La polémica relacionada a la fundación Democracia Viva, vinculada con el partido Revolución Democrática, deja en evidencia que los partidos políticos consideran el gobierno como un botín el cual comparten con sus parientes y amigos. En todos los gobiernos de los últimos años se han presentado escándalos de corrupción. A los culpables se les expulsa del partido, se les solicita la

renuncia de su cargo o se les envía a curso de ética. Pero de los

dineros robados no se sabe absolutamente nada, pero sirve para hacer un bonito discurso de probidad.

Estos personajes esperan un tiempo y vuelven a ser elegidos en otro lugar, en el parlamento, son varios que hacen turismo electoral; si no salen elegidos, cambian de provincia o de partido.

¡Hasta cuándo la ciudadanía será tan ingenua y seguirá votando por delincuentes de cuello blanco! Es de admirar al presidente de la República del Salvador, Nayib

Bukele, quien construirá una cárcel para los corruptos ya que es ahí donde deben estar quienes roban a sus conciudadanos.

Juan Acevedo Guevara

Ya han pasado más de seis meses desde que la Corte Suprema dictó el famoso fallo en que ordenó, entre otras cosas, que se dejara sin efecto la tabla de factores que utilizaban diversas isapres y que, en su defecto, aplicaren la tabla única de factores establecida por la Superintendencia de Salud (SIS). Lo que más dolor de cabeza ha generado al Ejecutivo, las aseguradoras privadas y el Congreso es que en dicho fallo se establece que la Superintendencia de Salud en el plazo de 6 meses debía establecer un mecanismo para restituir como excedente de cotizaciones lo cobrado en exceso por la aplicación de la tabla de factores.

Lo importante del rechazo de los recursos de aclaración por parte de la Corte Suprema, es que se trata de una clara señal que tiene por objeto salir de la coyuntura y volver a enfocarnos en que es urgente avanzar de manera decidida en la arena legislativa para resolver de una vez por todas el rol de las isapres en nuestro sistema de salud y regular de manera adecuada su funcionamiento. Hace más de diez años el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ciertos elementos de la tabla de factores, y a pesar de haberse presentado diversos proyectos de ley en la materia, aún sigue sin resolverse, lo que ha llevado a una década de judicialización y falta de certezas jurídicas que son esenciales en un área de las políticas públicas tan delicada como es el acceso a la salud de los chilenos.

Daniel Montalva, decano Facultad de Derecho Universidad de Las Américas