Mirian Mondaca Herrera

"El día de hoy nos encontramos ante ustedes para denunciar la indiferencia, la ineptitud y las arbitrariedades de las que hemos sido víctimas (...)". Con esas duras palabras Ruth Vásquez, integrante del comité Villa Dulce 2000, inició su intervención de casi ocho minutos en la sesión del Concejo de Municipal de Viña del Mar el pasado martes 17 de octubre, en la cual leyó una extensa declaración en la cual estos vecinos y vecinas agrupados expresaron su molestia, ya que el proyecto de viviendas sociales que se busca emplazar en un terreno que adquirieron para ese efecto no avanza.

Cabe recordar que el proyecto denominado "Altos de Viña" se mantiene con una prórroga en el incio de sus obras debido a requerimientos ambientales. Precisamente ahora está en tramitación un recurso de protección presentado por miembros de grupos ambientalistas, quienes alegan que existe un humedal en ese lugar. Además, el municipio elevó una solicitud al ministerio del Medio Ambiente -que fue declarada admisible en julio pasado- para que se reconozca el humedal urbano "Entre Cerros" en ese lugar.

En su declaración, el comité realizó serias acusaciones contra la alcaldesa Macarena Ripamonti, señalando que buscaría realizar una "expropiación encubierta" del terreno, para lo cual sostuvieron que habría presentado documentos falsos ante el ministerio. Además, señalaron que al menos dos de los activistas miembros de la agrupación "Entre Cerros", que desarrolla un proyecto medioambiental financiado con el fondo del Gobierno Regional del 8% en el lugar, reciben honorarios del municipio.

Justamente para que se investiguen las eventuales irregularidades que acusan, y que podrían constituir delitos, el comité acudió a Fiscalía. Consultados al respecto, desde el ente persecutor confirmaron a nuestro medio que se recepcionó la denuncia y que se inició una investigación por el delito de usurpación de propiedad.

Crítico con la postura de la alcaldía, el concejal DC, René Lues, se refirió a algunas palabras de Ripamonti pronunciadas tras le intervención de Vásquez en la sesión. En esa línea, el concejal expresó que "frente a las dirigentas del comité y el Concejo Municipal, la alcaldesa, haciendo gala de un nivel de hipocresía que yo no conocía, señaló que el Serviu era el responsable de la demora en construir el proyecto de 160 viviendas sociales del comité Villa Dulce 2000, pero eso es absolutamente falso, pues la postergación se debe a dos hechos, el primero un recurso de protección presentado ante la justicia por parte del grupo ecológico Entre Cerros, en el que el municipio solicitó a la Corte ordenar la prohibición de ejecutar cualquier tipo de obra referida al proyecto, en tanto no cuente calificación ambiental favorable (...) el segundo, es que la alcaldesa presentó en julio de este año el humedal Entre Cerros y el Ministerio de Medio Ambiente lo acogió a tramitación (...)".

Frente al duro emplazamiento del comité, desde el municipio señalaron -mediante un comunicado- que "como municipio hemos tenido diversas reuniones, estamos prestando nuestra ayuda al Ministerio de Vivienda y de Medioambiente para destrabar un conflicto que data de 23 años. Deseamos que se construyan las viviendas y que se respete el ecosistema del lugar (...)".

Katherine Salcedo, directora ejecutiva de la fundación Adultos Mayores Chile, que se adjudicó la ejecución del polémico proyecto medioambiental con la agrupación Entre Cerros, justificó la participación de la entidad que encabeza. Junto con señalar que desde el 2018 han trabajado en distintas comunas de la región, entre ellas Viña del Mar, remarcó que el proyecto que se desarrollará en el terreno en cuestión considera la implementación de senderos de trekking, en los cuales se considera la participación de adultos mayores, por lo que se trata de una iniciativa intergeneracional. "Es un proyecto que está focalizado en lo que tiene que ver el envejecimiento activo, participativo de las personas mayores de toda la comunidad y también cuidar el medio ambiente, por eso a nosotros nos hizo sentido hacer esta alianza colaborativa y presentar este proyecto en conjunto", finalizó la directora ejecutiva.

A la pena de 15 años de persidio mayor en grado máximo fue condenado Eduardo Quintanilla Guerra, por el femicidio de su pareja Maylin Guevara Guvera, crimen ocurrido en Quilpué en 2021. La lectura de sentencia fue realizada ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, donde se realizó el juicio que comenzo el pasado martes 10 de octubre.

De esta manera, Quintanilla Guerra fue condenado a la pena mínima establecida en la legislación chilena para el delito de femicidio, como corroboró la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia. "Esto es 15 años y un día de presidio mayor en grado máximo, con cumplimiento efectivo", añadió.

La persecutora además adelantó que tras esta decisión del tribunal viñamarino, "la Fiscalía revisará la sentencia cuando se nos envíe de manera íntegra para ver las razones que tuvo el tribunal para imponer esta sentencia, que en todo caso está ajustada a la normativa legal".