Fabiola Ávila - La Estrella de Valparaíso

El próximo 17 de diciembre, todos los ciudadanos mayores de 18 años deberán votar a favor o en contra de la segunda propuesta para una nueva Constitución.

Tras el triunfo de la opción "rechazo" en septiembre pasado, cuando la ciudadanía descartó el texto propuesto por la anterior Convención Constitucional, el actual proceso se estableció en virtud de una reforma constitucional que consideró 3 órganos: el primero fue la Comisión Experta, integrada por 24 personas designadas por los partidos políticos con representación parlamentaria; la segunda, un Consejo Constitucional, elegido del mismo modo que se elige el Senado, más representantes de los pueblos originarios según la participación del padrón electoral respectivo (solo alcanzó a un representante); y finalmente un Comité Técnico de Admisibilidad para decidir -en caso que se planteara una controversia- sobre una de las 12 bases constitucionales que se preestablecieron como principios o reglas que el proceso debía respetar.

La Comisión Experta tenía como tarea elaborar un anteproyecto, el que debía entregar al momento de instalarse el Consejo Constitucional elegido, pero la participación de la Comisión Experta no se reducía a eso, pues podía intervenir como una segunda cámara en la discusión.

Para Javier Valle, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Tarapacá, "la Comisión Experta tenía un rol de segunda cámara. Por esta razón el Consejo debió entregar su proyecto aprobado para las observaciones de la Comisión Experta al cuarto mes desde la instalación de esta, es decir, el 7 de octubre. Estas observaciones debían ser discutidas y aprobadas en la Comisión Experta y podían consistir en modificar, agregar o suprimir normas al proyecto. Estas modificaciones al texto debían ser aprobadas por el Consejo Constitucional, por un quórum de 3/5 o rechazadas por 2/3. Las modificaciones que no alcanzaban los tres quintos, pero tampoco los dos tercios de rechazo, pasaban a una comisión mixta. En esta se requería también 3/5 para que estas propuestas llegaran al Consejo y este se pronunciara".

Con la votación del informe emanado de la Comisión Mixta, que tuvo lugar el lunes 23 de octubre, concluyó el proceso deliberativo. En la Comisión Mixta tuvo lugar la discusión final de las normas que no habían logrado los quórum de aprobación o rechazo que el reglamento exigía. Con esto han quedado consolidados los contenidos del texto del proyecto.

Según el académico, el "proceso constituyente podría entenderse como un ciclo que comenzó con la iniciativa de la Presidenta Bachelet y continuó con el acuerdo de noviembre de 2019 y la discusión que llevó a cabo Convención Constitucional, cuyo producto (el proyecto de Nueva Constitución) fue rechazado el 4 de septiembre del año pasado. En ese sentido más amplio y abstracto, nuestro proceso constituyente cubre un arco temporal de varios años y se encuentra próximo a cerrar su tercera fase".

Finalmente, lo que se obtuvo el 30 de octubre fue la aprobación de la totalidad del proyecto, en una única votación, a través de una mayoría de 3/5 de sus integrantes del Consejo Constitucional, quórum que la derecha política, a través de Republicanos y Chile Vamos, posee desde el 7 de mayo y que les permitió llegar a este texto final aprobado.

Lectura de los expertos

Para el profesor de Derecho Constitucional, abogado y asesor legislativo Paulo Pérez, es necesario hacer una crónica de lo que han sido ambos procesos para entender qué es lo que está en juego en esta segunda versión.

"El primer proceso constitucional fracasó porque fue capturado por un sector político en particular que impuso una visión ideológica en la construcción que, en definitiva, terminó siendo rechazada por un amplio sector de la sociedad más de un 60% y que fracasó porque se pretendió imponer una visión ideológica a la Constitución que no fue producto de un consenso de los distintos sectores de la sociedad chilena. Y ocurre que, en este nuevo proceso, se corre un serio riesgo de que el proyecto sea rechazado porque, efectivamente, el Consejo Constitucional dominado por una mayoría circunstancial de derecha ha pretendido imponer su visión constitucional y no logra el adecuado consenso con las otras fuerzas política de izquierda", sentencia.

Pérez hace un llamado de atención puesto que "las constituciones políticas deben ser producto de amplios consensos en la sociedad, de las distintas fuerzas políticas, porque un elemento de importancia de toda Constitución es su legitimidad y si hay un sector importante del país que no comparte una visión, eso genera serios problemas (…) El Partido Republicano ha introducido cambios a un documento, que parecía bastante aceptable, que fue elaborado por la Comisión de Expertos en que se logran consensos importantes dentro de todos los sectores políticos; aparecía como un proyecto viable, sin embargo, los republicanos han sucumbido a la tentación de la mayoría circunstancial como en el anterior proceso y ha pretendido imponer un texto que no logró consenso con respecto a las demás fuerzas políticas de izquierda fundamentalmente y, por lo tanto, nos encontramos con que el segundo proceso constitucional corre serio riesgo de volver a ser rechazado también".

"Nuestro proceso constituyente cubre un arco temporal de varios años y se encuentra próximo a cerrar su tercera fase".

Javier Valle, abogado constitucionalista