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Casinos ilegales: "Esta actividad afecta el orden económico en general"

Abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, aseguró que según último catastro, Valparaíso tendría más de 2 mil máquinas.
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Francisca Palma Schiller

La proliferación de casinos ilegales en el centro de Valparaíso es un tema que ha dado de qué hablar durante los últimos días, a propósito de una investigación levantada por este medio de comunicación. Si bien el municipio ha declinado referirse a este tema, actores relevantes en la materia ya han declarado la importancia de regular este tipo de actividad.

Para Juan Carlos Manríquez, abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, los conocidos "chumbeques" estarían afectando el orden económico al tratarse de una competencia desleal y, principalmente, ilegal.

"Si bien las estadísticas no están del todo actualizadas, las intendencias y gobernaciones previas a la modificación constitucional que crea las gobernaciones regionales, daban cuenta, a nivel nacional, de aproximadamente 300 mil máquinas tragamonedas de diverso tipo en el país, concentradas en las cuatro regiones más grandes. En Valparaíso, el número exacto en aquella época fue de aproximadamente unas 1.500 a 2.000 máquinas tragamonedas repartidas en distintos locales. A nivel regional, el asunto podía llegar a unas 4.500", detalla el abogado a modo de catastro.

Ante la existencia evidente de estos negocios, ¿qué normativas se vulneran?

"Aquí se viola el Código Penal que establece que es un delito el explotar o administrar casas de juego, que es lo que ocurre en este caso, entendido que es el azar el que determina quién obtiene un premio luego de activar los mecanismos electrónicos o mecánicas que tiene la máquina tragamonedas", asevera Manríquez.

Desleal e ilegal

Al momento de analizar las afectaciones para quienes sí cumplen con la normativa, como lo son sus representados, el abogado es claro: "Esta actividad afecta el orden económico en general".

Y agrega: "Vulnera el Código Penal, además de reglas sanitarias y de policías, porque no hay cómo controlar en determinados lugares que no accedan menores de edad o que no sea un foco de otro tipo de ilicitudes. Los casinos legales de la Ley 19.995, en esta materia, han señalado que estas actividades ilegales causan una competencia desleal y una infracción de sucesivas normas de carácter administrativo, municipal".

Responsabilidades

Con un panorama claro, la fiscalización resulta fundamental. En ese sentido, Juan Carlos Manríquez precisa que esta responsabilidad recae en la municipalidad primeramente.

"La responsabilidad de fiscalizar y clausurar estos locales, en primer lugar, es de los departamentos de Rentas y Patentes municipales, luego, en este caso, de los delegados presidenciales, porque sigue siendo materia de seguridad pública y por último, las policías que pueden detectar estos hechos en flagrancia", aclara.

En el caso de no cumplirse con dictámenes de la Contraloría en esta materia, precisa Manríquez, "los Tribunales Electorales Regionales pueden iniciar causa por notable abandono de deberes, los que permiten destituir, incluso, a los alcaldes que se nieguen a las clausuras o que renueven estas patentes".

Considerando todo lo anterior y la evidente proliferación, ¿se tiene contemplado emprender acciones?

"Los distintos afectados y la Asociación de Casinos, en su momento, iniciaron acciones legales de Arica a Punta Arenas literalmente, obteniendo diversas incautaciones y condenas por juego ilegal, delito tributario y violación de sellos", respondió el abogado, quien agregó que en la actualidad es algo que deberá evaluar la nueva gerencia y presidencia de la asociación.

SSVQ respalda a Beatriz Chamorro: "No posee ninguna inhabilidad"

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La contratación de Beatriz Chamorro en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) ha generado polémica, ya que la doctora está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el contexto de las condiciones de la compra de la exclínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago, a un precio que sería inflado.

Los diputados Chiara Barchiesi y Andrés Celis han cuestionado duramente la llegada de la facultativa vinculada a esta polémica.

Celis solicitó abiertamente su desvinculación y catalogó como una "vergüenza" su contratación dado que previamente, hace un mes, consultó por lallegada de Chamorro y según dijo no se le respondió.

Su colega en tanto despachó un oficio de fiscalización para que el Servicio de Salud explique con total claridad cuál es la calidad jurídica del vínculo laboral con la doctora Beatriz Chamorro.

En medio de esta polémica, desde el SSVQ indicaron sobre la profesional de la salud, a través de una declaración pública, que "no posee ninguna inhabilidad que impida su contratación en éste u otro organismo del Estado".

Asimismo, desde el Servicio de Salud, aclararon que Chamorro "se encuentra ejerciendo como referente de Hospitales de Baja Complejidad de esta red de salud, dada su reconocida trayectoria técnica como médica de familia".

Finalmente recordaron que el mecanismo establecido por ley para la obtención de información pública, como puede ser aquellas relacionadas con la contratación de un funcionario o funcionaria de esta institución, es a través de la plataforma de Transparencia habilitada en. www.ssvq.cl.