Francisca Palma Schiller

Desde que las autoridades anunciaron que Valparaíso contará con una licitación del transporte público para el 2025, el Gobierno ha apuntado a la necesidad de impulsar los diálogos participativos, instancia en la que la cartera de Transportes escuchará a los vecinos con el objetivo de conocer sus necesidad y crear un preámbulo para diseñar las bases de la licitación.

Con este objetivo claro, este 18 de julio, los diálogos denominados "El Transporte que Queremos" dieron su puntapié inicial en el sector del cerro Placeres y Esperanza, sin embargo, no dejó conformes a los vecinos.

Esto porque, según explicó Isaac Alterman, presidente de la UNCO Valparaíso, la instancia aparenta ser un espacio más para seguir diagnosticando algo que ya es conocido por todos y no un momento que permita entregar propuestas para atacar los problemas de fondo.

"Si bien es cierto valoramos las iniciativas de participación, creemos que no es suficiente a la hora de enfrentar un problema que no se remite solo a una cosa administrativa que regule frecuencias y recorridos, toda vez que en el modelo actual sí están regulados, pero no se cumplen por parte de las empresas privadas de transporte", arremetieron desde la UNCO a través de un comunicado.

Por lo anterior, añade el documento, "es que hacemos un llamado a las y los porteños a participar de estos encuentros de manera crítica y esto no significa solo diagnosticando algo que ya es sabido, si no que se permita incorporar propuestas que vayan a atacar el corazón del problema que es la forma monopólica mercantil de cómo se maneja esta política pública".

Empresa pública

Frente a este llamado, l la vecindad sugiere la creación de una empresa pública de transporte.

"Debemos ser capaces de instalar en el debate la necesidad de que exista una Empresa Pública de Transporte que permita a las y los ciudadanos enfrentar al monopolio de operadores privados que, en la actualidad, teniendo exigencias legales de implementar mejoras (por ejemplo, los validadores electrónicos), no lo hacen incluso llamando a paralizar cuando estas son exigidas por las autoridades", proponen.

Con estas ganas de atacar el problema desde la raíz y no ser meros partícipes de una especie de dinámica "pregunta-respuesta" a los problemas del transporte público, la Seremi respondió a los vecinos: los diálogos cuentan con una metodología específica.

"Los diálogos que desde el gobierno estamos desarrollando son un instrumento de participación con una metodología específica, que busca obtener información precisa, concreta y útil para avanzar hacia ese objetivo, en el marco de las normas y regulaciones vigentes (…). Queremos conocer la opinión en cada territorio acerca de factores fundamentales para la gestión de los servicios de transporte público, como los trazados, las frecuencias, los horarios y las características de los buses", explicó el seremi Benigno Retamal.

Momentos complejos se viven al interior de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), esto porque sus trabajadores miran con recelo la discusión del proyecto de Ley Sernafor, iniciativa que buscará reemplazar la corporación por el Servicio Nacional Forestal.

Junto a este recelo, el principal problema recaería en que los altos directivos de Conaf no estarían siendo fieles intermediarios entre la autoridad y los trabajadores, dirigentes que están haciendo todo lo posible para realizar contribuciones y aportes a la etapa de discusión del proyecto de ley.

"El director ejecutivo, Christian Little, quien debiera promover y organizar estos espacios de diálogo, es quien, injustamente, se ha impuesto y ha obstaculizado todas y cada una de las instancias de participación y diálogo", indicaron los trabajadores en un comunicado.

Hoy, después de casi dos meses de "pretextos y evasivas", se realizó una importante reunión este 18 de julio entre el director y la directiva del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf (Sinaprof), sin embargo, una vez más, sus opiniones no habrían sido consideradas.

"En esta reunión, Christian Little se comprometió a remitir las indicaciones elaboradas por sus asesores, donde supuestamente, habría una indicación referente a lo que como sindicato hemos solicitado insistentemente, esto es, que el traspaso de los trabajadores sea hecho por el solo ministerio de la Ley y no por Decreto Presidencial, dado que, si se realiza de esta última manera, dicho traspaso sería anual, disimulando una contrata encubierta", explican".

Tras días de silencio luego de que el Comité de Evaluación Ambiental (COEVA) - entidad que preside - aprobara que la planta Amalia, en Catemu, siguiera funcionando pese a las recomendaciones del SEA, la delegada presidencial regional, Sofía González, entregó su parecer, respondiendo a los cuestionamientos sobre si la decisión pasó por un criterio técnico o más bien político. "Existen muchos criterios al momento de tomar decisiones en el Comité; estos están supeditados a las distintas competencias que tienen los servicios", explicó. La autoridad reiteró que la votación estuvo exclusivamente marcada por las competencias y posturas de los organismos. "La votación en Catemu y en otros proyectos,

está en virtud de la propuesta del SEA más los criterios técnicos que puedan considerar los distintos organismos públicos en virtud de sus competencias".