Francisca Palma Schiller

Fue hace aproximadamente un mes cuando 800 vecinos de Laguna Verde llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un recurso de protección, acción judicial que tenía por objetivo evitar el alza en sus contribuciones, esto por la notificación efectuada por parte del Servicio de Impuestos Internos del cambio en el avalúo de sus predios, de agrícola a residencial.

Acompañados por su abogado representante, Rodrigo Díaz, las expectativas de los pobladores aquel 14 de junio, apuntaban a la admisibilidad por parte de los entes competentes, sin embargo, para mala noticia de los involucrados, aquellas esperanzas se vieron truncadas este viernes luego de que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema declararan inadmisible el recurso de protección.

Según explicó el abogado Díaz, los motivos dicen relación con optar por "vías más idóneas para el efecto", por lo que se explorarán otras herramientas para poder ayudar a los vecinos, quienes se han visto duramente afectados en términos económicos por esta situación.

"Por distintas razones, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema, lo declaran inadmisible. Ahora, dicho eso, yo me hago cargo del argumento de la Corte Suprema, quien no lo decreta inadmisible porque no haya eventualmente un mérito para su presentación, sino que dijo que hay otras vías más idóneas para el efecto", explica el profesional representante de la comunidad.

"La Constitución señala que el recurso, cuando hay una conculcación de garantías, siempre es procedente, no obstante, la Corte Suprema alude a que existen otros caminos", reitera.

Otras vías

Sobre la búsqueda de otras opciones, el abogado revela que apostarán por la vía del Tribunal Tributario y Aduanero.

"Aceptamos el fallo, pero no contraviene, en ningún caso, el que pueda existir un fondo de razonabilidad en la presentación que nosotros realizamos. Con eso claro, lo que haremos, sin perjuicio de que evidentemente estamos preparando algún tipo de solicitud para que la gente pueda acercarse de manera directa al Servicio de Impuestos Internos, es ir por la vía del Tribunal Tributario y Aduanero", afirmó.

A lo anterior, podría existir una segunda vía adicional: el Tribunal Constitucional, sin embargo, aquello estaría aún en evaluación.

"Existe una vía adicional, una posibilidad adicional de poder concurrir, eventualmente, al Tribunal Constitucional, pero eso es algo que lo iremos analizando dentro de la gestiones que se puedan realizar dentro del Tribunal Tributario y Aduanero", asevera Rodrigo Díaz, quien aclara que los caminos hoy presentes serán "explorados hasta el final", ya que el objetivo es "poder cumplir con lo que nos solicitaron los propios dirigentes de los vecinos, que es agotar todas las instancias posibles".

Esta semana, la municipalidad de Valparaíso presentó una querella contra todo aquel que resulte responsable por la caída de tres postes de alumbrado público durante el pasado 11 de junio en el sector de avenida Alemania, situación que afectó a 1.982 familias de los cerros Yungay y San Juan de Dios al producirse una interrupción prolongada del servicio eléctrico.

En concreto, se requiere que se inicie la investigación por parte de la PDI, solicitando antecedentes a la empresa Chilquinta, para que de esta manera se adopten medidas personales y cautelares que procedan hasta descartar la intervención de terceros u obtener condena para los responsables de acuerdo a las penas establecidas.

Al respecto, Nicolás Guzmán, director de Asesoría Jurídica, explicó que, "el Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella presentada por nuestro municipio por la comisión del delito previsto y tipificado en el artículo 213 de la Ley General de Servicios Eléctricos por la caída de tres postes de alumbrado público en la avenida Alemania con calle General Mackenna".

En ese sentido, Guzmán agregó que, "requerimos a través de esta acción que el Ministerio Público pueda investigar los hechos y determinar si los mismos se deben a la intervención de terceros con el objetivo de dañar a la población de nuestra comuna y si tienen o no relación con los daños causados a torres de alta tensión mediante instalación y detonación de artefactos explosivos".