Francisca Palma Schiller

Según un catastro levantado por el municipio de Valparaíso, 250 vehículos se encuentran abandonados en distintos puntos de la ciudad, una cifra no menor que ha despertado la necesidad de generar acciones para su control.

Comprendiendo la necesidad de efectuar acciones concretas, el equipo de fiscalización municipal ya se encuentra llevando a cabo operativos de retiro de estos automóviles con el objetivo de mantener despejados y limpios los espacios públicos de la comuna.

De esta manera, el operativo que comenzó a fines de agosto ya tiene sus primeros frutos: a la fecha, se han retirado 23 vehículos focalizados, principalmente, en Cumming, Barón, Placeres, Camino Cintura y Yerbas Buenas.

Sobre estas labores, Pedro Jorquera, encargado del departamento de Fiscalización, explicó que "durante cada domingo de septiembre, hemos desplegado un trabajo de fiscalización que nos permita ir retirando vehículos que se encuentran en estado de abandono por distintos sectores con la finalidad de mantener calles y veredas despejadas para el libre y correcto tránsito de los vecinos de la ciudad".

Punto DE INSEGURIDAD

Por su parte, el alcalde Jorge Sharp valoró estas labores comentando que "los vehículos abandonados se convierten en epicentro de incivilidades e inseguridad para vecinos y vecinas, por ello, mediante nuestros equipos de fiscalización, nos enfocamos en mantener estas labores de retiro, que nos permiten limpiar, despejar y ordenar las calles de la ciudad, desde el plan hasta los cerros".

Finalmente, el concejal Vladimir Valenzuela, apeló al deber de los propietarios con sus vehículos.

"Es importante hacer un llamado a los dueños de los automóviles que se encuentran estacionados o abandonados en la vía pública a que se hagan responsables de una vez por todas", aseveró.

Cabe indicar que según proyecciones del municipio, se espera que durante lo que resta de año y el primer semestre del próximo se retiren los 250 vehículos que se encuentran dentro del catastro.

Resguardar la salud y seguridad de los habitantes de Quintero y Puchuncaví además de entregar recomendaciones a establecimientos educacionales sobre el cuidado de sus redes internas, fue el objetivo de los operativos de limpieza que impulsó el delegado presidencial, Alejandro Villa con el apoyo de equipos de Esval.

"Buscamos reducir cualquier afectación que se pueda generar a partir de la acumulación de material orgánico en las cámaras desgrasadoras, de manera de evitar esta situación de molestia en los alumnos y la comunidad escolar en general. En una segunda etapa realizaremos una fiscalización a fines de octubre y comienzos de noviembre, para evaluar si es necesario hacer una segunda limpieza para lo que resta del año escolar", planteó Villa.

En uno de los operativos en la escuela rural "Juan José Tortel", de Valle Alegre, el subgerente zonal (s) de Esval, Alejandro Pérez, explicó que akl igual que el año pasado, "estamos colaborando con esta iniciativa de la autoridad presidencial, en coordinación con la Seremi de Salud y la SISS, para apoyar a los recintos educativos de la zona con inspecciones especiales, que buscan determinar el estado de mantención de sus instalaciones interiores.

Prácticamente un mes ha pasado desde que el Juzgada de Garantía de Viña del Mar ordenara el desalojo de una toma ubicada en la parte alta de Chorrillos. Allí, las familias se encuentran agrupadas en los comités Árbol Grande y Los Boldos.

La orden de desalojo fue hecha con un plazo de cinco días para que las entidades correspondientes dieran respuesta a lo dispuesto, pero hasta el momento no hay fecha concreta para que la desocupación ocurra. La empresa constructora DLP S.A. aseguró que ha hecho todas las coordinaciones necesarias, pero que aún así no se les han entregado plazos claros.

Mediante una declaración, la empresa sostuvo que "nos hemos reunido con diferentes autoridades y entidades que instruye el Juzgado de Garantía de Viña del Mar en su fallo para realizar la adecuada coordinación, con el propósito de materializar el desalojo de una manera razonable para los involucrados. Hasta hoy, no se ha establecido una fecha para el procedimiento".

Junto con lo anterior, señalaron que el desalojo del predio se hace necesario para, junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desarrollar un proyecto de viviendas sociales. El director regional de Serviu señaló que es el municipio el llamado a coordinar. Hasta el cierre de esta edición, ni desde la municipalidad ni la Delegación Presidencial Regional respondieron a nuestras consultas.