Mirian Mondaca Herrera

Finalmente se cumplió el plazo fijado por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que el pasado lunes 28 de agosto decretó cinco días para que se infomara al tribunal sobre la gestión de desalojo de un terreno de ocho hectáreas en la parte alta de Chorrillos. Se trata del lugar donde se sitúan las tomas Árbol Grande y Los Boldos.

En la orden de desalojo del terreno que pertenece en partes iguales a la empresa constructora DLP S.A. e Inversiones Reigolil Limitada, se lee que el tribunal, "atendiendo al mérito de los antecedentes y lo ya resuelto en reiteradas oportunidades en la presente causa, se autoriza el ingreso de operarios y trabajadores de DLP S.A. en forma inmediata para dar inicio a las obras necesarias para proyecto habitacional (...)".

Para este efecto, el tribunal viñamarino solicitó al municipio que, en coordinación con otras entidades gubernamentales y Carabineros, procuraran evitar o minimizar los riesgos de toda clase que pudiesen afectar a quienes están ocupando el terreno. Esto, con especial énfasis en resguardar el cuidado de adultos mayores, niños, adolescentes, mujeres, migrantes y personas en situación de discapacidad o vulnerables.

Consultados sobre las coordinaciones que se están realizando de cara al desalojo, desde la Delegación Presidencial Regional, informaron que durante la jornada de ayer los equipos de la Delegación se reunirían con los dueños del terreno "para coordinar el cumplimiento del dictamen, de acuerdo a la capacidad operativa de los servicios públicos y Carabineros". En tanto, desde esta última institución,hasta el cierre de esta edición, declinaron referirse a las coordinaciones para la desocupación del terreno.

Por su parte, a través de una declaración, desde la municipalidad indicaron que "en relación al plazo de cumplimiento del dictamen sobre la toma de Chorrillos, el municipio ha estado realizando diversas acciones a través de las direcciones de Desarrollo Comunitario (Dideco) y Seguridad pública, y sosteniendo contacto con la comunidad para realizar las coordinaciones necesarias y obtener la información detallada sobre las características de los grupos familiares que conforman los comités en el polígono del desalojo, a fin de procurar el resguardo de los grupos de especial protección".

Asimismo, aseguraron que estas coordinaciones han permitido informar oportunamente a la Delegación Presidencial y a los organismos, realizando las labores que al municipio se les ha encomendado. "Nuestra labor esta enfocada en garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad viñamarina", finalizaron.

Por vía regular

Por su parte, el director resgional de Serviu, Rodrigo Uribe, como servicio están "disponibles a colaborar con el municipio y las instituciones correspondientes en las coordinaciones necesarias que se nos soliciten para cumplir lo indicado por los tribunales de justicia". Asimismo, indicó que están abiertos a poder orientar e informar sobre las distintas alternativas de acceso a una solución habitacional por medio de la vía regular, dentro de las distintas líneas de subsidios que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

8 hectáreas tiene el terreno que debe ser desalojado en las próximas horas en la parte alta de Chorrillos.

80 familias se mantienen expectantes también debido a la posibilidad cierta del inmimente desalojo que también está pendiente en la toma El Edén de Lajarilla, en Reñaca Alto. En ese contexto, adquiere especial interés para ellos poder acceder a un lugar donde vivir tras la desocupación.

En ese escenario, Carolina Rojas, quien preside el comité del asentamiento, enfatiza que no tienen solución. "Serviu dice que nos dieron 19 subsidios de arriendo, pero no es así porque salimos preseleccionados 19 personas de 80 y así aún no nos llamaron para seguir el segundo paso, que es levantar un informe social, para saber si realmente vivimos acá, para que se pueda ejecutar el subsidio de arriendo y no se hizo, y de eso ha pasado más de dos meses ya", lamentó.

El director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, aseguró que "solo 4 familias han postulado y realizado gestiones para una solución habitacional, de las 19 que están habilitadas con la posibilidad de ser beneficiadas por alguna ayuda de las que tenemos disponibles (...)".

En estos casos, indicó que han realizado el levantamiento de la información para que puedan optar a un subsidio de arriendo por un periodo de 12 meses y contar con una solución transitoria que les permita cumplir el fallo. El resto son personas inhábiles ya que no cumplen con los requisitos que establece la normativa vigente para acceder a una solución habitacional, sostuvo.