Leo Riquelme

Las personas que admiten padecer de un alto temor a ser víctimas de la delincuencia llegó al 30,5% en septiembre, el nivel más alto desde que se consulta en la encuesta de la fundación Paz Ciudadana. Esto mientras el 36,6% de los hogares nacionales dice que ha sufrido un delito en los últimos seis meses, el mayor dato desde el 40,6% de 2019.

De acuerdo al estudio, aplicado a 1.863 personas de todo el país, la preocupación es 2,5 puntos mayor que la expresada hace un año y está 10 puntos por encima de la documentada en 2021.

Según la encuesta, el 73% dice que ha dejado de salir a determinadas horas; el 73% ha dejado de usar artículos de valor en público; el 72% ha dejado de ir a ciertos lugares; el 69% se ha puesto de acuerdo con sus vecinos para ayudarse; un 65% ha reforzado la seguridad de su casa; el 60% ha cambiado su ruta habitual a otras más concurridas; y un 56% admite que envía su ubicación a personas cercanas para su monitoreo.

"Es preocupante porque la inseguridad afecta el comportamiento de las familias, impidiéndoles disfrutar de beneficios que la ciudad ofrece", dijo el director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson.

La encuesta también reveló un aumento de las familias con bastante o mucha confianza en Carabineros y la PDI de 5 puntos porcentuales, alcanzando un 55% y un 65% respectivamente, consolidando la recuperación que han mostrado ambas instituciones en los últimos años. Pese a ello, sólo el 52,8% de los hogares que dicen haber sido víctimas de los delitos lo ha denunciado. Esto podría entenderse porque instituciones como la fiscalía sólo obtiene una nota de 2,7 y los tribunales un 3,0, en un máximo de 7,0. El Gobierno sacó un 3,2 y los parlamentarios fueron los peor evaluados, con un 2,2.

Antes de volar a China, el Presidente Gabriel Boric afirmó que en su administración se ha "logrado contener el alza de los homicidios y hemos encauzado institucionalmente la crisis de seguridad que recibimos" y destacó las inversiones en seguridad, que calificó como "la mayor en los últimos años".

Un condenable hecho de maltrato animal se registró ayer en Viña del Mar.

Según develan las condenables imágenes ampliamente difundidas en redes sociales, un vecino golpeó en diversas oportunidades a su mascota, un perro de tamaño pequeño, al interior de un condominio ubicado en Santa Julia.

Tras conocer de estos hechos, desde el municipio activaron una serie de acciones tales como la interposición de una denuncia y la coordinación con PDI.

"La Unidad de Tenencia Responsable del municipio, al tomar conocimiento de la situación, concurrió al domicilio para evaluar a la mascota y a través de la dirección Jurídica decidimos interponer una denuncia ante los organismos correspondientes para que este actuar no quede impune. Además, como municipalidad estamos coordinando las acciones con la PDI quien tomó el caso y también se dirigió al lugar", declararon desde el municipio.

A lo anterior, recalcaron que el compromiso "con el cuidado de los animales de compañía es claro", por lo mismo, "hemos impulsado el trabajo que desarrollan los equipos veterinarios de la municipalidad. Haciendo esterilizaciones masivas, en números históricos para la ciudad, acompañando a las organizaciones y personas que han necesitado ayuda ante casos no tolerables de maltrato".

Con múltiples hematomas y dolor fue llevado a un centro asistencia el conductor de un camión repartidor de pollos, quien fue golpeado y secuestrado cuando repartía cajas con la mercadería en avenida Lo Espejo. Según su versión, cerca de las 6.00 horas unos delincuentes lo bajaron de la máquina, lo subieron a una camioneta y lo abandonaron en un sitio que no logró identificar. Pasadas las 8.00 horas, vecinos de Quinta Normal llamaron a Carabineros denunciando el movimiento sospechoso de cajas con pollos faenados desde una casa, por lo que los uniformados concurrieron, encontraron la mercancía avaluada por la víctima en 8 millones de pesos y detuvieron a cuatro personas.

Una mujer de 27 años que tenía antecedentes policiales por hurto, amenazas y lesiones leves fue detenida en Puerto Aysén por detectives de la Brigada contra el Cibercrimen de la PDI, quienes identificaron que abusaba sexualmente de un menor de 15 años. Los funcionarios le descubrieron en su celular tres archivos de video con material pornográfico de la víctima, a quien grababa para luego subir los registros a una plataforma de contenido sexual adulto en la que cobraba una suscripción para su visualización. "Fue detenida en flagrancia y se le incautó el equipo móvil", comentó el subprefecto Roberto Arriagada, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitano. El tribunal dejó a la imputada en libertad mientras dura la investigación y con prohibición de acercarse al menor.