En medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva, propiedad del la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, ambos RD; y la seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces liderada por el exjefe de gabinete de ella Carlos Contreras, del mismo partido, ayer se reveló que el fiscal a cargo del caso pidió alzar el secreto bancario de la parlamentaria.

Según consignó La Tercera, el persecutor pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta levantar el secreto bancario de Andrade, Contreras y Pérez debido a la investigación "de los posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco" en los que habrían incurrido.

Esta solicitud se basa en los "vínculos de amistad, sentimentales, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática", según decía el texto presentado.

En el caso de la diputada, y pese a un informe de la PDI que sugiere un posible tráfico de influencias de su parte y al testimonio que dio el secretario general de RD, Edson Dettoni, quien dijo que ella conocía del convenio desde 2022, Pérez ha reiterado que no está involucrada. Esta situación llevó el jueves a la bancada de diputados RN pedir que el CDE interponga acciones legales en su contra.

El Instituto de Salud Público instruyó ayer el retiro de todos los loteos vigentes de productos de laboratorio Sanderson fabricados antes del 13 de enero del 2023 debido a una "contaminación microbiológica".

"Este retiro masivo se enmarca en el proceso de estudio por brote del complejo burkholderia cepacia en distintos centros hospitalarios del país" señalaron desde la institución.

A su vez se ordenó mantener en cuarentena todos los productos elaborados con posterioridad a esa fecha y se señaló que se llegó a estos resultados a través de test de esterilidad realizado a estos productos farmeceúticos.