Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

Han pasado más de tres años ya del caso conocido como el "sicariato de Concón", por el cual fueron condenados cuatro personas, incluido el autor intelectual del homicidio del empresario Alejandro Correa y cuyo móvil habría sido la disputa en torno a un terreno de 13 hectáreas de su propiedad, ubicado en el camino Calichero, en la zona sur de Quilpué.

Lo medular: allí, en el lugar del móvil del crimen que en la actualidad no albergaría más que a 50 familias de manera ilegal (catastro año 2021 y cuya orden de desalojo está vigente), se pretendería emplazar la construcción de 440 viviendas habitacionales, equipamiento municipal y un parque intercomunal.

Dificultades

Sin embargo, para Rodrigo Uribe, director del Serviu, la factibilidad que se levante el proyecto en el terreno emplazado en el límite urbano de Quilpué -y que ha sido evaluado dos veces por su institución- posee un problema en cuanto a la calidad del suelo.

"Tiene una urbanización de alto costo. Hablamos de una serie de requerimiento técnicos que hace difícil habitarlo por el costo para un proyecto social". ¿Su conclusión?: "Lo hemos evaluado negativamente".

Tras sostener a mediados de esta semana una reunión con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca y la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, Valentina Correa, hija del empresario asesinado explica el camino que han avanzado en torno a esta propuesta.

"Sí hay un interés de hacer un destino habitacional que se puede acoger a la Ley de integración social y agregarle un uso del suelo. Ya lo hicimos a través de la municipalidad, hace seis meses, proceso que podría tomar un año y medio más. Vamos de la mano con el plan de emergencia habitacional", precisó.

Rodrigo Mundaca, gobernador regional, se comprometió para el 12 de junio recorrer el lugar para saber "de qué estamos hablando. Se señala que el terreno no tiene factibilidad técnica". Antes, se juntará con Rodrigo Uribe, director regional del Serviu, para evaluar técnicamente la factibilidad o no de un proyecto habitacional "que además incluye un equipamiento comunitario, recuperación de espacios públicos, áreas verdes y deportivas".

No obstante, para el director del Serviu la vocación de ese terreno debería mantenerse perfilada a servicios y comercios. "Tiene una serie de dificultades, con ocupación de personas que lo hace difícil concretar allí un proyecto habitacional", insiste Uribe.

Proyecto que, pese a todo, a criterio del gobernador Mundaca, vienen impulsando fuerte desde la alcaldía de la ciudad del Sol.

"Se construirían 440 viviendas y con ello darle solución habitacional a más de dos mil personas", precisó.

Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué, comenta: "Hoy tenemos la posibilidad de darle un giro positivo a este terreno manchado con sangre".

Melipillán dice que el diálogo puede conducir a un desalojo donde el Serviu tiene que tomar parte. "En Quilpué hemos desalojado terrenos con las mismas condiciones, como el sector Los Retoños, donde 60 familias fueron desalojadas en base al diálogo y terminaron con subsidios de arriendo y otras soluciones habitacionales".

440 viviendas habitacionales, equipamiento municipal y un parque intercomunal contempla el proyecto.

Los esfuerzos del municipio viñamarino en torno a perseguir responsabilidades por el fallido Año Nuevo en el Mar no tienen conforme al concejal DC, René Lues, quien insiste en que el proceso de licitación desarrollado por laadministración "constituiría uno de los mayores actos de negligencia municipal e incumplimiento de funciones".

A juicio del edil, aún no existe claridad respecto a porqué la boleta de garantía por 214 millones de pesos nunca fue cobrada -la misma que la alcaldesa Macarena Ripamonti dijo a fines de diciembre que existía y haría efectiva para indemnizar al municipio por los daños recibidos-, sentencia: "Se debería a que no exigió al momento de firmar el contrato ni en los dos meses siguientes".

Y añade: "Eso a pesar de la entrega de que la garantía es una condición previa para firmar un contrato". Además, el edil asevera, "el documento de la garantía se extravió".

Para Lues la falta de custodia de esta boleta y su no exigencia antes de la firma de contrato "representa una grave negligencia administrativa que debe ser investigada". Por lo mismo, el concejal de la DC solicitó a la Contraloría Regional que incorporara esta situación a la auditoria que realizará en la municipalidad de Viña del Mar sobre el fallido espectáculo pirotécnico.