Mirian Mondaca Herrera

Como un gigante dormido, a la espera de volver a despertar y llenarse otra vez de las risas de cientos de estudiantes en sus pasillos, se encuentra el histórico edificio de la escuela Ramón Barros Luco, en el centro de Valparaíso. Son más de 13 años, y contando, los que este recinto educacional se ha mantenido inutilizable producto de los daños sufridos a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Esta más de una década sin uso ha propiciado un evidente abandono de sus instalaciones y, con ello, la generación de un foco de inseguridad también en las inmediaciones de calle Víctoria y Morris.

Hechos delictivos se han registrado en esa zona por montones en todos estos años.A ello, se suma la ocupación irregular del inmueble que personas han realizado y que ha estado acompañado de destrozos.

Después de meses de gestiones para poder intervenir el recinto, ayer funcionarios de mantenimiento del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) llegaron hasta el lugar, en compañía de Carabineros, en favor de un mayor orden y seguridad. Este operativo se gestó en el contexto de la Mesa de Seguridad de la cual es parte la mencionada entidad, el municipio, vecinos y locatarios del sector, entre otros interesados.

"Dentro de las acciones que tomamos, pensando en el resguardo que debemos tener también del inmueble, es que coordinamos con Carabineros el desalojo de las personas que estaban viviendo al interior del espacio. Este martes se encontró a dos personas y se retiraron", detalló Rodrigo Riffo, subdirector de Administración y Finanzas de SLEP Valparaíso.

Tras el retiro de ambas personas, ayer el equipo de mantenimiento comenzó a cerrar el inmueble. "Para eso llegamos con una empresa y bloqueamos entradas, soldamos puertas, una serie de acciones que sabemos que, si bien en el corto plazo tendrán sus efectos positivos, tenemos que estar monitoreándolas porque se volvió un punto de delitos, de hecho, ya hay una gran cantidad de materiales, que estaban dentro, que ya no están", añadió Riffo.

Junto con señalar que este 2023 han trabajado para poder hacerse cargo del recinto de manera formal y, luego, comenzar a construir, el director ejecutivo (s) de SLEP Valparaíso, Daslav Mihovilovic, recalcó que "este es el primero de muchos pasos que faltan para poder tomar control total del recinto, en conjunto con otros organismos estatales. Para que eso pase es fundamental, antes que todo, que el municipio de Valparaíso pueda zanjar los asuntos administrativos pendientes que tiene con el Gobierno Regional (rendiciones), después de lo cual, recién podemos legalmente disponer del espacio para gestionar su reconstrucción".

Dentro de las acciones de corto plazo, junto con otras gestiones que harán actores ligados al espacio, se espera una posible instalación de cámaras de seguridad, más iluminación, entre otras. Además, SLEP coordinó con Carabineros la opción de mayores rondas policiales por el sector.

La presidenta del centro de exalumnas del recinto, Isabel Soto, destacó que "por fin se pudo concretar una de las tareas que tenía pendiente el Servicio Local y que lo veníamos conversando en las Mesas de trabajo. Con esto se puede resguardar el inmueble de vandalismo o delincuencia, proteger también al barrio Almendral.". En tanto, la directora del establecimiento, Viviana Tonini, destacó que el trabajo realizado ayer "nos da una nueva esperanza de que vamos por buen camino y que finalmente vamos a lograr recuperar nuestro edificio. Este cierre lo venimos pidiendo hace mucho tiempo y afortunadamente logramos que se realizara (...)".

En cuarenta días se aumentó el plazo de investigación por el deceso de Mariela Malbrán Cáceres (50) y su hija Camila Lara Malbrán (20), quienes perdieron la vida tras ser atropelladas por un joven de 17 años (B.G.C.O.) el pasado 21 de junio en Quilpué. Aquella tarde ambas salieron a comprar pan a un almacén cercano cuando fueron embestidas por el automóvil manejado sin licencia de conducir por el ahora imputado, el cual pertenecía a su madre.

Así, esta ampliación se suma a los 120 días otorgados por la magistrada del Juzgado de Garantía de Quilpué, María Alejandra Radic en la audiencia de formalización del estudiante de enseñanza media, en junio. "Se amplió la investigación hasta la primera semana de diciembre, porque falta que lleguen algunos informes particularmente, que es el informe de la SIAT, como lo más relevante (...)", indicó el abogado querellante Marco Zamora.

La ampliación del plazo fue recibida por la familia de ambas fallecidas como una oportunidad para que se puedan reunir más antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias en las cuales ocurrió la muerte de ambas aquella tarde en calle Quidora, del sector Pompeya. "Todavía no llega el informe de la SIAT ni el test ese de alcohol tampoco", lamentó Wendy Anabalón Cáceres, hermana de Mariela, quien también planteó dificultades que habrían existido para acceder a imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde se produjo el atropello.

Desde Fiscalía confirmaron a La Estrella que se recepcionó querella el 20 de octubre y se solicitó aumento de plazo por 40 días, para la realización de nuevas diligencias particulares. Estas ya fueron solicitadas.

Cabe recordar que el joven que manejaba el vehículo que atropelló a ambas mujeres fue formalizado por doble cuasidelito de homicidio y se mantiene con arresto domiciliario nocturno. La magistrada Radic dispuso esa medida cautelar en consideración a la pena que arriesga, a que poseía irreprochable conducta anterior y también por su condición de estudiante, ya que así se buscó asegurar que no viera interrumpido su proceso formativo.