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Cuenta regresiva para que pequeño Tomás pueda conseguir medicamento

Especialialistas recomendaron que el dinutuximab sea suministrado a Tomás Galindo a partir del día 100 luego del trasplante y "solo quedan 35 días", lamentó el abogado de la familia, Christian Lucero.
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Mirian Mondaca Herrrera

Para todo progenitor ver sanos a sus hijos es una enorme satisfacción que quisieran nunca se acabara, sin embargo, aquella dicha no la tienen an la actualidad los padres del pequeño Tomás Galindo Zavala, quienes siguen esperando que su retoño de solo seis años pueda acceder al medicamento "Dinutuximab". Este fármaco, insisten, es esencial para tratar el neuroblastoma que padece y que ahora está en remisión.

Los padres del menor, Víctor Galindo y Alejandra Zavala, presentaron un recurso de protección contra el Minsal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y aquella batalla por conservar la salud de su hijo se sigue librando en tribunales. No obstante, según expuso el abogado de los padre de Tomás, Christian Lucero, "el Minsal contestó a la Corte y pidió cuentas a los médicos para que digan de dónde sacan esta información, quiénes son los pacientes que se han mejorado de esto y si han recibido dinero o prestaciones por parte de la farmacéutica que fabrica e importa este medicamento".

Aquella respuesta fue cuestionada por el jurista, ya que lo que hace es dilatar aún más la espera para que el niño pueda acceder al medicamento, que es de alto costo -cerca de $200 millones- y que además no está registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP).

Lo grave de la situación, planteó Lucero, "es que las prescripciones médicas y todos los estudios que se han hecho a nivel internacional, señalan que Tomás debe recibir el tratamiento de consolidación, pos trasplante autólogo con 'Dinutuximab' a partir del día cien post trasplante, ese es el mejor momento, y quedan solo 35 días". Los plazos se hacen aún más cortos si se considera que si el Minsal da luz verde a su adquisición, además hay que admitirlo e ingresarlo al ISP para poder utilizarlo, añadió.

Una cuota de desazón también es la que tiene la madre de Tomás, al notar cómo pasan los días y no logran tener una respuesta favorable a su requerimiento. "Se supone que al día 100 después del trasplante debiese ser una fecha ideal, no es mucho tiempo lo que nos queda", lamentó.

El integrante de la comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán, ha estado apoyando a la familia de Tomás en las últimas semanas en este cruzada por poder acceder al medicamento.

En ese sentido, el parlamentario señaló que "todos los equipos médicos del Hospital Luis Calvo Mackena, indican que debe suministrarse el medicamento al día 100 de realizado el trasplante y esa indicación fue dada a conocer el mes de julio. Sin embargo, ahora el Ministerio de Salud respondió en forma inexplicable, cuestionando a los médicos tratantes de Tomás y pidiendo nuevos informes sobre la validez del medicamento y cuestionando la recomendación, porque ese medicamento actualmente no está ingresado al Instituto de Salud Pública. Es inaceptable que un Ministerio esté presionando a profesionales que sólo quieren velar y salvar la vida del pequeño. Una cosa es que se diga que no existen los recursos por parte del Estado, pero una cosa muy distinta es amedrentar a los médicos o acusarlos de irregulares en los informes médicos".

Trabajadores de IP y CFT en paro por sueldos impagos hace 3 meses

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Un paro nacional indefinido, que incluye a las sedes Quillota y San Antonio, iniciaron trabajadores del IP y CFT Los Lagos, debido al no pago de remuneraciones. Todo esto en medio de la crisis que vive la institución, que mantiene al alumnado sin clases y su vinculación con el "Caso Convenios".

Tanto el IP como el CFT se los adjudicó la Corporación Kimün, investigada por el traspaso de $1.200 millones por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, para luego venderlas a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, presidida por Diego Ancalao, quien está en prisión preventiva, acusado de fraude al fisco, lavado de activos y estafa.

A través de un comunicado, los funcionarios detallaron que se trata de 200 trabajadores y 300 docentes que no han recibido el pago de sus sueldos hace tres meses, a quienes además se les adeudan sus cotizaciones desde mayo. En ese contexto, lamentaron que "hoy no tenemos respuesta y la incertidumbre es cada vez mayor frente a situación laboral actual y lo que vendrá".

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, indicó que "estamos monitoreando la situación, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo". Desde la Superintendencia de Educación Superior detallaron que se solicitó al ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del IP Los Lagos el pasado 12 de septiembre y del CFT, el día 20 de este mes.