Leo Riquelme

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo ayer a cinco personas, incluidos cuatro funcionarios activos del Ejército, como sospechosos de dedicarse a la venta de material de la institución, incluidos tres lanzacotehes.

De acuerdo a lo reportado ayer, un detective encubierto contactó por internet a un miembro de la banda, quien ofrecía a través del sistema de compra venta de Facebook, Marketplace, un lanzacohetes.

El subcomisario de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico), Juan Pardo, contó que detuvieron al vendedor, quien era el único civil del grupo y que habia recibido el arsenal supuestamente por los militares.

De acuerdo a la indagatoria, pedían 2,5 millones de pesos por el lanzacohetes, de los cuales él iba a recibir un millón.

En la detención de los cinco sospechosos se incautaron tres lanzacohetes modelo AT4, dos escopetas de diversos calibres, una pistola glock con dos cargadores y municiones.

El subcomisario de la Brigada especializada en desactivación de artefactos explosivos y contra amenazas (Tedax), Roberto Manriquez, explicó que los lanzacohetes son de origen sueco, con calibre de 84 mm, capaz de darle a un tanque o a un vehículo blindado a a 300 metros de distancia.

"Puede atravesar hasta 500 mm de blindaje, es decir, medio metro (...) Cualquier persona no podría utilizarlo (...) De fábrica se dice que es de un solo uso, pero eso no lo podemos corroborar a falta de un estudio técnico", dijo el oficial.

El Ejército rechazó a través de un comunicado "enérgicamente cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito, así como aquellas que vulneran el ordenamiento legal y la reglamentación vigente".

Junto a lo anterior, la institución admitió que el equipo exhibido era de su propiedad, pero aseguró que correspondía a material que estaba "en desuso, percutado y no activo".

El tribunal dejó a tres en prisión preventiva y a dos con arresto domiciliario.

El tribunal de garantía de Illapel terminó de formalizar durante la noche del jueves a los cuatro detenidos por el secuestro de un adolescente de 16 años, quien fue rescatado por la PDI luego de 30 horas de captura desde una vivienda en Pichidangui.

Los dos mayores de edad implicados quedaron en prisión preventiva, mientras que para los menores se dispuso la internación provisaria en un centro cerrado y el arresto domiciliario nocturno.

En la audiencia se reveló que en la operación de secuestro fue clave una expolola del muchacho afectado, con quien mantenía contacto a través de redes sociales.

De acuerdo a la indagatoria de la Policía de Investigaciones, la muchacha lo habría convocado para que se juntaran en una plaza de esta comuna de la Región de Coquimbo, desde donde fue secuestrado.

"Ella planeó que fuera y ahí lo estaban esperando los dos tipos que, creo, son de Quilimarí y uno de ellos es la pareja actual de esta niña illapelina", relató el padre de la víctima, el empresario Juan Salvador Sabed.

El fiscal Andrés Villalobos dijo que presos y la menor en internación provisoria serían quienes "participan de manera activa en la planificación de este delito (...) y la cuarta persona, una adolescente de 16 años, el tribunal rechazó la internación provisoria pedida aduciendo que su participación no era inmediata en la planificación de los hechos, pese a que estaba presente".

Una panadería de calle Toro Mazote, en Estación Central, recibió una decena de balazos durante la madrugada de ayer, cuando se encontraba cerrada y sin ocupantes. Su dueño aseguró que poco después del tiroteo percutado por una pareja en moto recibió un mensaje de amenaza a él, a su familia y trabajadores asegurándole que si no les pagaba 100 millones de pesos a modo de "protección" iban a resultar heridos.

El comerciante, un ciudadano venezolano, contó hace unos ocho meses había recibido un pedido similar, pero en que la exigencia de por 40 mil dólares, los que descartó pagar.

"Yo pensé que me habían dejado de molestar", relató a los medios.

Carabineros confirmó que en esa oportunidad el comerciante interpuso una denuncia. Ayer, tras el baleo, el mensaje lo recibió a través de un mensaje de voz por Whatsapp.

En esa misma calle otro negocio sufrió un ataque similar hace dos semanas, ocasión en que el afectado recibió una amenaza y extorsión pero a través de un papel dejado afuera.

El jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico) de la PDI, Juan Pardo, dijo ayer que junto a la Fiscalía investigan "varios casos más con la misma dinámica".

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, le solicitó al Gobierno un plan específico para esa comuna, dadas sus características de alta población flotante y migrantes.