Francisca Palma Schiller

Hasta la Superintendencia de Educación llegó Jacqueline Accurso, apoderada del colegio Patricio Lynch de Playa Ancha, luego de que su hijo, alumno de tercero medio, fuese expulsado de este establecimiento hace pocos días.

Según explica la madre del estudiante, el adolescente habría tenido un altercado con un compañero - quien también fue expulsado-, situación que se salió de las manos y llegó hasta los golpes. Grave y condenable, asegura Jacqueline, sin embargo, no razón suficiente para la expulsión de su hijo, quien tenía, según revela, intachable comportamiento anterior.

"Sería ideal una revocatoria en esta decisión tan arbitraria, porque yo creo que hasta los delincuentes tienen más oportunidades. Mi hijo es súper colaborador, es coach de robótica, es sub-brigadier de banda, siempre ha representado al colegio, nunca había tenido problemas, por lo que creemos que es una medida extrema", cuenta la apoderada, quien asegura que su hijo "quiere terminar su enseñanza media en su colegio. Hoy está muy mal y se ha quedado sin sus estudios".

Es importante mencionar que en medio de esta situación, sus compañeros se manifestaron el día de ayer a las afueras del establecimiento: piden la reincorporación del joven.

Ajustada a derecho

Mediante su sitio web, el colegio declaró que no entregará mayores antecedentes, sin embargo, comunican que la decisión estaría "ajustada a derecho".

"Frente al requerimiento de la prensa para conocer respecto de expulsiones de estudiantes de nuestro establecimiento, debemos señalar que para resguardar la privacidad de los menores de edad no entregaremos mayores antecedentes, salvo decir que nos encontramos dentro de plazo para informar a la Superintendencia de Educación la aplicación de una medida sancionatoria por incidentes ocurridos tanto al interior como el exterior del establecimiento educacional, motivo por el cual, de conformidad a la ley 21.128, nos vimos en la obligación de iniciar los protocolos correspondientes, que conforme la ley se configura en un deber y no una facultad de los directores", declararon desde la dirección del establecimiento educacional.

"La aplicación del protocolo y de las medidas adoptadas fueron revisadas por abogados asesores externos, quienes ratifican que se encuentra ajustada a derecho", agregaron.

Una veintena de empresas del cordón industrial de Quintero, Puchuncaví y Concón, informaron a la Delegación Presidencial Regiona las acciones realizadas en torno a la disminución de emisiones en la zona tras la entrada en vigencia de la alerta sanitaria. En esta misma instancia, se convocó a las empresas a generar una fuerza de tarea que pueda atender la urgencia, lo cual fue aceptado por las compañías aludidas.

En esa línea, la delegada presidencial regional, Sofía González, dijo que con esto se espera que se pueda "atender la urgencia, pero también el futuro, entendiendo que necesitamos conciliar la salud de toda la población de la bahía, pero también el desarrollo económico y social y que no exista la bahía como una zona de sacrificio, sino todo lo contrario, como una zona que recupere la confianza en la institucionalidad".

La seremi de Energía, Arife Manzur, también será parte de la coordinación de esta fuerza de tarea. En ese sentido, explicó que "lo que nosotros vamos a hacer es la coordinación en este sector público -privado para generar esta solicitud que se tiene tanto de la ciudadanía como de las empresas de llegar a un buen puerto, así que mi labor va a ser de coordinación en búsqueda de soluciones siempre pensando en materia industrial a mayor plazo".

Con el fin de proveer de iluminación a un área del Campamento Manuel Bustos, en el sector alto de Achupallas, el municipio de Viña del Mar inició el proceso de licitación para instalar 55 luminarias solares autónomas en calle Unión y acceso al sector Juventud 2000.

El sistema utiliza paneles fotovoltaicos y baterías, y el objetivo es mejorar las condiciones de iluminación, aumentar la seguridad y aumentar la visibilidad para los vehículos.

El presupuesto proyectado para la obra es de $87 millones y es financiado por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Plan de Radicación de Campamentos, que implica un proceso de urbanización, que considera también obras de pavimentación.

"Dotar de iluminación los sectores del campamento Manuel Bustos que no cuentan con este servicio básico es un requisito indispensable para mejorar su calidad de vida. Aquí no solamente son viviendas, son espacios, son servicios y también comunidad, que con este proceso de urbanización tan esperado, comienza a darle mayor condición de dignidad a quienes han luchado por tantos años", manifestó la alcaldesa Macarena Ripamonti por este gran paso que se inicia.

La obra se inserta además, en el cambio tecnológico del alumbrado público que ha impulsado la jefa comunal y que se está desarrollando en diversos sectores de la comuna.