.

Cabe señalara que tres ejecutivos de Enap -de los seis imputados inicialmente- fueron condenados a una pena de 50 días remitida, por el mal manejo de petróleo importado desde Irán y descargado en las bahías de Talcahuano y Quintero-Puchucanví. Dicho trasvasije coincidió con masivos episodios de contaminación. Sin embargo, el tribunal descartó la culpabilidad de los ejecutivos de la estatal por el delito de propagación de sustancias peligrosas al medio ambiente.

El abogado querellante Remberto Valdés busca que se acredite este último delito, por lo cual solicitó a la corte de realice un nuevo juicio o bien que el máximo tribunal enmiende la sentencia.

La defensa ya recurrió en busca de la absolución mientras que la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no recurrirán de la sentencia.