Francisca Palma Schiller

Hace aproximadamente dos semanas un locatario del barrio El Almendral, en Valparaíso, ya adelantaba los problemas que ha traído para el sector el abandono de la Escuela Barros Luco, establecimiento educacional que está luchando por su recuperación desde el año 2010.

En aquella ocasión, la problemática aludía al robo de cañerías de este inmueble, cuestión que afectó a los vecinos colindantes, quienes sufrieron pequeñas, pero significativas inundaciones.

Hoy, los robos se repiten y la comunidad cercana a la Barros Luco ya no da más: aseguran que el espacio es un foco de inseguridad y que los organismos competentes "se tiran la pelota".

"Aquí se tiran la pelota entre la municipalidad y el Servicio Local y como el edificio es monumento no le pueden hacer nada a las ventanas, es decir, no pueden cerrarlas porque están protegidas y nosotros lo entendemos, pero están destruyendo el colegio igual. Aquí han estado sacando todo lo que dejó la empresa pasada, son cerca de 10 personas las que se meten a robar", cuenta Francisco Argain, locatario del sector, quien subraya que "el cierre perimetral no está cumpliendo su objetivo".

Trámites aún en curso

Entendiendo las preocupaciones de la comunidad, Isabel Soto, vocera de las exalumnas de la Barros Luco, grupo que se ha dedicado a luchar por la recuperación del espacio, asegura que la situación es compleja, ya que si bien habría voluntades, hay trámites que ralentizan la restauración del establecimiento.

"Cada vez que hay un robo, nosotros como comunidad lo sabemos porque se nos avisa y nosotros le avisamos directamente al Servicio Local de Educación, ya que son ellos los dueños del edificio y ellos son los que actúan directamente con Carabineros, pero el problema en el que está la escuela ahora es que lamentablemente, la empresa que quebró dejó mucho de su patrimonio dentro del inmueble y hoy hay un proceso de reliquidación de la obra, entonces está en un trámite de la Corte Suprema y eso tarda mucho", explica Isabel.

La vocera agregó que no solo les preocupa los robos, sino que también "el riesgo de un incendio, que es algo que puede ocurrir en cualquier momento", además de que coinciden en el punto de que "tener un establecimiento botado se vuelve un punto de inseguridad e incita a estos conflictos que se están generando".

En consulta de esta situación, desde el Servicio Local, una vez más, hasta el cierre de esta edición, no entregaron declaración al respecto.

Con preocupación vieron hace algunos días los vecinos del sector de 12 Norte de Viña del Mar cómo un ruco instalado en la vía pública, muy cerca de sus viviendas, fue afectado por un incendio. Si bien este resultó destruido, sus restos y la posibilidad de que estos mismos sean usados para levantar otra de estas estructuras los tiene inquietos, ya que además varias personas en situación de calle que frecuentan el sector tendrían consumo problemático de sustancias, acusan."Cuando fue el incendio del ruco el fuego empezó a quemarlo todo y estuvo cerca de alcanzar ramas y de las casas. No pasó nada, pero no se sabe cuándo puede volver a pasar algo así, necesitamos más seguridad", pidió Claudia López, vecina del sector.

Consultados sobre esta preocupación de la comunidad del sector, desde el municipio indicaron -a través de una declaración- que tienen implementada una política para las personas en Situación de calle que se enmarca en la línea de recuperación de espacios públicos que ejecuta la Dirección de Seguridad Pública, que implica retiro de carpas, rucos y estructuras. Además de esta labor, indicaron, el desalojo de personas en situación de calle, cuenta con un trabajo colaborativo con la Red Calle, la Dirección de Desarrollo Comunitario y Operaciones y Servicios, con un equipo específico que trata el tema de manera permanente, tres veces a la semana en distintos polígonos de la comuna. Asimismo, señalaron que tienen programado un operativo de intervención para el retiro de enseres en este lugar y otros puntos.

El Tribunal de Viña del Mar condenó a 20 años de presidio al hombre que en enero del año pasado mató a un amigo de infancia al interior de su domicilio para luego esconderlo en una lavadora.

La sentencia que dio a conocer el juez presidente Alejandro Palma, estableció que "se condena al acusado Eduardo Andrés Lagos González, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, cometido en la comuna de Quilpué el 23 de enero de 2022 en perjuicio de Diego Varas Rodríguez, a sufrir la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo", más penas accesorias.

A lo anterior se le deberá restar los 538 días que el condenado lleva en prisión preventiva más el periodo que falta para que la sentencia quede lista para ser cumplida, pues a contar de ayer corre el plazo para presentar recursos de nulidad, sí así lo estiman conveniente las partes.

La pena corresponde a la que había solicitado Fiscalía, cuya tesis fue acogida por los magistrados, quienes en el veredicto establecieron que Diego recibió 37 puñaladas, todas estando vivo, por lo que se acogió la calificante de ensañamiento, que es causar dolor deliberada e inhumanamente.

Los hechos ocurrieron en el domicilio del condenado mientras ambos se encontraban solos, no precisándose el móvil del crimen, aunque en el juicio se ventiló "la teoría de la Brigada de Homicidios sobre un crimen pasional", reveló la defensa en la clausura del juicio.