Francisca Palma Schiller

Luego de la dura batalla que emprendieron los funcionarios de la salud de Viña del Mar a principios de este año, la millonaria deuda que mantiene la municipalidad con los trabajadores volvió a salir a la luz pública esta semana.

Sumidos en la incertidumbre, desde la Asociación de Funcionarios (AFAPS) indicaron que las fechas tentativas para el posible pago de la cuantiosa deuda previsional -cerca de 5 mil millones de pesos- a propósito de un posible Leaseback, no se han cumplido y, a juicio de los socios, "no podemos seguir esperando".

"Venimos a solicitar el pago de la deuda que tiene la Corporación Municipal de Viña del Mar con los trabajadores de salud APS correspondiente a cotización obligatoria de salud y cotización previsional", comienza el documento emanado por la asociación al administrador municipal, Erick Layana.

"Cabe destacar que a raíz de la crisis vivida en noviembre-diciembre del 2022, la municipalidad y CMVM plasmaron compromisos con los trabajadores de salud APS con fechas tentativas a pagar al mes de abril 2023 según carta Gantt. Este pago aún no se cumple llevando a los trabajadores a altos grados de paciencia", añade la carta.

Asegurando que no quieren "terminar el año en conflicto", el llamado de los trabajadores es claro: "Es necesario que el municipio se haga cargo de los compromisos pactados y debe cumplir con esta obligación ahora".

"Si el segundo proceso del Leaseback se declara desierto (esperamos que no sea así), los trabajadores no podemos esperar un trato directo y seguir acumulando daño, por lo cual exigimos que la deuda se salde con recursos municipales con proyección de mantención de pagos al día", insisten.

Escenarios

Fernando Kursan, dirigente de la Federación V Región Confusam y AFAPS Viña del Mar, anunció que ya existirían coordinaciones en curso para tomar medidas concretas ante los incumplimientos del municipio. "Acá hay una falta a las propias palabras que ellos han propuesto y manifestado", sostuvo.

"Nos estamos poniendo de acuerdo para tomar medidas más concretas; iniciamos este miércoles una movilización con los socios para efectos de generar un ambiente de molestia, ahora viene el proceso de conversación con los demás gremios y por lo mismo, es muy probable que durante las próximas jornadas existan escenarios de movilización y nombres de ciertas autoridades que, en base a la poca agilidad y mal proceso de administración, no pueden seguir en el cargo, ya que alguien tiene que poner la cabeza por tantos errores", arremetió el dirigente.

Sobre el por qué las fechas no se habrían cumplido, desde el municipio aseguraron que se debió al ciberataque que recibió el portal de Mercado Público en septiembre, cuestión que habría obligado a extender la fecha de cierre del Leaseback. "El funcionamiento intermitente de la plataforma retrasó la subida de preguntas por los oferentes y ha dificultado la subida y descarga de archivos solicitados en dichas preguntas, por lo que la extensión del plazo de cierre busca dar todas las facilidades posibles para que los oferentes estudien los documentos y antecedentes y puedan cargar sus ofertas sin problemas externos", declararon desde la administración. Sin perjuicio de esto, añadieron, "seguimos trabajando arduamente para cerrar con éxito este proceso y lograr la tan anhelada solución a la problemática financiera estructural de la Corporación que se arrastra hace más de 15 años".

En noviembre se espera pueda constituirse la comisión investigadora que abordará el problema de los socavones de Cochoa y de otros puntos del país. La instancia solicitada por los diputados PS, Tomás de Rementería y Danisa Astudillo debiera constituirse prontamente y a ella se espera sean citados los ministros de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo y el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería.

"Esperamos que rápidamente se constituya la comisión investigadora que nosotros constituimos,que fue aprobada por la sala de la Cámara y esperamos que prontamente tengamos esta funcionando y saber las responsabilidades", planteó el diputado por el distrito 7 al tiempo que anunció el envío de un oficio a la delegación presidencial para que se refuercen las medidas de seguridad en el área.

En este sentido y en medio del complejo escenario que enfrenta tras conocerse de los masivos robos en los edificios evacuados en la "zona cero", la delegada presidencial Sofía González confirmó ayer que se repondrá el servicio eléctrico a los edificios para poder activar cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad.

Asimismo, Carabineros dispondrá de personal de caballería para resguardar el sector de las dunas.

"Contamos con la posibilidad de energizar algunos de los edificios dado que Chilquinta tiene la capacidad técnica y ya ha logrado mejorar las condiciones de la electrificación", informó la delegada.

Respecto de los cobros de servicios, la autoridad manifestó que inmediatamente conocida esta situación tomaron contacto con las empresas y estas habrían evidenciado que existía un error y que los servicios no van a ser cobrados "considerando que no está en uso desde el día uno de esta emergencia", acotó González.

Por su parte, el Jefe de la V Zona de Valparaíso de Carabineros, general Edgard Jofré comunicó que a contar de ayer se incorporó al dispositivo de seguridad, una pareja de efectivos montados.

"Pudimos incorporar una pareja de Carabineros montados por la duna, además, logramos ser acompañados con drones del municipio, con drones de la delegación que están volando durante las 24 horas justamente para detectar aquellos lugares que no son visibles por el crabinero y aquellos lugares por el cual el carabinero no puede llegar", precisó la máxima autoridad de la policía uniformada en la zona.

48 departamentos fueron vulnerados en la llamada "zona cero" de los socavones de Cochoa.