Con libertad vigilada quedó funcionario de carabineros condenado por apremios
Se determinó que el 21 de mayo de 2018 el uniformado agredió a Patricio Alvarado, de entonces 15 años, en el interior de la Segunda Comisaría de Quilpué mientras el adolescente estaba detenido.
Ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar se condenó por el delito de apremios ilegítimos a un hombre que el 21 de mayo de 2018 y aprovechando su posición como funcionario de Carabineros, agredió al joven Patricio Alvarado, de entonces 15 años, en el interior de la segunda comisaría de Quilpué.
En concreto, se fijó una pena de tres años y un día de presidio, la cual fue sustituída por libertad vigilada por igual período de tiempo.
Aquella decisión del TOP viñamarino fue detallada durante la audiencia de ayer por la magistrada Marcela Nash. En la instancia, la jueza dijo que se condenó al imputado "a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad como autor de un delito consumado de apremios ilegítimos".
No obstante, añadió, se sustituye al sentenciado "el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada intensiva por igual término que el de la pena privativa de libertad, debiendo presentarse al centro de reinserción social de Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio (...)".
A propósito de esta condena, el fiscal de Viña del Mar, Alfredo Keller, recordó que "el jueves 1 de junio de 2023 se llevó a cabo un juicio por apremios ilegítimos en contra de un funcionario de Carabineros en servicio activo de la comisaría de Quilpué, que debido a la naturaleza de la prueba y a la antigüedad de los hechos, que se remontan al año 2018, se logró una sentencia condenatoria".
Gusto a poco
En relación a la pena fijada, la víctima reconoció que la pena fue menor a la que esperaba, pero que de igual forma acepta lo dispuesto por el tribunal.
"En ese entonces yo era menor de edad, tenía tan solo 15 años, y al día de hoy después de 5 años, logramos obtener un resultado, que tampoco fue el que esperábamos. La verdad, esperábamos que el juzgado determinara por una pena más grande", señaló el afectado, quien llegó hasta el tribunal viñamarino.
En la causa como querellante también participó la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Javiera Tapia, quien resaltó que se lograra esta condena por apremios ilegítimos.
"Destacamos que se reconozca la asimetría de poder existente entre un agente del Estado y una persona que está detenida y, segundo, que también se reconozca que la víctima pertenecía a un grupo de especial protección y que dicha asimetría de poder se acrecienta en el caso en concreto", sostuvo la jurista.
Además, el condenado quedó con prohibición de acercarse a la víctima y a su familia. De igual forma, tendrá la obligación de cumplir programas formativos.

