Leo Riquelme

Por la unanimidad de los 127 presentes en la sala ayer, la Cámara de Diputados respaldó los cambios hechos en el Senado y aprobó una moción parlamentaria que prorroga hasta por dos años la vigencia de las licencias de conducir, cuya renovación estaba provocando atochamientos en casi todas los municipios a causa de las medidas tomadas en la pandemia.

La normativa indicará que las cédulas que vencieron el 2022 serán validadas hasta 2024; las que lo hicieran en este 2023 estarán habilitadas hasta 2024; y las de 2024 se extenderán hasta 2025. Las de 2020 y 2021, en tanto, reben regularizarse durante este año.

A esto se suman nuevas fechas de control para conductores no profesionales, que se incrementan en seis años desde el vencimiento original; y en cuatro para los profesionales.

El autor de la moción, Jaime Sáez (RD), estimó que esto resolverá un problema crítico a 800 mil conductores, y 3 millones en total que tendrán dificultades pronto por la incapacidad de los municipios para gestionar las atenciones psicotécnicas ante tamaña demanda. "Esto le va a quitar un peso de encima importante a los gobiernos locales, que tienen un tiempo de espera extremadamente largos, que en algunos casos superan incluso el año", dijo.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, agradeció la iniciativa, pues otorgará hasta dos años para que los municipios gestionen los requerimientos, más aún si se considera que esperan en los próximos años un alto flujo por licencias profesionales por la exigencia de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte.

El Senado eliminó un aspecto de la iniciativa original, que posibilitaba la autorización para presentar certificados médicos particulares externos en las gabinetes psicotécnicos de las direcciones de Tránsito, a fin de agilizar los procesos de renovación.

El diputado RN Miguel Mellado llamó a abrirse a la apertura de esto en sitios como las Escuelas de Conductores, postas rurales o centros de salud familiar, pues teme que de no hacerlo "el 2024 vamos a tenerar el mismo cuello de botella que tenemos hoy. Busquemos soluciones para que esto fluya".

El canciller Alberto van Klaveren expresó su inquietud por el creciente número de chilenos deportados desde Estados Unidos por involucrarse en hechos delictuales, y aseguró que trabajan en dar respuesta a los requerimientos del sistema penal norteamericano, algo que fue objeto de quejas por la fiscalía del distrito de Orange County, en California.

"Es extremadamente lamentable que un grupo de chilenos delincuentes pongan en peligro un programa tan atractivo como el Visa Waiver", dijo a radio Infinita.

Chile es el único país de Latinoamérica que forma parte del programa, que permite ingresar a Estados Unidos por turismo, negocios o tránsito y permanecer hasta 90 días sin portar una visa pero con una autorización de viaje electrónica.

Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU., de los países que pertenecen al programa, Chile es el que registró el mayor número de deportados en 2022: 553, lo que representa un aumento del 119,4% respecto a 2021.

"Es una complicación. Es algo que lamentamos mucho y esperamos que a través de esta cooperación intensificada que estamos materializando podamos evitar algún riesgo para este programa", agregó Van Klaveren.

En mayo el fiscal de Orange County, Todd Spitzer, acusó a Chile de negarse a entregar información sobre una veintena de chilenos que fueron detenidos y que ingresaron con esta visa. La Cancillería lo refutó y aseguró que existe una coordinación "permanente" entre las fiscalías y las policías de ambos países.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, afirmó que los dichos de la vocera de la instancia, Ángela Vivanco, sobre el supuesto acotamiento de los beneficiados por el fallo que involucra a los afiliados de Isapres eran "declaraciones personales", pues quien debía pronunciarse era la Tercera Sala, que lo emitió el año pasado.

Fuentes afirmó que la ministra era quien debía explicar los dichos que emitió a La Tercera el fin de semana, cuando dijo que el fallo que implicaba devoluciones por sobrecosto y rebaja de planes desde 2020 correspondía solo a quienes recurrieron a tribunales, y no al universo de cotizantes, como dijo varias veces el Poder Judicial.

"Si hay un tema que llega al pleno, en él se analiza y se toman los acuerdos", añadió.

Vivanco confirmó más tarde que expresó su "visión" en la entrevista y será la sala la que aclare la postura.

El Gobierno afirmó que hoy ingresará el recurso aclaratorio, algo que también hará la Asociación de Isapres.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó que tanto la primera solicitud de aclaración que se hizo en enero al tribunal como la Ley Corta ingresada en mayo se hicieron en función de un efecto para todos los afiliados, no sólo para los demandantes. "Supongo que la corte va resolver con prontitud, de modo que el Congreso tenga claridad de los contornos y los límites en los cuáles está su debate", dijo a radio Cooperativa.