Francisca Palma Schiller

No solo el agua se ha convertido en un problema para los vecinos de Laguna Verde, también la luz.

Lo anterior porque al no tener energía eléctrica de forma legal, se ha generado la proliferación de revendedores ilegales, cuestión que ha despertado la preocupación de la comunidad, quienes dicen estar viviendo bajo el control del que denominan "cartel de la luz".

Es que junto con pagar costos altísimos para poder acceder a este recurso, los vecinos aseguran que la situación es un riesgo inminente: al no contar con instalaciones realizadas de manera legal y segura, los cortes son constantes, por lo que temen también la generación de incendios.

En ese complejo contexto, desde Laguna Verde solo piden que las autoridades medien con los organismos y empresas competentes para que el servicio pueda llegar a la zona de forma correcta.

"Nosotros vemos que aquí hay un cartel que protege a los revendedores para que no nos conectemos con Chilquinta y ellos sigan ganando plata. Cobran un millón y medio de pesos la conexión, mientras Chilquinta cobra 190 mil pesos y con facilidades de seis meses de pago, al igual que el kilowatt: nos venden a 250 pesos y Chilquinta solo cobra 67 pesos", detalla uno de los vecinos afectados por esta situación, quien por razones obvias, prefiere mantenerse en el anonimato por su seguridad, ya que asegura que quienes revenden son "personas condenadas, con medidas cautelares. Algunos andan incluso con tobillera".

Sobre el modus operandi, el denunciante explica que "pasan los cables entre medio de árboles y eso con el viento produce roses, produce incendios, sobre todo en el verano, porque claramente no tienen una secuencia permitida por SEC. Estos revendedores no te hacen contrato, tampoco pagan los impuestos al SII de la ganancia de este servicio, no dan boleta, por lo tanto, están también estafando al Estado".

En medio de este caos, el afectado pide retomar un trabajo que comenzó hace siete años y que justamente dice relación con la llegada de la luz de manera idónea.

"Este proyecto -de instalar luz de forma legal- se echó a andar hace siete años y solo tenemos 450 familias instaladas, siendo que estamos pidiendo tener más de diez mil clientes más, pero no avanza, ¿por qué?", cuestiona.

Existen riesgos

Desde una mirada experta, corroborando los temores de los vecinos, el doctor Pedro Escárate, académico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCV, aseguró que el principal problema de este caso es que "por lo general este tipo de conexiones están fuera de norma, pues no cuentan con los sistemas de protección adecuados para proteger estas conexiones ante cortocircuitos que pueden producir calentamiento de los conductores y por lo tanto, provocar incendios".

Junto con lo anterior, añade el profesional, estas instalaciones son también peligrosas "pues por lo general tampoco cuentan con protecciones diferenciales que protegen a las personas de descargas eléctricas, dado que en algunos de estos casos se usa una conexión de tipo domiciliaria para alimentar varias fuentes de consumo".

Reconocen el problema

Consultadas a las autoridades competentes del área, la seremi de Energía, Arife Mansur, reconoció la problemática del sector: "Sabemos que en la zona de Laguna Verde habitan muchas familias y que un número importante de ellas no cuenta con suministro eléctrico de calidad y seguro, lo que ha traído consigo la aparición de revendedores de energía eléctrica, quienes cobran elevados montos de dinero para entregar electricidad, muchas veces de manera insegura y de manera intermitente", declaró.

Por ello, asegura la autoridad, "hemos estado en coordinación con la empresa Chilquinta, que ha extendido sus redes eléctricas en la zona, específicamente hacia el sector del faro Curaumilla, permitiendo que varios hogares se puedan conectar".

Sin perjuicio de lo anterior, agrega la seremi, "aún hay familias que están más alejadas de las líneas eléctricas, a las que el servicio no puede llegar todavía por distintas barreras administrativas y legales, por lo que estamos trabajando con distintos organismos públicos locales para resolverlas, de modo tal que todas las personas del sector tengan acceso a un suministro eléctrico seguro y de calidad".

Este último diagnóstico fue compartido por la municipalidad, lugar desde donde indicaron que "el delegado municipal de Laguna Verde, Cristian Moya, junto a la concejala Carla Sánchez asistieron a una reunión con Chilquinta para exponer la necesidad de los vecinos de la parte alta de Laguna Verde", sin embargo la respuesta no fue alentadora, ya que "se dificulta esta posibilidad porque estos caminos aún no son un bien nacional de uso público".

Por otro lado, pese a los esfuerzos, desde SEC no se refirieron a este tema.