La ministra de "La mujer y Equidad de Género", Antonia Orellana, a raíz de la violencia del "Seba" en contra de la "Coni", participantes del reality "Gran Hermano", manifestó su crítica, citando el convenio 190 de la OIT, incluso manifestó que oficiaría al CNTV (Consejo Nacional de Televisión) para hacer notar la queja y le ofreció ayuda y apoyo, por si la "Coni" lo necesitara...

Pero silencio total, no dijo nada, no hubo condena, ni ofreció apoyo, etcétera, la misma ministra Antonia Orellana, cuando la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthey fue amenazada que sería fusilada por una persona, debido a su opinión en relación al proceso constitucional...

Por todo lo anterior, sería muy oportuno que la ministra Orellana, explicitara, cuál es su criterio comunicacional, qué define su "agenda de preocupaciones de género", para que las mujeres chilenas sepan desde ya, si tuvieran la desgracia de sufrir algún abuso...

¿Cuáles son los requisitos que requieren cumplir, para poder tener o no tener, el apoyo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género...?

¿Ministra Orellana, le preocupan todas las mujeres por igual en Chile?

Luis Enrique Soler Milla

Pareciera ser que el garantismo exacerbado no es propio solo del Poder Judicial, lamentablemente también es parte del poder Ejecutivo y del Legislativo, con esto quiero hacer eco de las palabras de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthey, quien dice se ha detenido, y no solo una vez, a una banda criminal integrada por más de 70 delincuentes motochorros, y de ellos menos de un 10% ha quedado en prisión preventiva, es decir, minutos u horas después de su detención, vuelven al mismo lugar con nuevas motos y a continuar con su escalada delictual.

Sabido es que el robo por sorpresa o lanzazo no tiene una pena alta, oscila entre los 541 días a 5 años, y que por lo mismo ni un 10% queda en prisión preventiva, ahora incide el hecho que cuando los motochorros u otros lanzas actúan no ocurre violencia ni intimidación, cosa que pongo en duda, por lo mismo la solución pasa en estos casos por elevar las penas y que ella sea efectiva, y lo segundo es que ese tipo de delincuentes y que casi en un 100% son venezolanos sean expulsados del país, y sin posibilidad de recursos y que generalmente terminan en anular la resolución expulsiva.

El garantismo de los tres poderes del Estado, provoca que la delincuencia siga creciendo, que los motochorros actúen sobre seguro y sabedores que su libertad será inmediata, ante ello debe haber una reacción del Ejecutivo y si no es así, una moción parlamentaria, que permita ajustar o elevar penas a delitos de permanente ocurrencia, y posibilitar para algunos de ellos expulsión inmediata, solo así, el Estado como tal ganará esta guerra, caso contrario los vencedores serán los que tanto daño provocan y que perturban la vida de casi todos los chilenos.

Alberto Contreras Silva