Mirian Mondaca Herrera

La Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó formalizar a exjefa de gabinete de la gabinete de la municipalidad de Nogales, Paola Moya, por su eventual responsabilidad como autora del delito de cohecho. Los hechos que están siendo investigados habrían sido cometidos en la comuna en un lapso de dos años, entre junio de 2018 e igual mes de 2020.

Además, en este misma indagatoria se suma la acusación contra Leonardo Guerra, por su posible responsabilidad en el delito de soborno. El hombre trabajaba como contratista de la municipalidad.

En relación a esta solicitud de formalización, Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, detalló que "la Fiscalía tomó la decisión de pedir al tribunal, al Juzgado de Garantía de La Calera, audiencia de formalización respecto de Paola Moya Córdova y Leonardo Guerra Herrera. Ha requerido información a la municipalidad relativa a contratos suscritos con proveedor o contratistas, así como también ha analizado movimiento reflejados en cartolas bancarias".

Hermetismo

El hermetismo fue la tónica durante la jornada de ayer en Nogales luego que saliera a la luz la investigación que se abrió contra ambas personas. La Estrella se contactó con el área de Comunicaciones de la municipalidad de Nogales para intentar obtener alguna declaración de la institución o de la alcaldesa Margarita Osorio, pero desde la casa edilicia indicaron que no se referirán a esta solicitud de formalización.

Quien se refirió escuetamente a esta solicitud de formalización fue el concejal Johao Marchant, aunque recalcando que no se siente capacitado para juzgar en este caso.

"No voy a emitir juicio alguno ya que creo que acá la justicia es la autoridad que debe resolver, con las pruebas a mano, la situación actual de Paola Moya", dijo.

El concejal también aseguró que se trata de una situación que no conocías. En ese contexto, indicó que "yo desconozco si esto fue o no fue y no soy nadie para cuestionar. Yo creo que acá debemos dejar todo en manos de la justicia y serán ellos los que en algún momento deberán resolver la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas".

La Contraloría anunció una auditoría nacional a todos los convenios suscritos desde 2021 por el Ministerio de Vivienda con fundaciones, cuestionado por las transferencias por 426 millones de pesos acordadas entre militantes de RD en la Seremi de Antofagasta.

Esta es la segunda medida que toma luego que suspendiera todas las tomas de razón de este tipo de contratos hasta aclarar lo ocurrido. "Las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos", dijo.

Latorre y las fechas

Ayer La Moneda criticó el actuar del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, luego que afirmara que conoció 10 días antes las denuncias. "Es importante que todas estas alertas se pongan a disposición rápidamente de quienes tenemos que tomar decisiones", dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Consultado al respecto, el Presidente Boric indicó que la primera alerta la recibió "la semana anterior" a que se destapara el hecho, y fue a través de un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG), no desde RD.

"Apenas nosotros supimos, apenas yo supe, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos", dijo.

Las fechas sorprendieron a la oposición, que alertaron que si el Presidente sabía del hecho tenía la obligación de haberlo denunciado.

Esto llevó al ministro de Justicia, Luis Cordero, a corregir al mandatario. Dijo que Boric solo hizo una "construcción cronológica de los hechos", pues el oficio era una solicitud de información y no una denuncia de ilícitos. Añadió que se envió a la Seremi de Vivienda el 7 de junio y no a la Presidencia ni a Minvu.

En el marco de la celebración del Día del Cuequero y la Cuequera, realizada este 4 de julio en el frontis del Congreso Nacional, la diputada Carolina Marzán presentó un proyecto de ley que establece el 1 de febrero como el Día Nacional de la Cueca Porteña. La moción surgió del trabajo conjunto que la legisladora realizó con la agrupación musical Los Afuerinos. En la oportunidad, la parlamentaria también presentó un proyecto de resolución que solicita al presidente de la República declararla como patrimonio cultural inmaterial. "Valparaíso es un importante centro de difusión de la cueca urbana o citadina, que se manifiesta a través de la cueca porteña", dijo la diputada Marzán.