Leo Riquelme

Una auditoría de Contraloría detectó una serie de presuntas irregularidades en convenios y el manejo de las finanzas de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), que lidera el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por lo que envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe una posible persecución penal.

El informe indica que la entidad no proporcionó información con los procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas. Tampoco entregó las actas de directorio, de asambleas ni de su comité ejecutivo realizadas desde su constitución.

Asimismo, no proporcionó antecedentes bancarios, de contabilidad, libros de compra y ventas de 2019, 2020 y 2021 ni sus estados de los años 2019 y 2020, "por lo cual no fue posible verificar la situación financiera y patrimonial de la entidad", agrega el contralor, que asegura que los antecedentes fueron requeridos sin éxito en reiteradas ocasiones.

Junto con identificar que no existe claridad sobre el número de municipios que participan en la instancia y sus correspondientes pagos, la fiscalización detectó convenios de la Achifarp con las municipaliades de Recoleta y Paillaco y con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) por $613 millones y que, para Contraloría, "no se ajusta a derecho", por los que además abrió un sumario.

También identificó millonarias deudas por medicamentos en que se involucra a las municipalidades de Recoleta y Macul, por los que se le adeudarían $215 millones a la U. de Concepción por Interferón, un medicamento que ni siquiera estaba autorizado.

Según La Tercera, Contraloría ya notificó al alcalde Jadue de la presentación de cargos. La autoridad ha negado ilícitos y ayer su abogado, Ramón Sepúlveda, amenazó en CNN Chile con querellas a quienes acusen al líder PC.

El contralor Jorge Bermúdez indicó que formuló cargos contra 12 funcionarios de Macul, Paillaco y Recoleta, entre ellos Jadue, por convenios irregulares y falta de control.

En medio de las investigaciones del Ministerio Público por la suscripción de convenios irregulares entre el Estado y fundaciones, que se destapó con Democracia Viva, ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, adelantó que "es posible que tengan que declarar" el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador de RD, partido involucrado en varios de estas denuncias; y el titular de Vivienda, Carlos Montes, cartera que utilizaba las asignaciones directas en el programa de campamentos.

"En su momento se determinará la calidad (en que declararían). Hoy en día no advierto ni he tomado conocimiento que ningún fiscal haya manifestado que tengan rol que permita atribuirles que tienen participación", dijo Valencia a radio Universo.

El persecutor afirmó que los contratos investigados suman 14 mil millones y que no "nos interesa el último eslabón que recibió el dinero, sino (...) quiénes pudieron haber urdido un mecanismo, si es que éste existió".

Ante su alusión, Jackson, a quien la UDI apunta como "cerebro" del mecanismo, dijo desde Los Ríos que "nosotros estamos en la misma línea en todos los ministerios, que es que se esclarezca la verdad". Agregó que si bien "no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros (...) si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear".